Galli y procedimiento policial en Panguipulli: “Se han aprendido lecciones del pasado en cuanto a ser cautos”

No lo dice directamente, pero el subsecretario del Interior se refiere al caso Catrillanca, donde Carabineros se vio envuelto en un escándalo que terminó arrastrando al Gobierno. Galli es muy crítico de diputada Catalina Pérez (RD), quien, a partir de la muerte del malabarista Francisco Martínez, escribió  que “en Chile la vida de un pobre no vale nada, ¿Cómo quieren que no lo quememos todo?”. “Es lo contrario de lo que se espera de las autoridades políticas. Lo que uno esperaría es un llamado a la paz y no un llamado a quemarlo todo”, afirma.

El lunes, el juez de Garantía Felipe Muñoz Hermosilla ordenó el arresto domiciliario total del sargento segundo Juan González Iturriaga, en el caso del presunto homicidio simple del malabarista Francisco Martínez Romero, quien el viernes 5 de febrero recibió cuatro de los seis tiros disparados por el policía uniformado, en el centro de Panguipulli.

El subsecretario Juan Francisco Galli se trasladó el fin de semana a la ciudad. Respecto de la resolución judicial es cauteloso. Solo dice que no se debe especular aún respecto de las responsabilidades, que los antecedentes son preliminares y que espera que la Fiscalía siga investigando para determinar si en este caso concurren o no los requisitos de la legítima defensa del policía.

Buena parte de Chile Vamos defendió el procedimiento del sargento, pero La Moneda no le entregó un respaldo cerrado y lo dejó en manos de la justicia. ¿Por qué? 

Si creemos en las instituciones, y justamente producto del efecto que tuvo este incidente en un procedimiento policial, que resulta lamentablemente con una persona fallecida, hay que esperar la verdad judicial. Hay que esperar que la Fiscalía investigue y que en los tribunales resuelvan. No especular o no tener una respuesta inmediata dando juicios tajantes. Lo que no se puede presumir es que Carabineros actúa para generar un daño sino que actúa para proteger la seguridad de las personas y solo usa su arma de fuego como último recurso. Eso es justamente lo que tiene que investigar la fiscalía.

Para algunos analistas, el Gobierno aparece más cauto luego de lo ocurrido con el caso Catrillanca.

Se han aprendido lecciones respecto de hechos del pasado en cuanto a ser cautos a esperar las resoluciones judiciales de tal manera de poder tener todos los antecedentes a la vista antes de dar un juicio definitivo.

¿Cuán de acuerdo está usted con quienes piensan que la violencia ha vuelto a la agenda?

Lo que hemos detectado es que cada vez que hay un incidente relacionado con un procedimiento policial, como hemos tenido en el último tiempo, hay algunos que creen que pueden tomarse la justicia por su propia mano y salir a cometer actos de violencia. Ocurrió en Panguipulli, lamentablemente. Como consecuencia de este procedimiento policial hubo personas que consideraron ir a quemar una municipalidad, lo que es totalmente inaceptable. Y además es contrario a las reglas básicas de una democracia y de un Estado de Derecho. Lo que nosotros necesitamos es una opinión transversal que sea contraria a la violencia, que esperemos las resoluciones judiciales para que esto se resuelva y por lo tanto el llamado es a eso.

“En Chile la vida de un pobre no vale nada, ¿Cómo quieren que no lo quememos todos?”, escribió la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, en su cuenta de Twitter.

Las autoridades políticas y particularmente las autoridades que son electas democráticamente tienen que ser especialmente responsables en sus declaraciones. La diputada Pérez, que es presidenta de un partido con representación parlamentaria, utiliza una expresión que, claramente, por cualquier ciudadano y especialmente por sus seguidores, puede ser interpretada como un llamado a quemar, a generar violencia. Y eso es justamente lo contrario de lo que uno espera de sus autoridades políticas. Lo que uno espera es la prudencia, la responsabilidad, el llamado a la paz y no un llamado a quemarlo todo. Y menos aún cuando el verbo se conjuga en primera persona, la propia diputada se hace parte de esos hechos de violencia en una forma retórica que claramente produce un efecto aún más provocador en la ciudadanía.

La ley del control preventivo de identidad ha sido discutida en estos días y algunos sectores de oposición piden derogarla. ¿Existe espacio para cambiar esta ley?

Hay que separar totalmente los hechos. En ningún procedimiento de control preventivo de identidad está permitido el uso de un arma de fuego, que solo se autoriza frente a una amenaza o una agresión. Por lo tanto separaría completamente las cosas. He visto algunos documentos que han circulado respecto de la evaluación que podemos hacer del control preventivo de identidad y ahí yo hago un análisis un poco más grueso: todas las herramientas de que se dota a las policías para proveer seguridad a la ciudadanía deben estar en permanente evaluación. Ahora, desconfío de estas soluciones simples para problemas tan complejos como lo que estamos viviendo. Nada se soluciona con la derogación, esta es una herramienta que tiene y que está a disposición de las policías y que naturalmente podemos evaluar su utilización. Lo peor que podemos hacer es llegar a una solución tan simple como quitarnos esa herramienta que hasta ahora, por lo menos, ha permitido -de acuerdo con los mismos autores- el cumplimiento de casi 100 mil órdenes de detención anuales.