La fuerza política que derrotó sorpresivamente a Daniel Jadue en las primarias presidenciales del 18 de julio de 2021 con Gabriel Boric, que arribó luego en segundo lugar con 25,8% de los votos detrás de José Antonio Kast en la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre y que finalmente capitalizó el rechazo al candidato republicano en la segunda vuelta del 19 de diciembre ganando la presidencia de la República, ha confesado hidalgamente que aún no estaba preparada para gobernar, que su itinerario lo contemplaba para 2026, pero las circunstancias anticiparon su llegada a La Moneda.
Ese adelantamiento explica en parte la principal falla de origen de este gobierno, que es la distancia gigantesca entre las prioridades valórico-programáticas (dixit Jackson) del Frente Amplio y el sentido común popular, lo que se expresó de manera brutal en el rechazo mayoritario del pueblo a la propuesta refundacional de la Convención, reflejo perfecto de las prioridades y valores frenteamplistas.
Quizás las expresiones más brutales de este desencuentro estaban en la aproximación conceptual de la coalición primigenia de gobierno a los problemas de orden público y seguridad, fundamentalmente consecuencia de la desigualdad social, a la cuestión migratoria, derecho humano que debía garantizarse, y al crecimiento económico, que en su enfoque iba en beneficio principalmente de los grandes empresarios.
Convengamos que, aunque comunistas y la totalidad de los frenteamplistas aún no se desembarazan completamente de esos conceptos y su comportamiento y discurso suele chocar con las demandas mayoritarias de la población, el Presidente Boric y su gobierno han hecho ingentes esfuerzos por sintonizar con los dolores y anhelos principales de la ciudadanía, al punto que han experimentado un cambio de prioridades programáticas que constituyen una verdadera mutación gubernamental. Constatemos que el gobierno de Boric ya no es el que sus adversarios temían ni tampoco el que sus fervorosos partidarios anhelaban.
Qué duda cabe, el orden público ha pasado a ser la principal prioridad del gobierno. Así lo refleja su agenda legislativa, la centralidad que tiene en su discurso, el respaldo a las instituciones a cargo de éste e incluso los recursos asignados en el presupuesto de la Nación.
Aunque incomprendido por algunos de los suyos, era fundamental instalar en el centro de la agenda gubernamental lo que está en el centro de la demanda popular. Asegurar el orden público y la seguridad de las personas es la tarea cero de todo gobierno. Si fracasa en ello, el naufragio es inevitable, aunque tenga éxito en otros desafíos importantes.
La demanda más básica a la autoridad es la seguridad de las personas y sus familias. Y la tarea uno es el crecimiento económico y su correlato en el empleo. Son éstos los criterios fundamentales que definirán a ojos de la gente el éxito o fracaso del gobierno. Todo lo demás, por importante que sea, pasa a ser accesorio si no se abordan con éxito los desafíos del orden público y del crecimiento económico.
Como es sabido, el crecimiento de la economía repercute con espoleta retardada en el empleo, de manera que recién a mediados de 2025 podría comenzar a percibirse un mejoramiento de las condiciones del mercado laboral, la creación de empleo y la recuperación de los salarios.
En el ámbito de la seguridad las cifras tienen aún menos impacto concreto que en la economía. La percepción es determinante, el clima social, la atención de los medios de comunicación y, muy especialmente, el reconocimiento (o no) de que la autoridad responsable comparte la preocupación, empatiza con la sensación de temor, asume la gravedad de la situación y actúa en consecuencia.
Evidentemente no es sólo el gobierno quien aparece a ojos de la mayoría como insuficientemente sensible frente a una percepción generalizada de que las bandas delincuenciales desbordaron a las instituciones responsables del orden público, sino también el Congreso y la política en general, que aparece más concentrada en sus propias querellas y en obtener ganancias electorales de corto plazo que en abordar con sentido nacional un problema que está desafiando dramáticamente a la sociedad y al estado, amenazándolos de perder definitivamente su diferencial de paz interna, seguridad, orden público y fortaleza institucional en el contexto latinoamericano.
