Polémica ha generado un pantallazo de un video subido por el candidato presidencial José Antonio Kast pidiendo explicaciones al gobierno por un supuesto estado etílico del Presidente de la República. Poco tardó el propio Mandatario en responder, mostrando el video original donde se lo ve saludando y fotografiándose con un niño hincha de la Católica a la salida de un partido.
Confrontado por los medios, el candidato presidencial indicó que no le correspondía chequear la foto y que el tema ya estaba zanjado. Sin embargo, la publicación realizada en la plataforma X el día 30 de marzo, no ha sido bajada y sigue publicada, pudiendo generar desinformación.
Como indica el informe de Revisión de experiencias internacionales y en Chile de la Comisión Asesora contra la Desinformación, la desinformación se entendería tradicionalmente como “información falsa, inexacta o engañosa creada, presentada y difundida deliberadamente”. Podemos estar frente al caso de la “misinformación”, es decir “información falsa o inexacta que se comparte sin saber que es incorrecta, sin intención de confundir o engañar” o “mal información” que es aquella “información verídica que se comparte para causar daño, a menudo trasladando a la esfera pública lo que se diseñó para permanecer privado”.
Con el mayor uso de las redes sociales e incluso de las tecnologías y de la Inteligencia Artificial, hoy es muy fácil caer en desinformación. Estamos envueltos en cámaras de eco, donde lo que alguien que me genera confianza o sigo dice algo, lo creeré a pies juntillas o, incluso, se pueden crear fotos, videos y el uso de la voz de personas, para hacerme creer algo que no es cierto.
En época electoral, como la que Chile estará transitando todo este año, este fenómeno se dispara, los que nos hace estar más atentos a no caer y replicar sin más noticias que pudieran no ser tales.
Pero, ¿tienen alguna responsabilidad los partidos políticos, candidaturas, personas que ostentan -o pretenden ostentar- cargos públicos? En algunos países esto se ha intentado afrontar desde la regulación, con sanciones incluso penales por desinformar deliberadamente. Algo que no es muy recomendado por relatores de libertad de expresión u otros organismos internacionales, por el riesgo de criminalizar la libertad de expresión o de su mal uso por parte de Estados más autoritarios -un riesgo que cada día se ve más frecuente en todas las latitudes-.
En otros, se enfrenta desde las herramientas contra la difamación -civiles o penales- pero al final dependerá de cada persona que se sienta ofendida iniciar un costoso y largo proceso judicial (como, por ejemplo, ha seguido el ex ministro Jackson con disculpas públicas ya asociadas).
Por otra parte, algunos países -los nórdicos son ejemplo de esto- avanzan en fomentar el pensamiento crítico desde la temprana infancia para proveer de las herramientas para que las personas puedan ser capaces de enfrentar el fenómeno de la desinformación en un contexto de hiperconexión.
Pero también, en algunos países se está avanzando hacia pactos éticos de partidos y autoridades políticas en la materia. Así, por ejemplo, en Uruguay los partidos políticos con representación parlamentaria reafirmaron el año 2024 -año de elecciones presidenciales y parlamentarias- su compromiso con la lucha contra la desinformación y las noticias falsas.
El acuerdo propone “no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos” y promover a los dirigentes la necesidad de “evitar acciones o expresiones de tono agraviante” contra adversarios.
Lo anterior podría ser considerado un mínimo compromiso democrático en época electoral, comprometerse a ser cuidadoso con lo que se comparte y, en caso de ser necesario, rectificar cuando caemos en errores o publicamos información posteriormente desmentida.
Del mismo modo, garantizar que la propaganda electoral no se hará a través de “bots” o mecanismos de difamación y desinformación, ya que muchos estudios han mostrado cómo éstos pueden afectar la democracia, el voto libre e informado, un debate público crítico pero no basado en mentiras, discursos de odio o difamación.
Quienes aspiran a cargos públicos -y los partidos políticos que los apoyan- no solo deben respetar las regulaciones actuales -un mínimo compromiso con el Estado de Derecho- sino también promover la ética pública en época electoral. Elevar el costo de la desinformación no solo depende de las regulaciones y sanciones legales, sino del reproche social y límites entre pares que establezcamos como sociedad.
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