El último ajuste que hizo la Comisión de Normas Transitorias, y que aún debe visar el Pleno, fijó un plazo de seis meses, una vez que entre en vigencia la nueva Constitución, para que el Tribunal Constitucional termine sus causas. También permitió que solo quienes hayan cumplido menos de la mitad de su periodo como ministros del TC, puedan postular al nuevo órgano: la Corte Constitucional. A los 3 jueces que podrían postular a la nueva Corte se les sitúa más a la izquierda que al resto de sus actuales integrantes.
Qué observar. La Comisión de Normas Transitorias de la Convención aprobó la propuesta, que aún debe visar el Pleno, que establece cómo será la transición, de ganar el Apruebo, entre el actual Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Constitucional.
- Además, se dio un plazo de seis meses para que se instale la nueva institución y se entregó la posibilidad que, de los actuales integrantes del TC, solo puedan postular al nuevo órgano quienes tengan menos de la mitad del periodo cumplido. Una situación que coincide solo con tres integrantes del TC, a quienes se les asocia con la izquierda: Rodrigo Pica y las ministras nombradas en abril por el Presidente Gabriel Boric, Daniela Marzi y Nancy Yáñez.
Lo que se votó. Por 26 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la Comisión de Normas Transitorias aprobó la propuesta que puso fin en seis meses, después de aprobada la nueva Constitución, al actual Tribunal Constitucional (TC), el que de ganar el Apruebo será reemplazo por la Corte Constitucional. El Pleno debe pronunciarse por esta norma es el próximo martes 14.
- “El Tribunal Constitucional no podrá conocer nuevas causas. Todos los requerimientos de inaplicabilidad ya radicados en el Tribunal Constitucional, deberán ser conocidos, tramitados y fallados por este órgano dentro de los seis meses siguientes desde la entrada en vigencia de esta Constitución”, señala el primer inciso.
- De acuerdo con el borrador del texto constitucional, la nueva Corte tendrá 11 integrantes (uno más que los que tiene el TC), durarán nueve años en sus cargos y no podrán ser reelegibles.
- A diferencia de lo que se hizo con el Poder Judicial, en que se aprobó que los ocho ministros de la Corte Suprema que debían dejar de inmediato sus cargos puedan permanecer hasta que cumplan su período, al igual que otros 100 jueces, el caso del TC fue distinto. Esto, porque de ganar el Apruebo, si bien todos sus integrantes deben dejar sus puestos, sí se permitió que quienes hayan cumplido menos de la mitad de su periodo, puedan postular a la Corte Constitucional.
- “Los jueces y juezas de la Corte Constitucional se proveerán de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo (…) de esta Constitución. Las y los ministros cesados que hayan ejercido menos de la mitad de su periodo podrán ser nombrados para integrar la Corte Constitucional”.
Cómo es la integración del TC. Actualmente, el TC tiene ocho de sus diez integrantes, pues están pendientes las vacantes que debe votar el Senado para las que la DC propuso a la profesora de derecho administrativo de la PUC Alejandra Precht y Renovación Nacional al abogado y exdiputado Gonzalo Fuenzalida.
- De los ocho integrantes, de acuerdo con la norma aprobada por la Comisión de Normas Transitorias este 8 de junio, si quisieran postular a la nueva Corte Constitucional, solo tres cumplen el requisito de haber ejercido menos de la mitad de su periodo.
- En este caso se encuentran tres jueces cercanos a la izquierda: el ministro Rodrigo Pica, quien fue nombrado en el TC en junio de 2021 a través de un concurso público ante la Corte Suprema, y las dos nuevas ministras que designó, en abril pasado, el Presidente Gabriel Boric, Daniela Marzi y Nancy Yáñez.
- Así, si en el Plebiscito de septiembre se aprueba la nueva Constitución, aunque seguirán por seis meses en el TC terminando las causas pendientes, hay cinco ministros que ya no podrán ser jueces constitucionales.
- Entre quienes exceden el período propuesto por la comisión se encuentran el actual presidente del TC, Cristián Letelier, Nelson Pozo y José Ignacio Vásquez. Los tres fueron nombrados en 2015 y, de ganar el Rechazo, continuarían hasta 2024, al cumplir nueve años.
- En el caso Miguel Ángel Fernández y María Pía Silva sus nombramientos fueron en julio de 2018 y la mitad de su periodo se cumple en enero de 2023.
“Hay un ánimo de continuidad”. César Valenzuela, convencional del Colectivo Socialista e integrante de la Comisión de Normas Transitorias, explica que la decisión de permitir postular a los jueces y juezas del TC que hayan ejercido menos de la mitad de su periodo, se debe a que “el espíritu de la Convención es, en general, no interrumpir los mandatos. En el caso de los funcionarios públicos e, incluso de los senadores, se asegura la continuidad con el hecho de que el sistema político empieza a funcionar en 2026”.
- “En el caso de los ministros del TC también primó esa posibilidad en términos de que aquellos que no habían cumplido menos de la mitad de su periodo, pudiesen tener esta posibilidad de integrar la nueva Corte Constitucional”.
- “En varias disposiciones, uno puede inferir de que hay un ánimo de continuidad o de término gradual de estas instituciones”, agrega.
- Sobre el plazo de seis meses para que termine de funcionar el TC, Valenzuela dice que se decidió así pues “fue definido como uno de los objetivos prioritarios del proceso constituyente, tener instalada la nueva justicia constitucional porque será la que va a cumplir un rol fundamental en el proceso de implementación y de gestión de la nueva Constitución”.
- “El Tribunal Constitucional, está diseñado y funciona, con todos los problemas que tiene, asociados a la actual Constitución. No tenía sentido que ese rol tan importante lo cumpliera una institución del viejo orden”.
“Hay una obsesión con terminar con el TC”. Cristian Monckberg, convencional RN y quien es uno de los dos votos que se abstuvo en la comisión, agrega otro punto: dice que detrás de la propuesta “hay una obsesión con terminar con el Tribunal Constitucional”.
- “Primero, se le impide seguir conociendo causas apenas se apruebe la Constitución y, segundo, se le da un plazo muy acotado para que termine de tramitar todo lo que tiene”.
- “Además, es establece un plazo muy acotado para que la nueva Corte Constitucional entre en funcionamiento. Y eso requiere de un proyecto de ley”.
- “Hay un alto riesgo que durante un tiempo nos quedemos sin una justicia constitucional operando y eso es de una complicación mayor no solo para los recursos de inaplicabilidad, sino también para los conflictos que se pueden producir entre el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones”.