A días de la primera vuelta presidencial, el debate económico ha girado en torno al déficit fiscal, la deuda y la necesidad de retomar una senda de crecimiento. Pero hay un factor que está operando de manera silenciosa sobre esas mismas variables: el aumento de la percepción de corrupción en Chile.
No se trata de un fenómeno moral o ético. Para un país con bajo dinamismo, espacio fiscal acotado y un nivel de inversión deprimido, la corrupción funciona como un shock macroeconómico: afecta el crecimiento, reduce la inversión privada, deteriora el balance fiscal y aumenta la prima de riesgo, y esto lo hace con una magnitud comparable a un shock financiero externo. En un contexto electoral donde la discusión suele centrarse en cómo financiar el gasto y los programas económicos, parece urgente mirar el ángulo institucional que explica parte de nuestro estancamiento.
Un deterioro institucional medible
Entre 2019 y 2024, Chile descendió del puesto 26 al 32 en el ranking de Transparencia Internacional, una caída relevante dentro de la OCDE. Paralelamente, la Encuesta de Corrupción 2025 de Libertad y Desarrollo muestra que un 59% de las personas percibe que la corrupción aumentó en el último año. Los sectores más mencionados son municipalidades, parlamento y gobiernos regionales. Más allá de los casos específicos, lo relevante es que la percepción se ha vuelto estructural, con un nivel de corrupción país de 6.9 (en una escala donde 10 indica mayor corrupción), afectando la confianza en la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas de calidad.
La evidencia internacional confirma que esta percepción tiene efectos económicos reales. Un estudio del FMI desarrolló un índice de corrupción global (IMF WP 21/192) que captura cambios en tiempo real y permite medir el impacto macroeconómico de un shock de corrupción. Los resultados son claros: un aumento de una desviación estándar en percepción de corrupción reduce el PIB per cápita en 0.5pp en el primer año y 0.15 puntos adicionales el siguiente. En economías emergentes, el impacto puede superar un punto del PIB.
Para Chile, un deterioro equivalente a 0.5 desviaciones estándar – un shock moderado y consistente con la caída en rankings y encuestas- implica una pérdida de alrededor de 0.33pp del PIB. En una economía que crece alrededor del 2%, esta diferencia es suficiente para marcar la línea entre una recuperación modesta y un estancamiento persistente.
Impacto fiscal y electoral: la corrupción como shock permanente
La corrupción también tiene un impacto fiscal directo: los países con deterioro institucional pierden 1-2% del PIB anual en ingresos y eficiencia del gasto, principalmente por evasión, opacidad y desvíos (IMF WP 00/182). En Chile, con un PIB cercano a US$330,000 millones, equivale a pérdidas entre US$3,300 y US$6,600 millones cada año, y ocurre justo cuando el país enfrenta restricciones fiscales reales, presiones de gasto social crecientes y mayores costos financieros. La corrupción, en este contexto, no solo es un problema institucional: es un costo directo para el balance fiscal.
El FMI señala además que en años electorales la percepción de corrupción tiende a amplificarse incluso sin cambios reales: aumenta la cobertura mediática, surgen más denuncias, crece la sensibilidad del votante y los partidos intensifican las acusaciones cruzadas. Ese aumento de percepción -real o no- tiene efectos económicos inmediatos: más incertidumbre, postergación de inversiones, menor actividad y deterioro de expectativas. Son impactos que se activan por la sola combinación de institucionalidad débil y calendario electoral, sin necesidad de grandes titulares.
El día después
Si la corrupción opera como un shock macro y fiscal, entonces la pregunta para este domingo no es solo qué candidato promete más crecimiento o más ajuste, sino quién tiene credibilidad para detener o revertir ese shock institucional. Porque incluso el programa económico mejor diseñado pierde efectividad si no existe independencia técnica, control de compras públicas, supervisión regulatoria robusta y capacidad para evitar la interferencia política. La credibilidad institucional no es un atributo moral ni abstracto: es una condición necesaria para el crecimiento, la inversión y la estabilidad fiscal.
Independientemente de quién gane la primera vuelta, la gobernabilidad económica de los próximos años dependerá menos del tamaño de los programas y más de la capacidad para reconstruir la confianza institucional que Chile ha ido perdiendo silenciosamente en la última década.
En un país que sigue creciendo poco, con familias altamente sensibles a la incertidumbre, la corrupción -percibida o real- dejó de ser un ruido molesto: se transformó en un factor macroeconómico central y, por lo mismo, en una variable racional del voto. El desafío del próximo gobierno no será solo administrar el déficit e impulsar el crecimiento, sino desactivar un shock institucional que ya está afectando las cifras. Sin esa base, cualquier estrategia operará sobre una base institucional frágil.
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