Marzo 4, 2023

Ex comandante en Jefe aborda documento que mandó a elaborar con una visión autocrítica sobre los últimos 50 años del Ejército (y el rol de Pinochet)

Alfonso Peró

En la siguiente entrevista, la primera del general (R) Ricardo Martínez tras ser llamado a declarar en la arista “Agencia de Turismo” y renunciar una semana antes del fin de su mandato, el ex comandante del Ejército se refiere al documento que elaboró sobre el papel de la institución entre 1969-2019, en la que aborda las crisis más importantes de la institución, incluida la responsabilidad de mando de Pinochet en la Caravana de la Muerte. También se refiere a eventos críticos durante su mandato, como el estallido social, y temas actuales como el rol del Ejército en tareas de orden público y revela detalles de momentos tensos en el gobierno del ex Presidente Piñera.


Al general (R) Ricardo Martínez le tocó durante su período al mando del Ejército (2018-22) enfrentar uno de los períodos más agitados desde 1990, marcados por el estallido social, la violencia terrorista en La Araucanía y la crisis migratoria en el Norte, eventos en que los militares asumieron tareas de orden interno, que en los últimos dos casos se mantienen.

No menos agitado fue el fin de su mandato, cuando decidió renunciar una semana antes del fin de su período, el 2 de marzo, al ser llamado a declarar en la arista “Agencias de Turismo” por la jueza encargada de investigar una serie de irregularidades en la institución. Posteriormente, se dictó orden de detención en su contra. Según su abogado, Juan Carlos Manríquez, “el General Martínez no es parte en la indagatoria desde que la Corte Marcial revocó el procesamiento dictado por la jueza, porque no se ajustó a derecho y por falta de méritos, lo cual fue ratificado por la Corte Suprema”.

Además indicó: “Estamos muy tranquilos, se ha hecho una entrega completa y seria de todos los antecedentes que prueban lo injusto e innecesario que fue someter a esta investigación al General Martínez”. En paralelo dice que hicieron entrega voluntaria al Fiscal José Morales de una extensa pericia patrimonial de él y su señora, que abarca desde 2005 a 2022.

El general (R) no quiso referirse en la siguiente entrevista a su tema judicial.

Al cumplirse un año desde su salida, el general aborda otros temas álgidos de su salida, sobre todo el documento “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar” (1969-2019). Se trata de un texto que aborda los temas más complejos de ese período de la historia de la institución, y que establece por primera vez en un documento oficial del Ejército la responsabilidad de mando del general Pinochet en violaciones a los DDHH, específicamente en el caso Caravana de la Muerte. Martínez lamenta que su procesamiento, a una semana de dejar el mando, haya opacado la difusión del documento, de relevancia al cumplirse este año el 50° aniversario del golpe militar.

Además de esos tópicos, en la siguiente entrevista – la primera desde su salida del Ejército- aborda temas todavía vigentes, como el papel que deben cumplir los militares en la Macrozona Sur, en la frontera norte; las reglas del uso de la fuerza que estima necesarias para cumplir esa tarea y también da detalles de eventos relacionados con esas materias ocurridos durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.

-¿Cómo se elaboró la reflexión sobre el papel del Ejército en la vida nacional durante 50 años y hasta qué punto la difusión del mensaje quedó opacada por su llamado a declarar y posterior orden de detención dictada por la jueza encargada del caso?

-La decisión de elaborarlo fue mía y la compartí con el Alto Mando del Ejército a partir del 2018 y se incluyó en la planificación estratégica del Plan Carrera 2019 – 2022, constituyendo el último de los trece objetivos estratégicos de ese plan. Se comenzó a trabajar inmediatamente tratándose de manera exclusiva en el 1er. Consejo Militar del 2019 debatiendo esta materia con la participación de todos los Generales de ese año, cuyas conclusiones fueron un insumo importante para las reflexiones.

Lamentablemente el estallido social y la pandemia impidieron seguir desarrollando la metodología y su elaboración en otras condiciones. Creo que mi citación y la poca difusión de los medios opacó la importancia de este documento, pero estoy seguro que el tiempo será el mejor aliado de este documento.

