Panorama general. Este jueves, justo al límite del vencimiento del plazo legal, Boric designó a Marta Herrera Seguel, actual directora Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, como candidata a fiscal nacional. En el camino quedaron los abogados Ángel Valencia, José Morales, Carlos Palma y Nayalet Mansilla, que también formaban parte de la quina que envió la Suprema al Presidente.
Escenario cuesta arriba. Herrera entró a la carrera con el pie izquierdo: la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público difundió un duro comunicado declarándose en alerta nacional y señalando que “rechaza categóricamente” su nombramiento, tan solo horas después de ser propuesta.
Molestia por negociación. Uno de los factores que molesta a los senadores oficialistas, es que el nombre de Marta Herrera fue enviado de improviso, sin acuerdo previo. Senadores oficialistas y de oposición reclamaban este jueves que a las 12 del día aún no habían sido contactados ni por la ministra Uriarte, ni por la titular de Justicia, Marcela Ríos.
El riesgo de Boric y sus ministras. Una nueva derrota supone otro golpe para Boric y las ministras Marcela Ríos, de Justicia, y Ana Lya Uriarte, de la Segpres.
Telón de fondo. En la oposición no solo resienten que Boric haya enviado su candidato al Senado sin un acuerdo previo con el sector, como suele ocurrir. A Herrera se la considera una carta de continuidad de Abbott, de quien fue una estrecha colaboradora, y aún está en su retina el rol que desempeñó -como jefa de la unidad anticorrupción- en la apertura de una investigación penal contra Piñera por la compraventa de Dominga, lo que terminó en una acusación constitucional hacia él.
Por qué importa. Desde hace casi un mes, La Moneda no ha logrado llegar a un acuerdo con la oposición -ni alinear a los suyos- para designar a un Fiscal Nacional, en momentos en que el peso de la crisis de seguridad se hace sentir en las calles y las encuestas y donde el Ministerio Público tiene un rol clave en la persecución del delito, la principal prioridad de los chilenos en los estudios de opinión.
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