Abril 16, 2022

Disparo a los pies. Por Ignacio Walker

Ignacio Walker, ex presidente de la DC y ex senador

Ha quedado demostrado que no es el gobierno el que controla a sus parlamentarios, sino que son sus parlamentarios los que controlan al gobierno. El hábil juego de los parlamentarios y convencionales del PC está demostrando que dentro de la coalición oficialista hay socios controladores clase A, acompañados de socios clase B, como los del Frente Amplio, y socios clase C, los del socialismo democrático.


Pasaron relativamente desapercibidas las palabras del diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier, del lunes 4 de abril, en medio de la discusión sobre el quinto retiro cuando dijo “sé que algunos parlamentarios están planteando variantes que queremos estudiarlas, nos estamos dando el trabajo de hacerlo, para tener una posición muy responsable frente a la ciudadanía y a este proyecto”; pero, ¿de qué tipo de variantes se trataba?

Parecía que el horizonte quedaba despejado cuando el jueves 7 de abril el presidente Boric junto con los ministros de Hacienda, Mario Marcel y del Trabajo, Jeannette Jara anunciaron el Plan de Recuperación Inclusiva “Chile apoya” por US$ 3.726 millones, incluyendo la creación de 500.000 puestos de trabajo especialmente mujeres y jóvenes, entre otras veinte medidas.

El presidente Boric y el ministro Marcel habían reiterado pública y categóricamente su oposición a un nuevo retiro de fondos previsionales (nunca se les escuchó hablar de las tan mentadas variantes). Es cierto que en el caso del presidente aparecía el contrasentido de haber apoyado, como diputado, los cuatro primeros retiros, pero, otra cosa es con guitarra y como presidente de las República no estaba dispuesto a ceder en una materia que era algo así como “dispararse a los pies” como sociedad, como diría algunos días después.

En el caso del ministro Mario Marcel, en cambio, era casi una cuestión de principios: en forma invariable, como presidente del Banco Central y luego como ministro de Hacienda se había opuesto tenazmente a los retiros de fondos previsionales, con una batería de argumentos claros y contundentes. De hecho, el lunes 11 ante el parlamento hizo una exposición pormenorizada acerca de por qué un nuevo retiro de fondos previsionales era perjudicial para la economía, enfatizando las consecuencias sociales asociadas a la presión inflacionaria y el sobre calentamiento de la economía.

Uno pensaba que el gobierno, con el presidente a la cabeza, secundado por su ministro de Hacienda y con el apoyo del Comité Político habían definido un curso de acción que fuese consistente con la apreciación de situación en cuanto a lo altamente inconveniente y perjudicial que sería para la economía, para el país y los trabajadores un nuevo retiro de fondos previsionales.

Uno pensaba que el gobierno tenía un plan y una estrategia política encaminada a comprometer a los parlamentarios del Apruebo Dignidad y el socialismo democrático -tal vez aprovechando la corta luna de miel de no haber cumplido un mes siquiera en el gobierno- en términos de cerrar filas con el gobierno en una materia donde parecía existir un interés vital en el ámbito económico y social.

Y vino la sorpresa enorme cuando al día siguiente de la contundente exposición del ministro Marcel, el martes 12 de abril, el gobierno, a través del mismo ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo -la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, declaró que no tenía conocimiento del proyecto- anuncia el envío de un proyecto de ley que fue ingresado ese mismo día a la Cámara de Diputados para permitir un nuevo retiro de fondos previsionales, aunque acotado a una serie de aspectos que pasaron a detallarse y que siguen en discusión (al momento de escribir estas líneas se dice que la lista de cosas que se podrían hacer con dichos fondos no está cerrada).

La protagonista absoluta de esa jornada fue la diputada Karol Cariola del mismo PC que estaba estudiando desde el lunes 4 de abril, por boca de su presidente, “variantes” al proyecto de quinto retiro del 10% de fondos previsionales. Ella, los diputados del PC, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, del mismo partido, y el mismísimo ministro de Hacienda que desde hace dos años y en los últimos días y semanas había insistido hasta el punto en que su propia credibilidad aparecía comprometida en una férrea y decidida oposición a los retiros de fondos previsionales, aparecían ingresando a discusión parlamentaria el proyecto de marras.

El gobierno, el presidente Boric, los ministros de Hacienda y del Trabajo y los parlamentarios del PC, seguidos de señales de aprobación de la mayoría de los parlamentarios oficialistas, cerraron filas en torno al proyecto sobre retiro de fondos previsionales (aunque algunos diputados y diputadas oficialistas mantienen abierta la posibilidad de aprobar el proyecto de reforma constitucional sobre quinto retiro). El gobierno cedió, el presidente cedió, el ministro Marcel cedió y con ello se tendió un gran manto de duda sobre la credibilidad del presidente, de su ministro de Hacienda y del propio gobierno cuando recién se cumplían 30 días desde que asumiera el gobierno.

El mismo martes 12 el presidente Boric declaró públicamente que un quinto retiro era como “un disparo a los pies” de la sociedad tal vez sin advertir que el proyecto de ley se convertía en un disparo a los pies del propio gobierno y sus más altas autoridades, con consecuencias hacia el futuro desde el punto de vista de la marcha del país.

No por nada al día siguiente, la presidente del Banco Central, Rossana Costa, sucesora de Marcel en el cargo declaraba que el retiro acotado tiene el efecto de “jibarizar el mercado de capitales de largo plazo”, agregando que “tiene un efecto estructural adverso” en el mismo horizonte de tiempo.

Y no es que uno no entienda el estrecho desfiladero por el que transcurre la política y las características de una coalición como la del Apruebo Dignidad, sino que, existiendo un interés vital para el gobierno en términos de las consecuencias económicas y sociales de un nuevo retiro, era el momento de jugársela por la cohesión de una coalición que recién se inicia en las lides del gobierno.

Si la jefa política del gabinete Izkia Siches fue recibida a balazos en la Araucanía en su primera salida a terreno, en una incursión que adoleció de improvisación según la voz de los entendidos, junto a los errores forzados por todos conocidos, todo lo cual redunda en un menguado rol del liderazgo político del gabinete, la situación en que queda el ministro Mario Marcel en su calidad de ministro de Hacienda -cargo al que accedió bajo el más que atendible argumento de que el merecido capital profesional acumulado a través de una trayectoria verdaderamente impecable era para utilizarlo y no para guardarlo- se ve afectada en su propia credibilidad como jefe económico del gabinete.

Ha quedado demostrado que no es el gobierno el que controla a sus parlamentarios, sino que son sus parlamentarios los que controlan al gobierno. El hábil juego de los parlamentarios y convencionales del PC está demostrando, en los primeros 30 días del gobierno y en los meses que van de funcionamiento de la Convención Constitucional, que dentro de la coalición oficialista hay socios controladores clase A, acompañados de socios clase B, como los del Frente Amplio, y socios clase C, los del socialismo democrático.

El disparo a los pies en esta semana es una señal de alerta en cuanto a aquello que es el trasfondo de todo el proceso político gatillado desde el 18/10 y el advenimiento del gobierno del Apruebo Dignidad: la gobernabilidad democrática. Vienen días difíciles y el precedente no puede ser más complejo: ¿Quién podrá detener el sexto retiro (acotado) ad portas del plebiscito del 04/09?

Es de esperar que este tipo de preguntas y las reflexiones que surgen en torno a este episodio sean abordadas en el Comité Político del próximo lunes. Es demasiado lo que está en juego desde el punto de vista de la conducción política y económica del gobierno y su repercusión en la marcha general del país.

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