¿Es la política la nueva pyme de oro? Por María Jaraquemada

El reembolso, tal como indica su nombre, sólo se entrega para cubrir aquel monto de gastos electorales autorizados y aprobados -no el crédito de consumo familiar ni la cuenta del supermercado- que no han sido previamente cubiertos por otras vías de financiamiento, con un tope máximo de 0,04 UF por voto obtenido.

Mucho cuestionamiento ha generado la proliferación de candidaturas espontáneas e independientes a la presidencia de la República (387 personas buscan patrocinio hasta el momento de escribir esta columna, está por verse cuántas realmente logran 35.000 apoyos). Y no solo de independientes, el entusiasmo llevó a algunos a renunciar a sus partidos para participar en una cuasi primaria que finalmente no fue. Varios analistas y panelistas de medios digitales y radios han indicado que la política se está convirtiendo en una PYME y en un lucrativo negocio ¿Será el nuevo emprendimiento de oro?

El año 2016 se llevó a cabo una importante reforma a los partidos políticos -la única profunda desde que se promulgó la actual ley en plena dictadura que, paradójicamente, no era muy fan de los partidos políticos, estableciendo -muy a contrapelo, de izquierda a derecha, hay que decirlo- obligaciones de democracia interna; de transparencia proactiva y de mayor intensidad para militantes; procedimientos menos arbitrarios de fichaje; rendición de cuentas más intensa ante el Servel; restricciones al financiamiento privado y su transparencia -consecuencia de los casos Penta y SQM-, así como el financiamiento público de los partidos, amarrado a ciertas obligaciones y fiscalización del Servel.

Por otra parte, el mismo año también se reformaron de modo relevante las normas y reglas de financiamiento a campañas, prohibiendo el financiamiento de personas jurídicas; estableciendo un sistema mayormente transparente -con la posibilidad de pequeños aportes sin publicidad-; definiendo de modo más preciso los gastos que pueden ser considerados electorales; estableciendo una facultad fiscalizadora y sancionadora del Servel; nuevas infracciones con mayores sanciones que, incluso, pueden terminar en delitos electorales.

Suele haber una confusión muy común, muchas personas creen que el reembolso que otorgar el Estado a candidaturas por voto es a todo evento. Es decir, el Estado me entrega nada más ni nada menos que $1.500 (aproximadamente) por cada voto obtenido en primera vuelta. En ese caso, la candidatura con menos votos (Artés, con un poco más de 100.000 votos) se llevaría la nada despreciable suma de 150 millones de pesos. Es decir, grito y plata.

Sin embargo, lo que se suele desconocer es que, para que una candidatura pueda acceder al reembolso de sus gastos electorales, debe cumplir con ciertos requisitos, como que la cuenta de ingresos y gastos electorales esté aprobada por el Servel; que los gastos presentados no hayan sido financiados con otras fuentes, como aportes propios, de terceros, del partido o créditos con mandato y, que se presenten boletas o facturas vigentes y pendientes de pago, correspondientes a gastos electorales realizados durante el período de campaña.

En síntesis, el reembolso, tal como indica su nombre, sólo se entrega para cubrir aquel monto de gastos electorales autorizados y aprobados -no el crédito de consumo familiar ni la cuenta del supermercado- que no han sido previamente cubiertos por otras vías de financiamiento, con un tope máximo de 0,04 UF por voto obtenido. Esta es la razón por la que muchas candidaturas, más que hacer caja, terminan muy endeudadas.

Claro, no es descartable que alguien se pase de lista/o e intente hacer un fraude al fisco, ya sea inflando gastos o derechamente presentando boletas/facturas ideológicamente falsas cuando tienen un éxito electoral no esperado (por estos eventuales hechos se investiga la posible comisión de delitos a Karina Oliva). O que contrate a su entorno para prestar servicios, asegurando pega a sus cercanos.

Para el primer caso se acaba de aprobar una reforma legal que se estrenó en la campaña municipal. En la actualidad, las candidaturas deben reportar al Servel durante la campaña ciertos gastos electorales, como arriendos de bienes muebles o inmuebles y los servicios prestados por terceros a las candidaturas que sobrepasen un millón de pesos.

Para el segundo, lamentablemente no ha habido caso de contar con un sistema más competitivo de proveedores de bienes y servicios estandarizados y que no implican una necesaria confianza política -como puede ser la impresión de folletería o el volanteo-, sumado a algunas inhabilidades o incompatibilidades.

Así, al parecer en esta materia rondan muchos mitos que pueden llevar a más de una persona a una gran desilusión cuando no vean una gran transferencia de recursos públicos en su cuenta personal y los números rojos sean más habituales que los azules. Esto no implica que nuestro sistema sea perfecto o requiera de ajustes, por supuesto que sí, nueve años de implementación ya nos han dado pistas de por dónde podría haberlos.

Quizás los incentivos de tener fama por 15 minutos, el alza de liderazgos independientes y “nuevos”, el bajo costo de hacer campañas principalmente por redes sociales y el descrédito de los partidos políticos tradicionales, entre otros, están generando un efecto inesperado en el boom de candidaturas.

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