El ministro de Justicia abordó este martes la situación carcelaria del país, en una sesión secreta de la comisión de seguridad del Senado. Tras ésta reveló que 53 funcionarios de Gendarmería habían sido dados de baja en 2023 por casos vinculados a corrupción. La cifra la dio a conocer un día después de que se publicara que al menos 3 dirigentes de sindicatos de Gendarmería habían sido condenados por cohecho y tráfico en bajas cantidades, entre 2020 y 2023. La fiscalía priorizará las indagaciones en recintos penales, dijo.
Qué observar. El ministro Luis Cordero de Justicia abordó este martes en el Congreso las condenas por cohecho y tráfico de estupefacientes en menores cantidades de al menos 3 dirigentes de sindicatos de Gendarmería, dadas a conocer el lunes.
- “Tenemos información detallada de cada una de las personas que han sido sumariadas, llamadas a retiro, con investigaciones vigentes también del Ministerio Público, respecto de acciones vinculadas a delitos de corrupción o que tengan que ver con delitos o prácticas indebidas al interior de establecimientos penitenciarios”, dijo a los medios en Valparaíso, tras participar de una sesión de la comisión de seguridad del Senado.
- Ésta fue declarada secreta, por acuerdo de los senadores.
- “Solo el año 2023 se llamaron a retiro a 53 funcionarios de Gendarmería y existe una cantidad importante de investigaciones”, sostuvo este martes, “por medidas que están vinculadas a temas de corrupción”.
- Las declaraciones del ministro Cordero ocurrieron, además, después de que el domingo dijera en el programa Estado Nacional de TVN que “el Estado de Chile tiene control total de las cárceles y sabe perfectamente lo que sucede en su interior”, descartando que la situación nacional fuera comparable a la de Ecuador. En el programa no mencionó cifras sobre corrupción en Gendarmería.
- Las cifras dadas a conocer por Cordero incluyeron también a funcionarios sin fuero sindical y se conocen en medio de la crisis de seguridad del país, que ha derivado en un debate sobre la situación carcelaria.
- Tras la sesión, el senador Felipe Kast (Evópoli) comentó que en ésta se abordó la conveniencia de que los funcionarios de Gendarmería hagan declaraciones de patrimonio, así como también los problemas de que esta institución (que tiene cerca de 20 mil funcionarios, entre gendarmes y civiles) tenga sindicatos, a diferencia de Carabineros.
- Gendarmería registra 10 gremios, que defienden la necesidad de existir para velar por los derechos de sus asociados.
La priorización de la fiscalía nacional. El ministro se refirió también a las reuniones sostenidas entre Gendarmería, Justicia y la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, que derivarán en la priorización de investigaciones sobre delitos cometidos en penales.
- “Luego de reuniones que ha tenido el director de Gendarmería (Sebastián Urra) con el fiscal nacional (Ángel Valencia), en que nosotros hemos también colaborado, el Ministerio Público ha dado preferencia a las investigaciones que se ejecutan en cárceles, en 2 sentidos”, dijo.
- “Uno, en aquellas que están vinculadas a crímenes que ocurran al interior de las cárceles o que a partir de las cárceles se puedan cometer afuera (…). Y el segundo, es el foco investigativo en los delitos potenciales de corrupción que se puedan cometer al interior de las cárceles”.
- Las declaraciones del ministro Cordero ocurren después de que el domingo en el programa Estado Nacional de TVN haya sostenido que “el Estado de Chile tiene control total de las cárceles y sabe perfectamente lo que sucede en su interior”, argumento que usó para descartar que la situación nacional sea comparable a la de Ecuador. Pero en el programa no mencionó ninguna cifra sobre corrupción en gendarmería.
Los dirigentes condenados. Una revisión efectuada por este medio de causas con sentencias, mostró 3 dirigentes con condenas en Alto Hospicio, Calama y Puerto Montt, entre 2020 y 2023, por cohecho y tráfico de estupefacientes en bajas cantidades. A continuación, el detalle.
