De aquellos polvos, estos lodos. Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante
Imagen de la despedida del suboficial mayor Daniel Palma en Rancagua. Foto: Agencia UNO.

El Estado democrático tiene que usar todos sus recursos en defensa de la población. Y no basta con aprobar nuevas leyes. Se necesita llevar adelante una gran ofensiva en el terreno operativo para desarticular a los grupos mafiosos.


No se puede entender la crisis de seguridad pública sin el intento de hacer saltar la legalidad por los aires en octubre de 2019, cuando la izquierda golpista y las bandas criminales convergieron en las acciones de destrucción y pillaje que empujaron a Chile al borde del despeñadero. Tampoco se entienden los asesinatos de carabineros sin la campaña de odio, financiada por los narcotraficantes, que buscó descomponer y hundir a la principal institución policial.

Es imposible no recordar las muestras de liviandad de los exdiputados Gabriel Boric (CS), Giorgio Jackson (RD), Camila Vallejo (PC), Maya Fernández (PS), Miguel Crispi (RD) y Manuel Monsalve (PS), que votaron en contra de los proyectos del gobierno anterior que buscaban, por ejemplo, proteger la infraestructura crítica, perseguir el robo de madera en el sur o comprometer a los partidos a renunciar a la violencia. Todos los nombrados votaron incluso contra la “Ley Nain”, llamada así en homenaje a Eugenio Nain Caniumil, cabo segundo de Carabineros, asesinado en una emboscada en la comuna de Padre Las Casas, en octubre de 2020.

Los problemas de seguridad pública tienen larga data, pero no habíamos conocido el caso de una corriente política dispuesta a hacer negocio con el debilitamiento del Estado de Derecho, que es lo que ocurrió a partir de la revuelta.

Entonces, hubo quienes dieron una interpretación justiciera al delirio y el fuego, y difundieron la visión de que las fuerzas policiales eran siempre culpables de las consecuencias. Unos más, otros menos, así actuaron todos los partidos que hoy están en el gobierno. Fueron los voceros del sello “social” de la barbarie. Los indultos concedidos por Boric terminaron por aclarar los antecedentes de no pocos “luchadores sociales”.

La mayor expresión de degradación moral y política de estos años fue la validación de la violencia por parte de muchos que hoy ponen cara de inocentes. Fueron partidarios del turbio principio de que el fin justifica los medios. Aplicaron tácticas de demolición institucional con la excusa de que ello favorecía al pueblo. La proclamación de todos los derechos se apoyaba impúdicamente en el desconocimiento de todos los deberes. Mostraron no solo desaprensión en materia de métodos, sino disolución en materia de valores. En estos días, están descubriendo que nada era gratis. Se les acumularon las cuentas sin pagar.

Fue bochornoso que el PC y el FA votaran en contra de la ley Nain-Retamal promovida por La Moneda, lo que reveló dónde están las creencias duras de esas fuerzas. Esto abre, naturalmente, un signo de interrogación sobre el papel que jugarán en el bloque gobernante en el resto del período presidencial. Para Boric, todo es complicado, pero lo será mucho más si vacila en este momento respecto de sus deberes constitucionales. No puede haber más incongruencias.

Aceptar que, por iniciativa de La Moneda, se construya una especie de memorial del octubrismo en la estación del Metro Baquedano es, simplemente, un agravio para todos los que sufrieron el delirio destructivo en aquella zona y, desde luego, un insulto para el país entero. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, no debería pedir nada respecto de las características del memorial. Lo que corresponde es que tome distancia.

Carolina Tohá, ministra del Interior, enfrenta hoy el reto más complejo de su vida política. Debe concentrar sus esfuerzos en reforzar el orden legal, frenar la delincuencia e imponer el monopolio estatal de la fuerza. Sin ello, el país no tendrá paz ni estabilidad, y no podrá progresar. La crisis actual ya sería un enorme desafío si ella formara parte de un gobierno políticamente cohesionado y con un liderazgo sólido, pero la situación no es esa, lo que multiplica las dificultades y acrecienta su responsabilidad. Por el bien del país, es deseable que cumpla su misión lo mejor posible.

El Estado democrático tiene que usar todos sus recursos en defensa de la población. Y no basta con aprobar nuevas leyes. Se necesita llevar adelante una gran ofensiva en el terreno operativo para desarticular a los grupos mafiosos. Ello exige una conducción centralizada, que potencie la colaboración entre Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas con vistas a conseguir objetivos precisos en la Región Metropolitana y demás puntos del territorio en que los delincuentes han ganado terreno. En La Araucanía, llegó el momento de recuperar el control de las zonas dominadas por el bandolerismo.

Esperemos que el Congreso actúe con templanza y sentido de Estado. Será mejor si los senadores y diputados no ceden a la inclinación de proponer medidas efectistas, que pueden distraer a las fuerzas policiales de las tareas urgentes y crear otros problemas.

Suena llamativa la propuesta de declarar el Estado de Emergencia en la Región Metropolitana, pero quienes lo proponen no parecen tener en cuenta las mil dificultades que acarrearía. Puede llegar el momento en que haya que hacerlo, pero no parece ser este. En cambio, se ve razonable la focalización de los operativos policiales en 30 comunas. Está demostrado que llegaron delincuentes avezados desde Venezuela y otros países, lo que, probablemente, exigirá mayor trabajo de inteligencia para cortar sus redes y neutralizarlos.

El país necesita que el Ministerio Público asuma la plenitud de sus obligaciones en la actual coyuntura. Lo mismo cabe decir del conjunto del sistema de administración de justicia. Es absolutamente vital poner fin a la impunidad. Hay que resolver la situación de los extranjeros indocumentados y poner coto a la inmigración ilegal.

Tiene un enorme valor que los efectivos de Carabineros sientan hoy el respaldo de la comunidad y las autoridades. Vienen tiempos exigentes y necesitarán un firme apoyo de todos. Se requiere, por supuesto, que la eficacia policial y la ley vayan de la mano. Los integrantes de las fuerzas de orden y seguridad deben tener claro que están al servicio de un Estado democrático, que son los defensores de nuestras libertades.

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