-¿Cuáles fueron los fundamentos de llevar adelante estas reflexiones y cuál es el objetivo central del mismo?

-La explicación era y sigue siendo muy simple, una organización tan importante para el país como el Ejército de Chile con potestad exclusiva del uso de armas, y habiendo sido actor importante en el acontecer nacional en ese periodo, está obligada según mi punto de vista, a hacer una revisión de los aspectos positivos y negativos más importantes que se han vivido, para reforzar en el “ethos militar” lo que había resultado bien y revisar lo que se había hecho mal, lo que podía llevar a la revisión de la formación de los oficiales y suboficiales.

Lo que más se remarcó fue que no importando la época que se pueda estudiar la historia institucional, había un elemento central que excede por mucho el “ser militar” y ello se refiere a que un oficial o suboficial de cualquier grado debe hacerse responsable de las órdenes que emite y que éstas deban ser legales. Pero también, uno de mis objetivos es que las nuevas generaciones de soldados no pueden ni deben seguir dando explicaciones de resoluciones que no tomaron, ya que cuando ocurrieron los hechos no pertenecían al Ejército o no habían nacido.

-En el informe se estableció por primera vez en un documento oficial del Ejército la responsabilidad de mando de Pinochet en la Caravana de la Muerte y del delegado que actuó en su nombre, Sergio Arellano Stark. ¿Qué implicancias tiene para usted haber establecido esa responsabilidad?

-Cualquier militar chileno en todo tiempo, sabe perfectamente que un “oficial delegado” en esa condición, equivale a que la autoridad que ha entregado esa delegación está presente en cada una y todas las decisiones que se van tomando. El general Arellano se presentó en los regimientos del sur y norte como delegado del general Pinochet en la denominada “caravana de la muerte” y es irrefutable que así aconteció y lo ha dicho la justicia, no yo, con el lamentable saldo de muertos y con oficiales subalternos en los regimientos que cumplieron las órdenes, que de no hacerlo, corrían riesgo sus vidas, como lo estableció el juez Juan Guzmán y hoy cumplen penas de cárcel.

-En la reflexión se destacó el texto del “Nunca Más” del general Cheyre, donde se hace un reconocimiento explícito de la “responsabilidad institucional” del Ejército en las violaciones a los DDHH. ¿Usted consideró que el año en que se cumplen los 50 años del golpe militar debía ir más allá del texto Nunca Más?

-En mi gestión estábamos ad-portas de cumplir los 50 años del 11 de septiembre de 1973, que marcó la historia institucional y era un buen momento para hacer esta reflexión no sólo de lo que ocurrió entonces, sino también de muchas cosas buenas que se han hecho y que se detallan en este documento, porque el Ejército de cualquier país y el de Chile en particular, debe ser sentido como de todos, sin importar su condición social, religiosa o política, esto es algo que también han tenido presente otros militares como los generales Schneider, Prats, Sepúlveda y Pickering por dar algunos nombres.

-La reflexión no incluye “organismos que no pertenecían al Ejército”, como la DINA y la CNI. Sin embargo, esos dos organismos estuvieron bajo el mando de altos oficiales de la institución, como Manuel Contreras, y en él participaron muchos oficiales. ¿Por qué se usó ese criterio?

-Tal como lo escribimos en la introducción de las reflexiones difundidas, tanto la DINA como la CNI no pertenecían al Ejército conforme a sus decretos ley en que fueron creados. Estaban integrados por funcionarios de las fuerzas armadas y policiales y a pesar que estaban mandadas por generales de Ejército, éstos se reportaban al gobierno, en el caso de la DINA a la Junta de Gobierno y la CNI, al Ministerio del Interior y en ningún caso al Ejército.

-¿Qué otros aspectos destacaría del documento?

