-Hoy comienza la última etapa de la Comisión Experta. De aprobarse el anteproyecto tal cual como salieron las propuestas de las subcomisiones, ¿estarán conformes como oficialismo?
-Habría que preguntarle a todo el oficialismo, pero diría que es una propuesta de consenso que fue conversada, deliberada y acordada durante los últimos dos meses y medios y que evidentemente hay propuestas que nos dejan tranquilos en el entendido que no cierran la puerta a futuras discusiones legislativas. Ese era nuestro principal objetivo y diría un objetivo transversal, que la propuesta no declare de antemano que hay ciertas iniciativas legislativas que son inconstitucionales. Eso supuso para ambos lados que hubo cuestiones más particulares que tuvieron que quedar fuera para justamente poder movernos a una propuesta más general, menos de parcialidad. Entonces hay cosas que nos gustaría que estuvieran y no están, pero entendemos que es parte de este acuerdo.
-¿Cuáles son esas cosas que les hubiesen gustado que estuvieran?
-Escaños reservados para pueblos indígenas por ejemplo, defensoría de los derechos humanos que para nosotros es clave. Nos hubiese gustado una modalidad diferente del procedimiento de reemplazo (de la Constitución), un rol distinto del Banco Central no en cuanto a su función central, sino consideraciones que hoy no están presentes como por ejemplo las relativas al medio ambiente.
-Una de las principales discusiones que se dio incluso antes de la instalación de la Comisión Experta era si el Estado social y democrático de derecho es compatible con un Estado subsidiario.
-Esa es una discusión falsa que a nadie le dice absolutamente nada y yo al menos nunca me expresé en esos términos así que no me voy a hacer cargo. Lo que está en las bases y en la propuesta es que las prestaciones sociales que el Estado social debe orientar a la ciudadanía en materia de salud, seguridad social, etc, se puedan prestar tanto por operadores públicos como por operadores privados.
-¿Están de acuerdo con esa redacción?
-Está en las bases y no las podíamos tocar. Siempre tuvimos las bases a la vista en la Comisión para efecto de las decisiones que estábamos tomando. Cada decisión que tomábamos, cada discusión que teníamos, la hacíamos a la luz de las bases, las que muchas veces sirvieron como reglas por defecto para los casos en los cuales no podíamos arribar a una conclusión diferente. Segundo, nos parece adecuado que las prestaciones sociales puedan brindarse tanto por operadores públicos como privados.
No hay ningún Estado social exitoso que no participen operadores tanto públicos como privados. Y en tercer lugar, nos parece que eso también está en sintonía con el propósito general que estaba detrás de todo este proceso que es dejar las vías habilitadas para que la forma precisa en que esos prestadores van a participar de la provisión de bienes sociales la defina el legislador de conformidad a las mayoría políticas que correspondan.
-¿Cree que el Consejo Constitucional va a aprobar y mantener los lineamientos del anteproyecto de consenso?
-Este es un acuerdo que costó mucho cerrar, fue deliberado, discutido y las conclusiones fueron reposadas. Aquí no hay nada que no haya sido observado, visado y consentido por todos los sectores que integran la Comisión Experta, que nos parece es lo que hoy día la ciudadanía pide y espera: tener una propuesta que está apoyada por todos los sectores. Esperaría que el Consejo respetara ese equilibrio político que tiene la propuesta de la Comisión Experta. No tengo dudas que el Consejo va a sentir también la misma responsabilidad que sentimos nosotros al tener que encarar lo que es finalmente una tarea constitucional.
-Como Comisión Experta, si los integrantes republicanos vetan normas que para ustedes son claves, ¿cómo van a actuar?
-La Comisión va a participar con derecho a voz, como es nuestra atribución, explicando o dando cuenta de cuáles son las razones por las cuáles llegamos a los acuerdos que llegamos. Y eso es muy importante porque va a permitir transmitir al Consejo lo delicado y lo difícil que fue arribar a estas formas de consenso. Entonces yo esperaría que este mismo ánimo de acuerdos transversales que está en la Comisión Experta se traslade al Consejo, más allá de la cuestión de los números. Tiene que ver con poder ofrecer una propuesta constitucional que finalmente toda la ciudadanía, independientemente de su posición política se vea reflejada. En la medida en que alguien se vea excluido o excluida de esa propuesta, va a hacer ruido innecesario y va a colar en jaque la propuesta constitucional que finalmente se va a ofrecer al pueblo para su ratificación.
Hay que considerar que todas las normas que se ofrecen hoy día en la propuesta son normas acordadas transversalmente y que en consecuencia hay un efecto político que puede seguirse de su eliminación, morigeración o finalmente de su reforma y esto es una responsabilidad con la cual el Consejo tendrá que lidiar en su momento. No sé qué es lo que va a hacer el Consejo más allá de las declaraciones que se han emitido, pero insisto, creo que el Consejo va a estar a la altura de la responsabilidad que la Constitución hoy día nos encomienda como órganos del proceso constituyente.
-Para usted, cuál es el ideal de funcionamiento de la Comisión Experta a partir del 7 de julio, ¿que los 24 comisionados funcionen como un bloque en defensa de este anteproyecto o cada sector por su lado?
-Yo he evitado la expresión defensa, y no es por una cuestión solamente de palabra, sino porque lo que debiéramos hacer como Comisión es presentarnos en el Consejo y a medida que el Consejo lo requiera, dar cuenta de las razones por las cuales arribamos a las conclusiones que llegamos. Y eso, inevitablemente supone, dado que este es un acuerdo y una propuesta transversalmente construida, que la Comisión Experta en conjunto pueda participar con voces de los diferentes sectores dando cuenta de por qué llegamos a las conclusiones o a las propuestas que llegamos.
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