El fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper —quien también indaga los casos ProCultura y Sierra Bella— interrogará este jueves a la ministra de Defensa y el viernes a la senadora PS; ambas en calidad de imputadas tras la querella presentada por un abogado republicano por la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Aunque también ordenó interrogar a la jefa jurídica de la Segpres por el decreto que firmó el Presidente Boric para autorizar la operación, este último aún no ha sido contemplado en las diligencias.
Qué observar. Tras el allanamiento de efectivos de la PDI al Ministerio de Bienes Nacionales realizado el 15 de enero, el fiscal Patricio Cooper citó a declarar a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora PS Isabel Allende, por la fallida operación de venta de la casa del ex Presidente Salvador Allende.
- La declaración de Fernández está prevista para el jueves 23 en la tarde y la de Allende el viernes en la mañana. Ambas declararán en calidad de imputadas en el domicilio que ellas determinen y tienen derecho a guardar silencio si así lo estiman conveniente.
- Ficharon como abogada defensora a la penalista Paula Vial.
- Consultada sobre la citación, Isabel Allende afirmó que estaba preparando su defensa y que “yo pude haberme equivocado” agregando que el caso “no mancha la figura de Salvador Allende”.
- El fiscal está a cargo de indagar si existió algún delito en la venta de la casa de calle Guardia Vieja en Providencia que la familia del ex Mandatario intentó realizar al Estado de Chile por $933 millones con el propósito de crear un museo. Tras las críticas a la operación el gobierno decidió echar pie atrás del contrato.
- Tanto el Partido Republicano como Chile Vamos recurrieron al Tribunal Constitucional para pedir el cese de funciones de la senadora Allende ya que la constitución prohíbe que parlamentarios celebren contratos con el Estado. Este jueves el TC revisará la admisibilidad del primero de los requerimientos.
La querella. La investigación de Fiscalía surge a raíz de una acción judicial de la Fundación Fuerza Ciudadana, ligada al abogado Raimundo Palamara, militante del Partido Republicano, quien presentó el 8 de enero una querella para indagar un eventual delito de fraude al fisco en la operación. Este lunes ingresó además un requerimiento al TC contra Maya Fernández.
- La querella está dirigida contra el Presidente Gabriel Boric y todos quienes resulten responsables. La causa caratulada Fundación Fuerza Ciudadana C/ Gabriel Boric Font fue admitida a trámite por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y derivada al Ministerio Público.
- En el escrito el querellante sostiene que la compra del inmueble fue a favor de una colaboradora directa e inmediata del Presidente como es la ministra de Defensa y que se habría retirado recursos de las arcas fiscales por lo cual el fraude al fisco se encuentra en grado de consumado.
- Solicita entre las diligencias interrogar a los ministros y funcionarios que participaron en la operación y revisar si hubo tasaciones y actos administrativos previos.
Designación de fiscal. Aunque la causa quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte, que lidera el fiscal Xavier Armendáriz, el fiscal nacional Ángel Valencia resolvió traspasar la investigación al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
- Valencia hizo uso de facultades excepcionales que le otorga la ley para disponer que un fiscal regional asuma un caso “por su gravedad o por la complejidad de su investigación”. Asimismo podrá designar un fiscal de un territorio distinto a donde se hubieren perpetrado los hechos “cuando la necesidad de operar en varias regiones así lo exigiere”.
- Cooper es un nombre conocido en el oficialismo por las causas que le ha traspasado el fiscal Valencia y que son de alta sensibilidad para los partidos de gobierno.
- Es quien ha llevado las investigaciones sobre el Caso Sierra Bella, la compra del inmueble -y posterior desestimiento- por $8.200 millones que realizó la Municipalidad de Santiago bajo la administración de la alcaldesa Irací Hassler (PC), donde se indagó un eventual sobreprecio del terreno. En ese caso no hay formalizados.
- También se le asignó en junio de 2024 el caso ProCultura, la fundación liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, que registra numerosos convenios con el Estado. La velocidad con que Cooper tramita esa causa, ha sido cuestionada tras revelarse un informe policial reservado que indicaba transferencias de dinero de la ex pareja de Boric, Irina Karamanos a esa fundación. También conversaciones por WhatsApp entre Larraín y el gobernador de Magallanes Jorge Flies donde lo presionaba para acelerar convenios citando supuestas conversaciones con el Boric.
- Sólo tras conocerse estos antecedentes, el fiscal citó a declarar como imputada a Karamanos. En la causa no hay formalizados.
¿Declaración de Boric? Entre las diligencias decretadas por Cooper por la compra de la casa de Allende no se ha informado hasta el minuto si se enviará un cuestionario al Presidente.
- Boric firmó el 25 de noviembre de 2024 un decreto que autoriza la adquisición del inmueble de Guardia Vieja para el fisco de Chile.
- El documento señala textual que el recinto “es de propiedad de doña Carmen Paz Allende Bussi, educadora de párvulos; María Isabel Allende Bussi, socióloga; Maya Alejandra Fernández Allende, médica veterinaria; y Alejandro Salvador Fernández Allende”.
- Se establece el precio de compra en 24.291 UF y que el pago del precio a los vendedores se realizará a la fecha de la inscripción del dominio del inmueble a nombre del Fisco/Ministerio de Bienes Nacionales. “Dichos fondos o el instrumento representativo de los mismos, quedarán en la notaría”.
- Sí se interrogará a la ex ministra de Bienes Nacionales. Marcela Sandoval, quien también firmó el decreto y se le aceptó la renuncia al cargo.
Asesora de Segpres. El fiscal jefe de Focos de Coquimbo, Eduardo Yáñez, tomó declaración como testigo a la jefa de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya.
- La abogada es la encargada de revisar los decretos que firma el Mandatario. Moya fue interrogada por el decreto que autorizó la compra y en el oficialismo han apuntado a ella responsabilidades por “visar” la firma de Boric y no advertir los posibles riesgos.
- Una estrategia similar a la que empleó el gobierno para el caso de los indultos otorgados en diciembre de 2022 para condenados en el marco del estallido social, entonces se responsabilizó a subalternos de los errores en la atribución presidencial.
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