- Calama. El 17 de julio de 2023 el Tribunal de Juicio Oral de Calama condenó a Luis Francisco Culún Maldonado, 29, a 7 de años de cárcel por cohecho reiterado y a 600 días de prisión por un tráfico ilícito en pequeñas cantidades cometido el 3 de junio de 2022. También lo absolvió en un segundo cargo por este delito, perpetrado en mayo de ese año.
- De acuerdo con la acusación de la fiscalía, a las 11 pm del 5 de febrero de 2022, Culún Maldonado entregó un celular a un reo, a cambio de $130 mil en efectivo.
- Luego, el 3 de junio de 2022, ingresó en una mochila “103 gramos de pasta base de Cocaína, 88 gramos de marihuana y 109 comprimidos de Clonazepam”. Las sustancias estaban escondidas en cajetillas de cigarro. Por el ingreso había recibido $180 mil.
- En su favor se aplicó la colaboración sustancial con la investigación y su sentencia se ejecutó en agosto, tras rechazarse un recurso de nulidad.
- En documentos institucionales, Culún Maldonado figuraba como tesorero provincial de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech).
- El presidente nacional de la organización, Pablo Jaque, dijo que “cuando tomamos conocimiento de esta situación se le solicitó la renuncia, antes de su formalización (…). Y tramitamos el desafuero en la Inspección del Trabajo respectiva, para que la institución tomara todas las medidas administrativas para este tipo de situaciones, porque nosotros, como asociación, no vamos a tolerar ningún acto de corrupción por parte de nuestros dirigentes”.
- Alto Hospicio. El 28 de septiembre de 2021, el Tribunal de Juicio Oral de Iquique condenó a Felipe Alberto Burgos Acevedo, 44, a 3 años de cárcel por cohecho y 540 días de prisión por tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas y estupefacientes en pequeñas cantidades. Su pena se sustituyó por libertad vigilada intensiva.
- “Felipe Burgos Acevedo, cabo 1° en servicio activo de Gendarmería de Chile, además tesorero regional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) y director regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) fue parte de una investigación relacionada al ingreso de drogas ilícitas y elementos prohibidos por la administración penitenciaria, a los internos del penal de la comuna de Alto Hospicio, a cambio de una retribución monetaria”, dijo la sentencia.
- El fallo detalló que el 3 de abril de 2020, tras interceptaciones telefónicas y seguimientos policiales, fue controlado al ingresar al penal de Alto Hospicio con 3 celulares distintos del suyo; además de 3 audífonos adosados a su cuerpo con cinta adhesiva, 2 cargadores de teléfono y un cable USB.
- En un allanamiento a su domicilio, la policía encontró en su dormitorio una bolsa de polietileno transparente con “clorhidrato de cocaína con un peso neto de 81,8 gramos”.
- Su plan de libertad vigilancia intensiva, que calificó su riesgo de reincidencia como bajo, detalló que “niega la comisión del delito, señalando que fue víctima de la corrupción de algunas personas que quisieron callarlo debido a su rol como dirigente gremial”.
- El segundo director nacional de la asociación, Benito Sarabia, dijo que “el fuero no extingue ningún tipo de responsabilidad administrativa ni judicial. Quien se aleja de la norma queda expuesto a ser sancionado”.
- Puerto Montt. El 24 de enero de 2020, la primera sala del Tribunal de Juicio Oral de Puerto Montt condenó a Luis Alberto Morales Valenzuela, 43, a pagar $5.830.000 por el delito de cohecho y lo absolvió del cargo de tráfico de drogas.
- De acuerdo con la acusación de la fiscalía, “el funcionario de Gendarmería Luis Morales Valenzuela recibió la suma de $2.915.000 durante los meses de mayo a septiembre del año 2018, tanto en cuentas bancarias como en dinero en efectivo”. A cambio de este dinero, sostuvo el Ministerio Público, “permitió, toleró y facilitó la internación, venta y distribución de droga y equipos celulares al interior del Complejo Alto Bonito”, al sur de Puerto Montt.
- Un recurso judicial presentado por un dirigente en otra causa afirmó que Morales Valenzuela había sido “dirigente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anopro) y de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciaros (Anfup) Provincial Llanquihue de Puerto Montt”.
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