La situación que estamos viviendo en el ámbito del orden público y la criminalidad es inédita en su violencia aguda, por lo mismo parece indispensable acudir a medidas excepcionales. Hemos avanzado bastante, es preciso reconocerlo, en la batería de instrumentos legales para combatir la delincuencia, pero estamos inexplicablemente retrasados en dos cuestiones fundamentales, que es la capacidad de inteligencia estatal para anticipar acciones delictuales y desbaratar las bandas criminales, así como su capacidad para seguir la ruta del dinero ilegal.
El anuncio de una cárcel de alta seguridad para el crimen organizado es positivo y el Congreso debe facilitar que los plazos de su construcción sean breves. Pero el gobierno necesita dar señales concretas de que empatiza con la preocupación ciudadana y comparte la gravedad de la situación actual, diseñando acciones y poniendo en ejecución medidas que apunten no sólo al problema, sino también a su percepción.
Hace un año que propuse la instauración sin aviso de un estado de excepción limitado en el tiempo a la duración que es atribución del Ejecutivo, para requisar masivamente armas y detener a miles de prófugos de la Justicia, concentrando ambas iniciativas en sectores muy identificados de los principales centros urbanos del país, particularmente de la capital. Pero la situación ha seguido escalando y hoy día ello sería insuficiente.
El gobierno está obligado a reaccionar con fuerza si quiere recuperar credibilidad y confianza en su capacidad para contener a la delincuencia. Sea estableciendo estado de sitio, como lo propone el senador Insulza, o acudiendo a la antigua Ley de Control de Armas utilizada en el gobierno de la Unidad Popular como lo propone Jorge Schaulsohn, la cuestión es incorporar activamente a los militares en la tarea de la seguridad pública.
La sola presencia de uniformados en la calle, en lugares centrales del funcionamiento de la ciudad, acompañados de patrullajes nocturnos, reduciría la percepción de inseguridad que ha alcanzado niveles intolerables para la salud mental de los habitantes de Santiago. Y su colaboración con Carabineros y la PDI en el ataque al crimen organizado sería una contribución inestimable en la tarea de desbaratamiento de las bandas delictuales.
Por supuesto, lo anterior sólo puede fructificar si las demás instituciones públicas colaboran activamente en ese objetivo nacional. El Congreso dejando de lado peleas subalternas y despachando prontamente las leyes pendientes de inteligencia y persecución del dinero.
La Fiscalía y el Poder Judicial persiguiendo y condenando severamente el crimen organizado y el gobierno respaldando política y financieramente a las instituciones policiales para que puedan desplegarse al máximo, así como el uso de la facultad extraordinaria de expulsar del país por razones de seguridad interior a inmigrantes ilegales que delinquen.
Está en juego el riesgo de naufragio gubernamental, por cierto, de profundizarse la situación de descontrol de la criminalidad. Pero mucho más importante que eso, está en juego también la preservación de la identidad de Chile, para sus ciudadanos y para quienes nos ven desde afuera como un destino posible para visitar o invertir, como un país donde las instituciones funcionan y la seguridad básica de los hogares está garantizada.
La retención de $257 millones en aportes al Frente Amplio que realizó el Servel dejó al descubierto los cuestionamientos a los insólitos gastos de los partidos oficialistas fusionados en 2024. También, la dificultad de la nueva directiva para subsanar el problema. Latorre, Vela e Ibáñez fueron los presidentes de RD y CS en 2023.
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Martínez tiene un trabajo tan poco agradecido y querido como el de llevar la llave de la caja de metal en la que están los ahorros para el paseo de curso. Un ingrato ejercicio al que ella le ha puesto un poco de optimismo, un poco de polémica, algo de diversión, al fin y al […]
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Prefiero las comedias románticas —romcom, como les dicen— pero incluí algunas clásicas que se mezclan con géneros tan interesantes como el histórico o bien, versiones que han crecido según pasan los años.