El plazo perentorio de la Contraloría a la ministra de Justicia para remitir informe sobre controvertido acuerdo con presos mapuches

Cinco días hábiles administrativos tiene la ministra Marcela Ríos para remitir un informe al organismo fiscalizador sobre las circunstancias en que Gendarmería firmó un acuerdo con comuneros que permanecían privados de su libertad en el recinto penal de Angol. Tres diputados RN presentaron el requerimiento en agosto pasado, pero aún no hay respuestas.

Contexto general. La ministra Marcela Ríos ha sido citada en varias oportunidades tanto por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados como  por la Comisión Especial Investigadora sobre Funciones de Resguardo de la Seguridad y Orden Público Interno y Persecución de la Delincuencia para que aclare las circunstancias legales y administrativas que Gendarmería decidió una serie de beneficios para internos mapuches de la cárcel de Angol.

• En ninguna sesión ha entregado explicaciones satisfactorias sobre las interrogantes que cuestionan la legalidad de la firma de un acuerdo con 19 comuneros privados de su libertad en el penal, en medio de amenazas y acciones coercitivas de parte de algunas comunidades de la zona.
• Ello ha provocado el análisis de una acusación constitucional en su contra, cosa que aun no es desechada. Los posibles impulsores de la acción serían los diputados RN, Diego Shalper y Andrés Longton, y ambos contarían con los votos suficientes para que la acusación prospere.

Presentación ante la Contraloría. El 19 de agosto pasado, los diputados Shalper, Longton y Miguel Mellado, hicieron una presentación ante Contraloría (N° 164.548) con el fin de que el organismo se pronuncie “respecto de la legalidad del accionar del Director Regional de la Araucanía de Gendarmerla de Chile, del Director de la cárcel de Angol y de los miembros del Consejo Técnico de Gendarmería de dicha unidad penal”.

• También piden “la conformidad a derecho del ‘Acta de Acuerdo’ suscrita entre el Director Regional aludido, el Lonko Victor Queipul Huaiquil y comuneros mapuches privados de libertad pertenecientes al modulo F del centro penitenciario de Angol”.
• El texto señala que Gendarmería habría actuado bajo presión ejercida por 19 internos en huelga de hambre apoyados por individuos que rodearon el penal e instalaron pancartas con amenazas a los funcionarios penitenciarios, lo que se mantuvo por varios días.
• “El miercoles 17 (de agosto), un conjunto de personas cuya identidad se desconoce se apostó en las inmediaciones del recinto penal, lugar en donde se registró a individuos portando armas, llegándose a hablar de un verdadero sitio o toma del establecimiento y se constató, como informan distintos medios de prensa de circulación nacional y local, que habrían hecho ingreso al interior del recinto penal”, señala parte del escrito.
• Ese mismo día, el director regional de La Araucanía de Gendarmería suscribió un acuerdo con los 19 internos en huelga de hambre y con Víctor Queipul Hualquil, Lonko de la comunidad autónoma de Temucuicui, quien habría liderado los actos de presión en el exterior del recinto penal.

Acto Ilegal. El escrito de los parlamentarios señala que las concesiones, acordadas por el coronel Juan Navarrete Gamboa, director regional de Gendarmería, “adolecen de total ilicitud” porque fueron suscritas “con internos que se encontraban en un acto de coacción hacia el régimen penitenciario, con movilizaciones y agresiones externas en contra del recinto penal”.

• Tampoco le reconocen potestad jurídica a Víctor Queipul para firmar este acuerdo: “No reviste personería, ni idoneidad legal alguna para representar intereses ante la institución de Gendarmería, arribándose a este sin respetar el procedimiento legal y reglamentario que rige para la concesión de los beneficios que fueron otorgados”, entre otros aspectos.

Solicitud de informes: Con los antecedentes, los tres parlamentarios solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) pedir información tanto a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, del director nacional de Gendarmeria de Chile, del director regional de la Araucanía de Gendarmería de Chile, del director de la Cárcel de Angol y de los integrantes del Consejo Técnico de Gendarmería, a lo que el organismo fiscalizador accedió.

• Sin embargo, la ministra de justicia mantiene su silencio, al igual que lo ocurrido en las sesiones de  las comisiones parlamentarios. Ello motivó que la Contraloría le remitiera un segundo oficio donde le señala: “Requerido su informe mediante oficio N° E251665, de 2022, respecto de la presentación formulada por presentación formulada por los señores diputados Andrés Longton Herrera, Miguel Mellado Suazo y Diego Schalper Sepúlveda, tal documentación aún no ha sido recepcionada por este Órgano de Control”
• Esta vez, la CGR le puso un plazo perentorio: “Atendido que hasta la fecha el señalado informe no ha sido proporcionado, esta Institución Fiscalizadora, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, viene en reiterar el aludido requerimiento, a fin de que se sirva remitirlo dentro de 5 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio”.

A continuación el documento íntegro: