El buen desempeño del gobierno en la crisis eléctrica ilumina el camino. Por Kenneth Bunker

Ex-Ante
El Presidente Boric junto al ministro de Energía, Diego Oardow y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Foto: Agencia UNO.

El gobierno pudo haber usado el evento para justificar la intervención estatal forzada en la energía y darle de paso un cachetazo a los gobiernos anteriores por su responsabilidad en el asunto, pero no lo hizo. Actuó de oficio, y sobre la base de la urgencia del momento. Es una señal de aprendizaje. Aprendizaje forzado, pero aprendizaje al fin y al cabo. La actitud, que ciertamente puede revertir, sirve para mostrar una ruta hacia adelante para una coalición política que ha tenido sendas dificultades para pensar en lo que le conviene en el largo plazo.


De a poco el país va volviendo a la normalidad. Las movilizaciones por una nueva Constitución van quedando en el pasado, y vuelven a tomar prioridad las demandas del momento. A esta altura, probablemente son pocos los que siguen pensando que Chile tiene el tiempo que se necesita para debatir sobre el modelo sabiendo bien que eso implica postergar lo que requiere una respuesta inmediata.

El lujo de haber entrado en el debate constitucional, no una sino dos veces, tuvo un costo sustancial. Si bien el país no funcionaba a la perfección, en retrospectiva es claro ver que funcionaba lo suficientemente bien como para no cambiarlo.

Hasta el día de hoy se sigue pagando el costo de haber caído atrapado en una narrativa irresponsable y, lamentablemente, lo están pagando de forma desproporcionadamente alta las clases socioeconómicamente más vulnerables, las minorías, los jóvenes y las mujeres.

Por ejemplo, la inflación que llegó de la mano del discurso anti-sistémico terminó indirectamente impidiéndole a millones el acceso a préstamos y créditos y postergando sueños y vidas de forma indefinida. Lo mismo ocurrió con la escalada de la violencia y la inmigración ilegal, que, dentro del marco de la ambición política, se dejó avanzar orgánicamente sin resistencia alguna.

En fin, el costo de la retórica anti-sistema lo están pagando las personas comunes. Son muy pocos los que han logrado escapar de los efectos negativos asociados al discurso que terminó forzando al país a pasar por un tortuoso camino a ninguna parte.

Hasta el gobierno, que en su momento argumentó a favor del aplazar urgencias en favor de los cambios estructurales, se está dando cuenta de la importancia de atender las urgencias primero.

El haber insistido en cambios estructurales con tanta fuerza al comienzo de su administración, y haber postergado las prioridades de las personas, ahora no solo le ha forzado a dejar atrás mucho de lo que defendía como principio fundamental, sino que incluso a tomar una posición sorpresivamente contraria.

Así, asoma lo que a todas luces parece ser una nueva línea de acción para el gobierno, y que es visible en las leyes cortas de previsión y salud que empujó Boric en el Congreso, para mejorar pensiones y prevenir un colapso mayor, a pesar de que al mismo tiempo significaba alargarle la vida a las AFPs y a las Isapres.

Es también visible en lo que ocurrió esta semana, tras la tormenta que terminó cortándole la electricidad a millones.

Lo que hizo el gobierno fue tomar medidas inmediatas para hacerse cargo de una urgencia. Es cierto que no había tantas alternativas, en tanto el malestar de las personas se hizo evidente de forma inmediata. Pero, juzgando por sus reacciones en el pasado, pudo haber sido diferente.

Por ejemplo, el gobierno pudo haber usado el evento para justificar la intervención estatal forzada en la energía y darle de paso un cachetazo a los gobiernos anteriores por su responsabilidad en el asunto, pero no lo hizo. Actuó de oficio, y sobre la base de la urgencia del momento.

Es una señal de aprendizaje. Aprendizaje forzado, pero aprendizaje al fin y al cabo.

Si el gobierno hubiese actuado con la misma urgencia y sentido de responsabilidad para prevenir la crisis de seguridad y la inmigración irregular, así como también para hacerse cargo de una serie de otros problemas que han avanzado sin la estridencia del apagón, el país estaría en otro lugar.

Pero al menos ha aprendido, o parece haber aprendido de ese error.

Haber dejado de lado la oportunidad de instalar una agenda ideológica o de (intentar) ganar un par de puntos políticos magros al examinar públicamente los motivos del descalabro, le hizo bien al gobierno.

La actitud, que ciertamente puede revertir, sirve para mostrar una ruta hacia adelante para una coalición política que ha tenido sendas dificultades para pensar en lo que le conviene en el largo plazo.

Si la izquierda que gobierna quiere volver al poder debe dejar atrás el infantilismo revolucionario que le llevó a hacer promesas vacías en el intervalo posterior al estallido social. Como ahora sabe, todo eso no solo le ha impedido conseguir resultados concretos en los dos años y medios que ha gobernado, sino que también le ha traído sendos costos al país.

Si la izquierda de Boric quiere volver a gobernar, debe dejar constancia de que entiende la importancia de lo prioritario, y que hay un tradeoff entre hacerse cargo de lo urgente y dejar una huella en el tiempo, y que, si se debe escoger, lo primero es más importante que lo segundo.

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