Felipe Harboe: “Chile se ‘latinoamericanizó’ desde el punto de vista criminal”

El ex senador Felipe Harboe es experto en temas de seguridad. Por eso, detalla las falencias de las leyes que se están negociando estos días. “Se está discutiendo con la lógica de principios de los 2000 para una situación criminal completamente distinta como la de 2023”, advierte. “Esto no tiene ningún impacto, porque al delincuente entre que lo metan preso por 15 o 20 años o presidio perpetuo, que son 40 años, le da lo mismo”.

-¿Qué te parece este tema de la agenda de seguridad, la ley Naín/Retamal? ¿Es un avance o cae en ciertas zonas en lo que se llama populismo penal?

-Creo que el debate ha estado centrado por declaraciones emocionales. Y el rol del legislador y del gobernante es decidir racionalmente. Hoy se ha puesto todo en blanco y negro; los buenos contra los malos. Para los actuales gobernantes, los policías pasaron de ser los más malos a los más buenos. Entonces se produce esta discusión más bien binaria que, a mi juicio, no ayuda a entender la profundidad y la magnitud del problema. Pienso que ni la ley Naín Retamal, ni tampoco ciertas modificaciones de aumento de penas, van a resolver los problemas de inseguridad que tenemos hoy día. Se está discutiendo con la lógica de principios de los 2000 para una situación criminal completamente distinta como la de 2023.

-Pero ¿cuál es tu posición respecto al lugar dónde quedan los carabineros, desprotegidos, sin armas legales para defenderse?

-Hay un problema práctico real: frente al uso de arma de fuego la policía queda expuesta a persecución penal que trae consecuencias laborales y sociales. Para decirlo de otra forma, sienten que usar sus armas de fuego los transforma a ellos en víctimas. Y a mi entender, la ley Naín Retamal, son un engendro porque se juntaron dos proyectos.

La ley Naín aumenta las sanciones para las agresiones a las policías. Es decir, 15 o 20 años, a presidio perpetuo, simple, La verdad es que eso no va a mover la aguja. Eso tiene ninguna en un impacto.

-¿Por qué?

-Eso no tiene ningún impacto, porque al delincuente entre que lo metan preso por 15 o 20 años o presidio perpetuo, que son 40 años, le da lo mismo. No es que se vaya inhibir un homicida por eso. Ahora, si uno quisiera ser mucho más eficiente en esto, probablemente uno pondría otro elemento en esta materia, que es establecer, por ejemplo, la imposibilidad de los jueces de aplicar lo que se conoce como la regla de determinación de las penas. Es decir, la potestad que tienen los jueces. Con todo el grado de las penas que establece el legislador.

-¿Cómo evalúas la política de seguridad del gobierno de Gabriel Boric?

-Lo que pasa es que yo creo que la herencia fue muy mala. O sea, durante los últimos cinco años hemos tenido un aumento explosivo de la inmigración irregular y lo que es peor, que esa inmigración irregular, además, implica que la policía desconoce quiénes son los que ingresan.

Pudiendo estar ingresando desde delincuentes a santos; eso es un tremendo problema que genera un impacto muy negativo. Segundo, desde el punto de vista de la eficacia, hemos tenido un aumento explosivo en los últimos cinco años del delito de homicidio y eso habla de una mala herencia.

-¿Chile se parece cada vez más a Latinoamérica?

-Aquí uno echa de menos que se piense fuera de la caja, es decir, que se hagan políticas distintas para enfrentar un fenómeno criminal distinto, porque Chile se ‘latinoaméricazó’ desde el punto de vista criminal. Hoy en Chile se cometen delitos similares a los de Latinoamérica y Centroamérica y no como era hasta hace unos años atrás, que eran delitos propios del mundo desarrollado. Y eso implica que las policías, los fiscales, las leyes y los jueces tienen que modificarse para enfrentar ese fenómeno criminal.

-¿Tenemos suficientes carabineros para el número de habitantes?

-Uno echa de menos medidas estructurales, como por ejemplo, establecer abiertamente que la Policía de Carabineros va a dejar de cumplir un conjunto de funciones no solo administrativas, sino también investigativas. Y se va a concentrar en el ámbito preventivo, porque hoy día tenemos 300 carabineros cada 100.000 habitantes y la media mundial de países con mayor nivel de seguridad habla de 450.

-¿Cómo analizas el ingreso a Chile del crimen organizado, de bandas narcotraficantes? ¿Qué está pasando ahí?

-Lo que está ocurriendo es que se está observando desde afuera que las medidas laxas e ineficientes en materia de inmigración, facilitan el ingreso de personas que aún teniendo antecedentes criminales, pueden ingresar libremente por la frontera. Entonces, primero se observa desde afuera una cierta libertad de ingreso.

Segundo, dada la falta de presencia policial, también el crimen organizado comienza a observar cierta facilidad para cometer delitos. Y, si a eso se suma por ejemplo que las instituciones que participan del sistema de seguridad no están conversando eficientemente entre sí, léase Aduanas, Carabineros, Investigaciones, Servicio de Extranjería, entonces lo que tenemos es que tenemos facilidades: ciertos puertos chilenos para el tránsito de drogas y no hay fiscalizaciones en nuestra columna vertebral, que es la Ruta Cinco, para evitar el traslado de inmigrantes ilegales o bien incluso de armas y drogas.

-Como especialista, ¿dónde ves tú los mayores peligros? ¿Las mayores preocupaciones que enfrenta Chile?

-Primero, la principal preocupación que hay hoy día es que el narcotráfico y el crimen organizado comiencen a penetrar las instituciones policiales o de persecución penal o incluso judiciales, o bien que comiencen a amedrentar a los operadores del sistema de justicia a través de amenazas o secuestros a ellos o a sus familias.

-¿Cómo hubieses votado el tema de la ley Naín Retamal, a favor o en contra?

-Yo no soy parlamentario. No voy a hacer esa ficción. Yo sugerí en la Comisión que hagan un estatuto único de protección y reglas de uso de la fuerza, un estatuto único para que no haya dobles interpretaciones. Porque hoy lo que pasa en la práctica es que las reglas de uso de la fuerza están en el 410, 11 y 12 del Código de Justicia Militar, pero los fiscales no las consideran y los jueces no las validan porque dicen que eso está en el Código Justicia Militar y no en el Código Penal. Lo que correspondería es que esas normas estuvieran en una ley junto con la legítima defensa y así no hay doble interpretaciones.

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