En medio de las llamas provocadas por los incendios forestales se metió la política a partir del debate sobre cuáles serían las causas de que en tan poco tiempo se hayan producido tantos incendios simultáneos, especialmente en algunas zonas donde campea la “violencia rural” y los atentados incendiarios son pan de cada día.
Es un hecho que las causas de los incendios forestales son multifactoriales y que el cambio climático juega un papel fundamental con su secuela de sequías prolongadas y altísimas temperaturas lo que facilita su expansión y complica su extinción. También lo es que la mayoría de los incendios tienen su origen en la actividad humana que es la causante directa, ya sea por negligencia o maldad.
En nuestro caso, hay antecedentes fundados de que un porcentaje importante, cercano o superior al 41% de los siniestros han sido intencionales y dolosos; es decir que grupos de personas organizadas han resuelto generar una catástrofe en el sur del país con fines político-reivindicativos.
El primer interesado en investigar y esclarecer esta situación debería ser el Gobierno y sin embargo ha tomado una postura negacionista y defensiva, bajándole el perfil al asunto, como si el tema le incomodara porque interfiere con su estrategia comunicacional.
El Gobierno, abrumado como está por la pésima evaluación ciudadana, vio en la catástrofe no solo un gravísimo problema, sino que también un desafío y una oportunidad de demostrar eficiencia, capacidad de gestión, manejo de crisis; atributos que según las encuestas de opinión no posee.
La experiencia enseña que en situaciones límites los gobiernos son puestos a prueba. Para Bachelet el mal manejo del terremoto del 2010 resultó fatal porque dejo al descubierto que la presidenta no estaba a la altura; mientras a Piñera el mismo evento le permitió exhibir su talento menos discutido, su capacidad de organizar, dirigir y gestionar cuyo resultado fue una reconstrucción muy bien evaluada.
En la emergencia actual el Gobierno no está saliendo mal parado según los sondeos de opinión que muestran que un 47% estima adecuado su manejo, la única buena noticia que ha tenido en mucho tiempo; y justamente por eso no quiere hablar del “elefante en la habitación” , es decir de que en parte la catástrofe fue provocada por grupos violentistas que ha sido incapaz de controlar.
Esta dimensión de lo que está ocurriendo, premeditación de los incendios, introduce en el debate un tema tóxico para el Gobierno del que siempre saldrá muy mal parado, el de su incapacidad para mantener el orden público y controlar la delincuencia; y por eso hace todo lo posible para evitarlo.
Lo ve como una distracción que “ensucia” e interfiere con su estrategia comunicacional de proyectar un gobierno en terreno, desplegado, que se hace cargo; un presidente que puede exhibir su enorme y genuina capacidad de empatizar con los que sufren.
Desde el punto de vista de los intereses de corto plazo del Gobierno su actitud es racional y lógica; tiene que evitar a toda costa que la existencia de grupos organizados que quemaron miles de hectáreas copen la agenda.
Pero su estrategia no coincide con los intereses permanentes del país, porque esclarecer la magnitud de los incendios provocados dolosamente es una cuestión de seguridad nacional y ningún gobierno tiene derecho a barrerlo bajo la alfombra por que le conviene políticamente; y menos de tratar de desviar la atención sugiriendo otros “culpables” como las empresas forestales muy cuestionadas por sus partidarios y que no solo fueron víctimas de los incendios sino que aportaron mucho a combatirlos.
Por desgracia para el gobierno, las cifras hablan por sí mismas. Según el Sistema Digital Para el Control de Operaciones (SIDCO) a nivel nacional se han registrado 2.550 incendios de los cuales 714 son intencionales, es decir un 28%. En tanto las empresas registraron 907 de los cuales 688 (76%) fueron provocados; lo que arroja una cifra promedio del 41% a nivel nacional, según los informes oficiales.
Por su parte Corma aseguró que 7 de cada 10 incendios que se registraron en el Bio Bio y 6 de cada 10 en la Araucanía fueron provocados y que hay comunas donde esta cifra supera el 90%. Denuncian la aparición de “multifocos” donde se puede apreciar fuegos alineados en un mismo lugar, que es el “modus operandi” de las organizaciones que están tras los incendios intencionales; y lo mismo ocurre en Coronel, Coihueco y Penco.
En Santa Juana hay 4 detenidos y el fiscal habló de un “fenómeno criminal”. En Pelequén Región del Libertador se atacó a funcionarios de la Conaf que trabajaban en la extinción de un incendio.
Esta es la “nueva normalidad” en el Chile de hoy y no debería sorprendernos lo que está aconteciendo; no debemos olvidar que durante el estallido social se quemó el metro; y que no se deben analizar estos fenómenos aisladamente, porque en ambas cosas hay un hilo conductor de motivaciones políticas. Si es el 25% o el 50% de los incendios los que fueron deliberadamente provocados no es lo importante; en ambos casos serían cifras inaceptables que dan cuenta de la incapacidad del Estado de proteger a la población.
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