“Yo estoy en Concepción, donde hay un ambiente de mucha preocupación y temor, porque el fenómeno de la violencia es algo que escala sin control”, dice. “No baja la intensidad del conflicto; al contrario, se intensifica. Queman un hotel y atacan a la subcomisaría de Tirúa. Destruyen cinco camiones forestales y grúas en Mulchén. En Alto Biobío toman fundos, centros vacacionales, y hay amenazas constantes. Y no hay visos de que pueda mejorar el panorama”.
-El proyecto que evalúa el gobierno de estado intermedio, ¿te parece que puede ayudar a frenar la escalada de violencia?
-Mi opinión es que el gobierno, primero, no logra alinear a sus parlamentarios. Saco de esto al Partido Socialista, que ha dicho con toda claridad que apoya las propuestas de orden público y que incluso dijo que si no hay acuerdo por estado intermedio, debe operar el estado de excepción.
Hay un problema de ambigüedad en el PC y el Frente Amplio con los temas de orden público y violencia que tienen que superar y dar vuelta la página. Porque si no lo hacen, están sometiendo al gobierno a un desgaste muy grande. Esa postura ambigua frente a la violencia está erosionando al gobierno rápidamente.
-¿De qué manera lo debilita?
-Sucede que hay cierta ceguera. Porque no es solo la macrozona sur, son también las bandas organizadas que operan en las grandes urbes, en Santiago, Valparaíso, Concepción, y en el norte. Es un tema de orden mayor.
Pero frente a estos dos temas, La Araucanía y las bandas criminales, lo que hay es una respuesta muy ambigua del mundo político y parlamentario que apoya al gobierno, principalmente el PC y FA. Esa ambigüedad cada día que pasa le hace más daño al gobierno.
-¿Y respecto a la idea de estado intermedio, qué hace falta para mejorarla?
-Espero que el gobierno amplíe las facultades, que no se limite solo a resguardar los caminos. Mira la paradoja: quien firmó un acuerdo con los camioneros fue el gobierno, no nosotros. Entonces, si esto lo retrasas, obviamente vas a volver a tener conflicto con los camioneros. Lo que la gente está esperando es una respuesta a la violencia. El jueves volvieron a atacar la sub comisaría de Tirúa y quemaron un hotel, hirieron con perdigones a dos personas. Frente a esa situación uno no se puede quedar impávido ni de brazos cruzados, esperando a que los parlamentarios de gobierno se pongan de acuerdo.
-Matías Walker suspendió la comisión mixta que iba a abordar el tema este lunes. ¿Te llamó para contarte?
-Matías me llamó, me dijo que había recibido un mensaje de alto nivel del gobierno, con la sugerencia de buscar un acuerdo más amplio para tratar de llegar a los tres quintos en la Cámara, o sea 93 votos. Pero entiendo que eso va a ser difícil, aunque no lo descarto. A lo que vamos a llegar, sobre todo con los últimos hechos de violencia, es al estado de excepción, porque nadie va a aceptar en la comisión mixta un estado intermedio muy deslavado.
Cuando uno recibe una llamada de ese tipo, argumentando razones de estado, hay que dar espacio para buscar un acuerdo. Lo que va a suceder en los hechos es que va a haber estado de excepción.
-¿En vez de estado intermedio?
-El Frente Amplio y el PC han presionado por un estado intermedio con tan pocas atribuciones, que al final no sirve. Y en ese marco el gobierno derechamente va a optar por el estado de excepción. Porque si solo va a incluir el resguardo de caminos y a las FFAA con claveles y rosas tratando de poner orden, eso no va a funcionar . El gobierno a lo mejor entiende que es mejor ir con el estado de excepción y que en la cámara votemos quienes estamos por mantener el orden público, por enfrentar la violencia y quiénes no. Se le acaban las alternativas al gobierno.
Un estado intermedio deslavado, donde las FFAA no puedan actuar, no puedan hacer controles carreteros, no lo vamos a aceptar. En ese marco, caminamos hacia el estado de excepción, que era lo que nosotros pedimos en marzo.