-Como es natural en este tipo de documentos, la mirada se centra en los aspectos negativos, pero tal como se consigna hay muchas actuaciones positivas para nuestro país del actuar del Ejército, como las crisis con Perú y Argentina, el empleo en los estados de excepción constitucional incluyendo las catástrofes, las obras del Cuerpo Militar del Trabajo, etc. Habiendo dicho eso, este trabajo hubiese estado incompleto sin la última parte donde se plantean conclusiones, lecciones aprendidas y sugerencias, es decir, se indican cosas concretas por hacer, conforme a estas actuaciones, para que este recorrido institucional de los últimos 50 años tenga sentido y demuestre aprendizaje.

-Todo indica que estas reflexiones  no tuvieron apoyo en el gobierno del ex Presidente Piñera.

-Creo que en el gobierno del ex presidente Piñera quizás prevaleció la línea más dura en cuanto a no difundir nada que pudiese sacar a relucir las heridas del pasado. Nunca entendí las aprensiones que el ex presidente Piñera pudo haber tenido y la franca oposición del entonces ex ministro Prokurica acerca de la elaboración y difusión de este documento, pese a que le expliqué los objetivos y por qué la institución debía hacerlo.

Lo de Baldo Prokurica es probablemente más entendible desde su óptica vivencial, porque fue gobernador e intendente del gobierno del General Pinochet.

-Usted firmó solo el documento. ¿Los generales de ese año apoyaron su contenido y difusión?

-El 28 de febrero del 2022 me reuní con el cuerpo de generales, con excepción principalmente de quienes estaban como jefes de la defensa fuera de Santiago.

Les relaté el recorrido que se hizo para este documento y les leí todos los párrafos que pudieran generar debate, y me puse a su disposición de responder todas las preguntas. Intervinieron 5 o 6 generales pidiendo que las reflexiones fueran firmadas por el alto mando, ya que lo compartían y pensaban que todos o la mayoría tenían la misma opinión.

Debido a que no recibí ninguna opinión contraria, les pedí que lo analizaran sin mi presencia y que me avisaran de su resultado.

Después llegaron a verme los dos Generales de División más antiguos, quienes me indicaron que todos los generales presentes apoyaban incondicionalmente el documento y que sólo un general, si bien respaldaba mi posición, quería leerlo previamente en su totalidad. Les agradecí su apoyo y que como no había sido unánime el resultado, entonces seguía el documento sólo con mi firma.

-¿Entre quienes lo apoyaban estaba el actual comandante en Jefe, general Javier Iturriaga?

-Cuando se elaboró el plan Carrera el 2018 que contiene el objetivo estratégico de esta reflexión, el general Iturriaga era Jefe de Estado Mayor General del Ejército y tenía la responsabilidad de proponerme los detalles del plan, y no recibí ninguna consulta al respecto.

En el Consejo Militar del 2019, donde se trataron extensamente los aspectos más relevantes de estas Reflexiones con todos los generales, participó activamente en las discusiones, y no hizo observaciones ni expresó dudas.

Cuando ya lo habían nombrado nuevo comandante en jefe del Ejército, pero sin asumir  todavía, al explicarle los detalles del texto y sus implicancias a inicios de febrero del 2022, por primera vez me hizo presente sus aprehensiones de hacerlo público, pero era parte de mi gestión de mando y de la planificación estratégica institucional.

Lamento que el documento que estuvo a disposición de todos los ciudadanos a partir del 2 de marzo del año pasado, se haya bajado de la página web del Ejército a las pocas semanas de haber renunciado, con la pasividad de muchos.

-Tras el estallido se dio un debate sobre las llamadas RUF (Reglas del Uso de la Fuerza), vale decir las facultades de las FFAA para usar la fuerza en situaciones como esa y ahora nuevamente se habla de ellas. ¿Cree que las actuales RUF que legisló este gobierno permiten el accionar de los soldados?

-Lamentablemente el tema de las RUF se politiza dependiendo del lado en que se está políticamente. Cuando se es gobierno u oposición, pareciera que poco importan al final los soldados desplegados, sino los réditos políticos para el sector que representan.

