El alto costo que pagó Ripamonti en la comisión investigadora de incendios en Valparaíso (y por qué no se aludió a Vallejo)

La comisión investigadora del megaincendio cerró este jueves su informe deslizando duros reproches en torno al manejo de la emergencia ocurrida a inicios de febrero por parte de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA). Los principales cuestionamientos se relacionaron con la limpieza de quebradas, la no convocatoria del Cogrid comunal y la falta de utilización de radios de emergencia durante el siniestro. La comisión no se refirió al rol de la vocera Camila Vallejo, nombrada como ministra de enlace para la región de Valparaíso, pese a que Republicanos había elaborado una propuesta que cuestionaba su labor. Todo apunta a que la derecha quiso circunscribir el costo político en Ripamonti, un símbolo del frenteamplismo que enfrenta una difícil reelección en octubre.

Qué observar. Este jueves, la comisión investigadora del megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero aprobó los tres capítulos de su informe final. El documento incluye aspectos sobre la responsabilidad de instituciones como Senapred, el MOP y el Minvu.

Críticas a Ripamonti. Durante la jornada, el foco de la discusión estuvo puesto en el capítulo que alude a las responsabilidades del Gobierno Regional y los municipios en la prevención y combate de la emergencia.

• Aunque hubo menciones a la gestión de la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillan (FA), los dardos apuntaron principalmente a la Municipalidad de Viña del Mar, liderada por Macarena Ripamonti, uno de los símbolos del frenteamplismo.
• En concreto, se aprobó por 5 votos contra 4 la indicación del republicano Luis Sánchez que acusa que Ripamonti “dio cuenta de que no se habrían realizado todos los cortafuegos y limpiezas de quebradas porque muchos de estos terrenos habrían sido privados”.
• Citando testimonios de vecinos se añadió que hubo solicitudes al municipio para ejecutar esos trabajos, pero no hubo “una respuesta favorable oportuna”.
• Se aseveró, asimismo, que Ripamonti no transparentó la información respecto a la limpieza de quebradas y la generación de cortafuegos sino que aludió a “las dificultades propias del trabajo y la geografía de la comuna” e hizo referencias a los anteriores alcaldes por ingresar a terrenos privados en forma ilegal.

Sin plan de emergencia. El informe dio cuenta de que cuando Ripamonti asistió a la comisión, el 10 de junio, los diputados consultaron si se había realizado un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) tras la emergencia.

• En esa oportunidad, se indica, la alcaldesa no entregó una respuesta clara. Pero, según los parlamentarios, el Cogrid no se convocó, a diferencia de lo ocurrido en comunas como Quilpué.
• Otro cuestionamiento tuvo que ver con el plan de emergencias. “(Hubo) falencias sobre los roles, funciones y coordinación del proceso de evacuación”.
• La mayoría de los legisladores dieron cuenta de que durante la emergencia Ripamonti no envió funcionarios para facilitar la evacuación, argumentando peligro para ellos. Pero, agregaron, la alcaldesa de Quilpué sí lo hizo.

Por qué no se aludió a la ministra Vallejo. La comisión no se refirió al rol de la vocera Camila Vallejo, nombrada como ministra de enlace para la región de Valparaíso, pese a que Republicanos había elaborado una propuesta que cuestionó su labor.

• Vallejo duró 2 meses en ese rol, tiempo en el que se abocó principalmente a hacer vocerías en el marco de un nombramiento que se hizo sin un respaldo legal. La salida de la labor encomendada por el Presidente Boric, sin aviso, surgió en medio de cuestionamientos al rol del gobierno por la reconstrucción, ante lo cual parte de la oposición planteó entonces que se había convertido un hábito en ella el rehuir de problemas complicados, tal como ha planteado el Socialismo Democrático al comparar su papel con el de la ministra Tohá, lo que es desmentido por cercanos a la portavoz.
• Finalmente la oposición optó por apuntar solo contra Ripamonti, quien compite por la reelección difícil y amenazada por el arquitecto Iván Poduje.

Controversia por inhabilitación del diputado Brito. Mientras se debatía el rol de Ripamonti en el manejo del megaincendio, Sánchez solicitó la inhabilitación del diputado Jorge Brito (FA), apuntando un posible “conflicto de interés”. Esto, porque la alcaldesa de Viña fue asesora del parlamentario y la hermana de Brito presta servicios para la Municipalidad.

• El parlamentario FA rechazó inhabilitarse y el ambiente se encendió.
• La secretaria de la comisión señaló entonces que no era necesario que Brito se inhabilitara y el diputado Lagomarsino llamó al orden.
• Para entonces el presidente provisorio del FA, Diego Ibáñez, había salido en defensa de Brito, calificando de “ridícula” y “absurda” la solicitud de los integrantes opositores.
• El tono siguió subiendo. Brito aseguró que “esto muestra una vez más la altura moral con la que se instalan acá cuando en realidad son cómplices de la persona de la cual yo soy querellante, que es la señora Virginia Reginato (…). Cuando el diputado Celis tenía que fiscalizarla, le encantaba pasearse por la alfombra roja del Festival de Viña del Mar y ser parte de esta red de corrupción que estaba instalada en el municipio”.
• Celis respondió que esperará el acta de la sesión para querellarse en contra de Brito.

La delegada presidencial que estaba de vacaciones. La comisión cuestionó el que la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González (PC), se haya tomado vacaciones el día en que se inició la emergencia.

• Entre el mediodía y las 22.00 horas del 2 de febrero, González fue subrogada en la delegación presidencial por la seremi de Justicia, Paula Gutiérrez (PS). La abogada de 34 años encabezó las vocerías ante los medios y monitoreó la alerta roja en las provincias de Valparaíso y Marga Marga y el corte de la Ruta 68.
• Desde las 10 de la noche, Sofía González lideró el Cogrid regional, que sesionó en Sausalito, lugar que los diputados calificaron como zona de riesgo dada su cercanía con árboles y plantaciones.
• A juicio de los legisladores, en el caso de Gutiérrez existió una “negligencia inexcusable” y “falta de idoneidad” para dicho cargo. Además, imputaron “claros errores en la delegación presidencial”, institución que no habría coordinado adecuadamente el trabajo de los servicios públicos.