-El proyecto de infraestructura crítica, resguardada por militares, viene del gobierno anterior. Fue rechazado en la Cámara, incluyendo votos en contra de Boric, Vallejo, Monsalve y también algunos DC, en septiembre de 2020. ¿Por qué quedó estancado dos años?
-Hubo diputados DC que votaron a favor y otros en contra, es efectivo lo que dices. Pero esta es una legislatura nueva, estoy en sintonía con Matías Walker, y queremos enfrentar el tema. Si el gobierno solo llega con el resguardo de los caminos esenciales, es insuficiente. En primer lugar las vías esenciales hay que definir lo que significan, no solo es la ruta 5 sur. Vías esenciales son el camino que une Cañete con Tirúa, Cañete con Contulmo y muchas otras.
-¿Hay presencia de bandas armadas en esas rutas?
-En esas rutas, sí, hay presencia de mapuches armados de la CAM y Resistencia Mapuche Lafkenche, y se han generado varios ataques. Por eso no puede ser que solo cuidemos la ruta 5 sur o la 160. Tienen que protegerse rutas que la gente usa para trasladarse a lugares de trabajo, centros de salud, colegios.
-¿Son muy inseguros esos caminos?
-Bueno, te cobran peaje encapuchados. Yo fui candidato a gobernador regional en Biobío, en 2021. Me tocó pasar por los lugares donde te cobraban peaje encapuchados con machetes en mano. Muy agresivos, a mi me tocó vivir eso, no es un cuento.
-¿Qué te decían los encapuchados?
-Que ellos tenían el control y que había que pedirles autorización para ingresar, hablo de febrero o marzo de 2021. Y tenías que pagar 10 lucas. Era el peaje más caro de Chile. Por eso, digo que no estamos combatiendo comunidades mapuches, sino organizaciones que se roban centenares de camiones de madera, que tienen un alto poder de fuego y que lo que quieren es control territorial para seguir realizando su negocio ilegal.
-¿Hablas de narcotráfico?
-Claro, y el robo de autos que reducen en partes, en sus territorios, y luego venden. Eso tiene que entender la izquierda. Este es un combate contra una organización criminal.
-¿A qué crees que se debe esta postura ambigua que observas en el PC y el FA?
-No entienden el conflicto que acá se vive. Este es un combate contra grupos de índole terrorista, que realizan un negocio ilegal, a los cuales el estado tiene todo el derecho de confrontar. Cuando uno gana el gobierno, la ley establece que tienes el deber de mantener el orden público, pero eso aún no logran asimilarlo algunos sectores del gobierno.
-A propósito de esto, ¿cómo evalúas el desempeño del comité político?
-Yo aún lo veo en etapa de rodaje, creo que aun no se asientan bien todas las piezas. Falta todavía más fiato. Jackson hace un esfuerzo por dialogar con todos los parlamentarios, pero su coalición política le demanda mucho trabajo para mantenerla ordenada. Se le hace difícil manejarla y tiene que dedicar muchas horas a convencerla de cosas que son evidentes. Se desgasta mucho y le quita tiempo para conversar con otros sectores.
-¿Y en el ámbito de la seguridad?
-El subsecretario Monsalve ha entrado a suplir un déficit en Interior en orden público, pero no es suficiente. No se qué piensa Manuel Monsalve. Por un lado el gobierno pide ayuda y por otro lado Monsalve estuvo en Biobío y no le avisó a ningún parlamentario, ni a Joanna Pérez, ni a mi como jefe de Bancada, que estaba en Concepción. Eso es lo raro de este gobierno: pide ayuda, pero no actúa con reciprocidad. No hay reciprocidad en Manuel Monsalve, no invita a la diputada DC del distrito 21 a las actividades, aunque hemos sido claros para enfrentar la violencia. El gobierno nos pide ayuda, gestos, y el subsecretario no hace ningún gesto.
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