Las antiguas o nuevas RUF permiten en lo general el empleo de los medios militares, porque no se inhibe la respuesta del armamento ante la amenaza inminente o el uso de armas en contra de los soldados y se dice expresamente que no obsta el cumplimiento del código penal y el de la justicia militar. Pero la diferencia es que ahora se le dan atribuciones a los soldados que se nos tenían prohibidas en el gobierno anterior, como es el caso de control de identidad y detener por hipótesis de flagrancia, como lo dice el actual decreto.

-¿Cómo ve el despliegue militar en la protección de fronteras?

-Durante mi gestión de mando promovía el empleo de los militares en la cooperación de protección de las fronteras terrestres a Carabineros, como una tarea operativa que nos entrenaba y que era necesaria de acuerdo con la disponibilidad que podíamos tener, ya que Carabineros no daba abasto en estas responsabilidades. Así lo hice ver a las autoridades del gobierno anterior, pero en esa época se nos pedía patrullar la frontera sin ninguna atribución de control efectivo si es que observábamos algo sospechoso, prácticamente hacíamos acto de presencia y los soldados desplegados se sentían frustrados porque se podía actuar sólo ante un delito flagrante.

Fueron varias las veces que los soldados informaban situaciones sospechosas durante los patrullajes, en donde lo único que se podía hacer era reportarlo para la presencia de Carabineros, que a veces concurría. Creo que en el futuro no será una novedad que tanto Carabineros como el Ejército compartan estas difíciles tareas de vigilancia de las fronteras, ayudando a un mejor control, para lo cual habrá que establecer claramente sus responsabilidades.

-¿Cree que el empleo de los militares en la frontera afecta la operatividad de la fuerza terrestre?

-En estos temas complejos nunca hay una respuesta única. Lógicamente hacer tareas no contempladas dentro del entrenamiento regular que hacen los soldados produce una afectación.  Pero lo que sí afecta gravemente la operatividad del Ejército de Chile y que lo hice presente reiteradamente a las autoridades políticas, es que dicha operatividad siga dependiendo de manera importante del servicio militar obligatorio porque se cambia a los soldados anualmente. Nos demoramos más de medio año en instruirlos y entrenarlos y luego los licenciamos al año, a diferencia de la operatividad que tiene la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, que es casi enteramente profesional.

-¿Está de acuerdo con el uso de militares en funciones de orden público en los estados de excepción constitucional?

-Siempre me opuse a esas tareas que no son parte de la esencia de la formación de los militares, sobre todo, porque no tenemos cultura policial. Pero una cosa son las tareas de orden público que se derivan del control de manifestaciones como las que se dieron en el estallido social, que eran parte de mi negativa, a las labores que actualmente se pueden cumplir en la protección de la frontera terrestre, en las cuáles estoy de acuerdo.

Nuestras fronteras terrestres son muy permeables, es deber de cualquier gobierno emplear todos los medios disponibles, conforme a la constitución y las leyes, porque tenemos una de las fronteras terrestres más extensas del mundo, en donde no es fácil operar.

-En su cuenta pública que fue cuando renunció en marzo del año pasado y dio a conocer el texto de las reflexiones no acudieron ni el ministro de defensa ni sus subsecretarios, como tampoco los otros comandantes en jefe de las otras instituciones.

-El día anterior a la cuenta ya sabía que no asistiría el ministro de Defensa ni los subsecretarios, porque el ex ministro Prokurica condicionó su asistencia a que no estuviera la prensa presente, a lo que me opuse porque era una “cuenta pública” de mi gestión de cuatro años a la sociedad en su conjunto. Y lamenté la ausencia del ministro.

Además, el estamento político ministerial de Defensa tomó contacto con los comandantes de Jefe de la Armada y FACH para que no asistieran, y ellos accedieron enviando a un representante.

Es cierto que me opuse durante el estallido social, dentro del marco legal y reglamentario, a cualquier iniciativa del gobierno para que los militares tuvieran un papel más activo en tareas de orden público en el control de las manifestaciones y así apoyar a Carabineros durante el estallido social porque, insisto, no estábamos entrenados, equipados ni tampoco teníamos la cultura policial para una tarea totalmente excepcional y delicada, espero que eso no haya influido en la apatía del gobierno anterior con esta iniciativa.

  • El documento se puede leer aquí:

 

 

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