Cuenta pública y prioridades en educación. Por Raúl Figueroa 

Director Ejecutivo Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
Crédito: Presidencia de la República

El Presidente tiene la oportunidad de fijar sus prioridades e instruir a su gabinete a cumplirlas, lo que implica claridad en lo que se debe hacer y también honestidad en lo que no es oportuno impulsar. Esto último, claro está, significa dejar definitivamente de lado ciertos compromisos de campaña que a estas alturas han perdido todo sustento.


Estamos a pocas horas de la penúltima cuenta al país del Presidente Gabriel Boric y no perdemos la esperanza que la autoridad aproveche el momento para ordenar la agenda en materia educacional. Como pocas veces, existe un amplísimo consenso en cuáles son las necesidades que la política educativa debe abordar con urgencia y, por ende, las áreas en las que recursos y esfuerzos debiesen concentrarse. Lamentablemente, la gestión del gobierno y las señales que ha dado distan mucho de coincidir con esas urgencias.

El Presidente tiene la oportunidad de fijar sus prioridades e instruir a su gabinete a cumplirlas, lo que implica claridad en lo que se debe hacer y también honestidad en lo que no es oportuno impulsar. Esto último, claro está, significa dejar definitivamente de lado ciertos compromisos de campaña que a estas alturas han perdido todo sustento.

Si revisamos el programa presidencial, nos daremos rápidamente cuenta que el grueso de las promesas que contiene están lejos de coincidir con las necesidades del sistema. Así, los ejes principales del programa de gobierno sobre educación eran los siguientes: 1) condonación universal del CAE; 2) reparación de la llamada deuda histórica con los profesores; 3) educación sexual integral; 4) ampliar la gratuidad; y 5) recuperar los aprendizajes atrasados por la pandemia.

La quinta prioridad del programa es hoy la principal urgencia en educación. Sigue siendo una tarea pendiente la recuperación de los aprendizajes perdidos como consecuencia de la pandemia del Covid 19 y, antes de ésta, las paralizaciones y la violencia que afectaron a las escuelas públicas durante el 2019. Si bien el Presidente Boric ha reconocido el error que él y los suyos cometieron siendo oposición al resistirse tenazmente a la oportuna apertura de las escuelas, las acciones para enmendar el daño causado han sido débiles.

Los resultados del SIMCE post pandemia fueron los peores en una década y, si bien al año siguiente se evidenció un alza, esto no es fue más que un rebote manteniéndose un preocupante estancamiento desde 2012. A lo anterior, se suma que más de un millón cien mil niños tuvieron inasistencia grave durante los años 2022 y 2023 respectivamente y que los promedios de asistencia aún no recuperan los niveles previos a la pandemia.

Esperamos entonces que el principal anuncio de la cuenta pública sea que cualquier peso adicional que se destine a educación tendrá por propósito la implementación de un plan a gran escala, con metas y acciones concretas, que ponga los aprendizajes y los alumnos en el centro. La comprensión lectora debiese tener un foco especial y, para ello, anunciar una medición en segundo básico para evaluar los avances parece esencial.

En línea con la urgencia de recuperar los aprendizajes, el Presidente debiese mandatar que se corrijan los errores de diseño de la nueva educación pública, poner los incentivos correctos y apuntar a una mayor descentralización. Junto con ello, dar señales claras que la gestión de los Servicios Locales de Educación sea del más alto estándar, para que crisis como la de Atacama no se hagan costumbre.

El aumento de la cobertura y mejora de la calidad de la educación parvularia, especialmente para niños de 2 a 4 años, son aspectos que toda la evidencia indica resultan más rentables como política pública, pero que no han tenido impulso durante este periodo. La cuenta pública debiese hacerse cargo de esa falencia y para ello, el Presidente podría ponerle urgencia al proyecto de ley que duerme en el Senado y que crea una subvención para este nivel educativo que garantizaría gratuidad en los jardines infantiles.

A los anuncios sugeridos más arriba, habría que incorporar una declaración explícita que las demás promesas del programa de gobierno no serán abordadas. La condonación universal del CAE es una política regresiva e injusta, además de fiscalmente inviable; junto al pago de la llamada deuda histórica implicarían rendirse a presiones de grupos de presión, en perjuicio del interés general  de la ciudadanía. De más está decir que en conjunto implicarían para el Fisco entre 8 y 10 puntos del PIB.

Si la cuenta pública sigue las líneas aquí expuestas, tengo la seguridad que el Presidente lograría convocar un amplio apoyo ciudadano y contaría con el respaldo político de gran parte de la oposición. La duda está en qué posición tomarían los partidos que apoyan al gobierno.

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