Diferencias sobre la libertad de elegir en salud tensiona el trabajo de los expertos

El debate al interior de la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales sobre los alcances del derecho a la salud se ha transformado en un símbolo de la falta de consenso en la etapa de presentación y discusión de las enmiendas al interior de la Comisión Experta. Ésta y otras diferencias que han salido a la luz pública confirman un secreto a voces: los profundos contrastes ideológicos entre los sectores políticos auguran un segundo tiempo bajo tensión.

Lo que viene. Las subcomisiones deberán aprobar o rechazar las enmiendas presentadas. Para su aprobación requieren voto a favor de cuatro de sus seis integrantes (3/5). Posteriormente, el Pleno de la Comisión Experta discutirá y votará en particular cada capítulo que conformará la propuesta de texto constitucional. En el Pleno necesitarán catorce votos a favor de sus veinticuatro integrantes (3/5). Ese documento será el que entregarán al Consejo Constitucional una vez que asuma funciones el próximo 7 de junio.

Los principales nudos ideológicos que dificultarán el trabajo en cada subcomisión

Fueron 923 enmiendas las que se presentaron -el lunes pasado- a la propuesta general de articulado aprobado por la Comisión Experta. A diferencia de las instancias previas donde hubo unanimidad, en esta oportunidad solo la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos ingresó enmiendas en conjunto, mientras que en las otras tres los bloques políticos fueron por separado.

Esto significó un problema en la Comisión Experta, dado que el oficialismo informó su intención de eliminar normas de la propuesta general, argumentando que el acuerdo de la fase anterior nunca implicó un apoyo irrestricto a las normas aprobadas y que parte de la discusión en particular consiste en agregar, modificar o eliminar artículos. Lo anterior, no fue bien recibido por parte de la oposición, que señala que algunas enmiendas socavan los acuerdos compensatorios logrados, pues desvirtúan aspectos esenciales y sustantivos.

 – Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado

Sistema electoral. Ambos bloques comparten la mantención del sistema proporcional y la prohibición de las listas de independientes, cuya inclusión en el proceso anterior es mencionado como una de las causas de su fracaso. Con todo, deberán resolver los siguientes nudos:

Propuestas oficialistas:

• Listas cerradas, bloqueadas y terminar con los pactos electorales. En la oposición están en contra de estas ideas y en sus enmiendas plantea listas abiertas con pactos electorales.
• Escaños reservados para los pueblos indígenas en el Congreso Nacional, dejando para la ley la determinación de su número en proporción a la población inscrita en un registro especial denominado Registro Electoral Indígena, que deberá asegurar la representación plural de pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución. La oposición no comparte esta idea.
• Voto voluntario desde los 16 años.

Propuestas de la oposición:

• Redistritaje, en que cada distrito elija entre 3 y 5 escaños, lo que evitaría diputados electos con un mínimo porcentaje de votos.
• Excepción al umbral de 5% de votación para que los partidos puedan tener representación parlamentaria, en los casos en que la colectividad sume al menos ocho parlamentarios incluyendo los senadores de la legislatura anterior. En el oficialismo quieren mantener el umbral sin excepciones.

También se discutirá una indicación presentada por las comisionadas DC que busca que los partidos que no logren el 5% constituyan federaciones con otras colectividades para cumplir la exigencia, de esta forma se pueden unir sin la necesidad de fusionarse.

Paridad. El oficialismo ingresó varias enmiendas para garantizar la paridad de género en el Congreso y en los órganos colegiados del Estado, pues consideran que la propuesta aprobada por unanimidad no es suficiente. Además, presentó indicaciones para fortalecer las normas de paridad en el capítulo de principios.

La oposición, sin usar la palabra paridad, propone complementar la norma aprobada en general introduciendo un mandato para que el Estado promueva la integración igualitaria en los estamentos de elección colegiados, como por ejemplo el Congreso Nacional. Buscan asegurar la paridad de entrada, pero no en lo resultados, señalando que así se respeta la voluntad popular expresada a través del voto.

Sesión 20 de abril: esta subcomisión recibió a representantes de la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI), Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), quienes expusieron sobre los alcances y desafíos del nuevo texto, en materias como descentralización, autonomía y desarrollo regional.

– Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Derecho a la salud. Se ha señalado que el corazón de las diferencias entre el oficialismo y la oposición es una de las normas que regula el derecho a la salud cuyo texto señala: “la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado”.

El oficialismo no comparte que se permita que cada persona elija si adscribirse al régimen de salud estatal o privado, pues implicaría constitucionalizar el sistema de isapres, por lo que anunció que rechazaría la norma. La discusión de fondo se traduce en si la Constitución va a permitir que las personas elijan el destino de sus cotizaciones de salud.

En esta línea, las comisionadas Paz Anastasiadis (DC), Catalina Lagos (PS) y Alejandra Krauss (DC) y los comisionados Gabriel Osorio (PS) y Flavio Quezada (PS) presentaron una enmienda para eliminar dicha posibilidad, limitándola a la elección del prestador de salud. Esta propuesta establece: “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el prestador de salud sea este estatal o privado, de conformidad a la ley”.

Además, las comisionada Magaly Fuenzalida (FRVS), Antonia Rivas (CS) y los comisionados Alexis Cortés (PC), Domingo Lovera (RD) y Francisco Soto (PPD), formularon una enmienda que elimina las referencias a la posibilidad de elegir. De esta forma la norma sólo indicaría “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.”  Estas propuestas apuntan a permitir que en el futuro la ley establezca un seguro único en el cual el Estado sea el único administrador del 7% de cotización obligatoria.

Por su parte la oposición, en materia de salud, presentó una enmienda que mandata al Estado a garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley.

Derecho a la vida del que está por nacer. La oposición presentó una enmienda para que la Constitución establezca que protegerá la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable.

Derechos sexuales y reproductivos. El oficialismo propone una enmienda sobre los derechos sexuales y reproductivos, que protege el derecho a tomar decisiones informadas y autónomas sobre la vida sexual y reproductiva y acceder a las prestaciones de salud correspondientes, sin coacción ni discriminación. Incluyen también el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones.

Agua. El oficialismo presentó una enmienda al derecho de propiedad que señala que el agua es un bien natural de uso público, en cualquiera de sus estados, sin que exista propiedad sobre ella. Agrega que en función del interés público se podrán constituir derechos de aprovechamiento sobre ellas, los que podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad con las disposiciones de la ley.

 Cotizaciones previsionales. La oposición presentó una enmienda que explicita que el Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales y los fondos que generen, garantizando la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad de los mismos.

 – Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos

Servicialidad del Estado. Parte del oficialismo presentó una enmienda para eliminar el concepto de servicialidad del Estado, lo que había sido un logro de la oposición. En particular, la propuesta busca modificar la norma que señala que el Estado deberá servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, por otra que señale que la finalidad del Estado es promover el bien común.

En la sesión del 18 de abril se dio cuenta de que deberán tratar 190 enmiendas y se definió un cronograma.  Asimismo, se revisaron las normas de nacionalidad y ciudadanía aprobadas en general. Su presidente Máximo Pávez (UDI) las definió como “un capítulo pacífico, desde el punto de vista sobre quiénes son los nacionales y quiénes son los ciudadanos”. En general se mantuvieron los criterios vigentes, pero no se consideraron algunas restricciones lo que abre espacio para profundizar en el concepto de apátrida, que según lo señalado por la comisionada Verónica Undurraga (PPD) afecta principalmente a niños producto del fenómeno de migración.

– Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos

Fue la subcomisión que presentó indicaciones transversales. Dentro de las materias que no tienen acuerdo están:

Control preventivo. La oposición busca reponerlo, pues no está contemplado en las normas aprobadas, incluyendo una devolución al Congreso para que los parlamentarios corrijan las eventuales inconstitucionalidades detectadas durante la tramitación de un proyecto de ley. El oficialismo está por eliminar este control.

Integración de las cuatro comisiones que se harán cargo del gobierno judicial (funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial). La oposición pretende dejar regulada la integración en la Constitución y con mayoría de jueces, mientras que el oficialismo prefiere que quede en manos de la ley haciendo referencia a que debe haber mayoría de jueces electos por sus pares.

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