El fraude electoral de Nicolás Maduro, claramente verificado con la publicación de actas oficiales recuperadas por los apoderados de mesa y vocales independientes en el sitio https://resultadosconvzla.com, pasa a convertirse a medida que transcurren las horas y los días en un autogolpe de estado que busca poner fin a cualquier esperanza democrática en Venezuela.
María Corina Machado y Edmundo González, mostrando un gran temple y sabiduría política, llaman al pueblo a manifestarse pacíficamente e insisten en que el resultado electoral debe abrir paso a una negociación con el gobierno de Maduro para una transición democrática y reencuentro nacional. Este último concepto es relevante: no se trata sólo de un encuentro entre gobernantes y opositores en pro de los intereses permanentes del país sino también de un reencuentro de los venezolanos que viven en el país con los ocho millones que han debido abandonarlo por razones políticas o económicas, ante el desastre que ha significado el chavismo, y que, dicho sea de paso, ha impactado negativamente en todo el continente con la crisis migratoria.
Por eso también es legítima la preocupación y las exigencias de transparencia que han realizado todos los países de la región -salvo obviamente países no democráticos como Nicaragua y Cuba en la región y Rusia y China más allá- en torno al evento electoral venezolano. La amenaza de una nueva ola migratoria desde Venezuela ofrece un escenario de crisis para toda la región, cuyos sistemas de seguridad, sanitarios y educacionales ya se encuentran colapsados con la masiva avalancha de desplazados.
No se trata de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Venezuela dejó de ser hace mucho rato un asunto venezolano, porque su crisis humanitaria y las violaciones constantes y sistemáticas de los derechos humanos lo han convertido en un problema regional imposible de eludir.
En Chile y otros países de la región como Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica e incluso Colombia y Brasil cuyos presidentes son aliados ideológicos de Maduro, los presidentes y cancillerías han sido claros en exigir transparencia electoral y respeto a los resultados. Sólo unos cuantos “observadores” invitados por la dictadura -entre los cuales un diputado chileno y un eterno candidato presidencial- han expuesto sin sentido de la vergüenza los argumentos del régimen para validar el fraude.
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del presidente, en nuestro caso, la coalición que sostiene al gobierno no tiene una sola voz para defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Cabe preguntarse si acaso este es un tema acotado de relaciones internacionales o si se trata de una cuestión de principios fundamentales para la composición de una coalición de gobierno. La pregunta es válida porque, efectivamente, al tratarse de partidos y organizaciones distintas, con tradiciones culturales e ideológicas muy diferentes, es razonable que en su seno haya opiniones diversas sobre algunos temas en particular, pero termine primando el interés común en torno a una propuesta de gobierno o intereses electorales.
Sin embargo, este no es un tema de políticas públicas ni es un mero detalle fácilmente subsanable con frases ingeniosas. Se trata de una cuestión que se relaciona con las convicciones democráticas, con la lealtad a principios que constituyen a las fuerzas políticas democráticas. El partido comunista chileno, en este caso, ha dado muestras de escasa honestidad y pocos escrúpulos con principios democráticos básicos y se ha sumado a la orquesta chavista para intentar vanamente legitimar el fraude electoral y el autogolpe.
Para los personeros y electores demócrata cristianos será muy difícil explicarse la alianza electoral de su partido y votar en consecuencia por los candidatos comunistas en las próximas elecciones. Para los que se identifican con el socialismo democrático y han sido protagonistas de la construcción de nuestra democracia, empieza a resultar no sólo incómodo, como manifestaron los senadores Ricardo Lagos y Juan Luis Castro, estar al lado de los defensores del fraude electoral de Maduro, sino francamente intolerable y muy difícil de explicar a los chilenos y chilenas que han creído en su compromiso democrático.
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