Convención envía al texto constitucional que el agua es inapropiable y deja en la incertidumbre a los titulares de derechos

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Los coordinadores de la comisión de Medio Ambiente Juan José Martin y Camila Zárate en el ex Congreso este lunes 18. Foto: Sebastián Beltrán / Agencia Uno.

El pleno envió este lunes al borrador una norma que declara el agua como un bien inapropiable y otra que estipula que el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para su uso temporal, sin generar derechos de propiedad. Desde Chile Vamos plantean que estas normas no explicitan qué ocurrirá con los derechos de aprovechamiento actuales. La SNA había advertido que se necesitarán US$ 20 mil millones para pagar por eventuales expropiaciones.


Qué observar: Los cambios a las normas que regulan la propiedad y derechos del agua están tomando forma en el borrador constitucional y, de paso, generando incertidumbre sobre lo que ocurrirá con quienes tienen actualmente derechos reconocidos a utilizarlas.

  • El pleno despachó este lunes por la tarde una serie de artículos sobre la materia. Con el apoyo de las 3 coaliciones oficialistas —el Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC) y Colectivo Socialista—, y el rechazo de Chile Vamos y el Colectivo del Apruebo, se aprobó la norma que establece que “son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo”.
  • Uno de los incisos enviados al texto constitucional detalló que establece que “son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire; los reconocidos por el derecho internacional; y los que la Constitución o las leyes declaren como tales”.
  • Otra de las normas despachadas precisó cómo estos bienes podrán ser utilizados manteniendo su calidad de inapropiables: “El Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal, sujeto a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad”.
  • Si bien las normas aprobadas no explicitaron lo que ocurrirá con la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua vigentes, desde Chile Vamos sostuvieron que el camino está trazado. “Todo depende de los artículos transitorios (…), pero, en la práctica lo que están buscando es que se acabe la propiedad sobre derechos de agua”, dijo el convencional Rodrigo Álvarez (UDI), quien es miembro de la comisión de Medio Ambiente que propuso el informe al pleno.
  • El coordinador de la comisión, Juan José Martin (INN), confirmó que lo que ocurrirá con las concesiones vigentes “dependerá de las normas transitorias”.
  • Sin embargo declaró que “lo que se quiere es que todos los derechos pasen a ser autorizaciones, en que no necesariamente se tenga que repostular, sino que haya una autorización automática, porque al final el agua es para que la utilice quien la necesita. Está el derecho humano al agua, los ecosistemas, los productores de alimentos y también algunas actividades productivas. No estamos en contra de ellos, pero tiene que ser mediante este nuevo mecanismo”, sostuvo Martin.
  • Una de las normas que se rechazó, con votos en contra del PC que acusó una confusión de conceptos y se sumó así a Chile Vamos, fue la que definía que los “bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la Naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Este deber existe respecto de todos los bienes comunes naturales, sean apropiables o inapropiables”.
  • “La comisión ha confundido los bienes naturales, los bienes comunes y los bienes nacionales de uso público”, dijo la convencional PC Bárbara Sepúlveda.
  • Este jueves el pleno votará otro conjunto de medidas que delimitarán todavía más el escenario.

El golpe a las inversiones: Expertos y empresarios sostienen que este conjunto de normas en torno al agua generará un frenazo a la actividad económica.

  • En la Sociedad Nacional de Agricultura (SNSA), que ya advirtió que se necesitarán US$ 20 mil millones para pagar por una eventual expropiación, han planteado que el fin de los derechos de aprovechamiento afectará a más de 2 millones de empleos directos e indirectos en la agricultura.
  • “Todo esto genera un enorme desincentivo a trabajar en agricultura, que necesita certezas como tener tanto físicamente como jurídicamente el agua. De hecho, la inversión en el agro se ha ralentizado en los últimos años, porque no hay certeza de disponibilidad de agua y si a eso se le suma la incerteza jurídica, en que va a depender de un funcionario público que defina cuándo y dónde se debe producir, es un desincentivo absoluto para todos los agricultores del país”, dijo en marzo el secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte, luego del despacho de algunas de estas normas en la comisión.

Cómo afectará a los pequeños agricultores: El fin de los derechos de aprovechamiento también afectará a miles de agricultores, varios de ellos pequeños productores que invirtieron en la compra de estos derechos para poder asegurar su regadío u obtener créditos.

  • “Esto es de tal impacto y profundidad que puede llegar a impactar a más de dos millones de personas (…), además de los pequeños campesinos que dependen de sus derechos de agua”, alertó entonces Matte.
  • En la banca coinciden en que hoy los derechos de agua son usados por pequeños productores como garantía para conseguir créditos. El ex director de la Dirección de Aguas, Rodrigo Weisner, sostuvo que al no contar con el derecho de dominio sobre sus derechos de aguas, los agricultores sólo tendrán una simple autorización temporal que no les permitirá acceder al financiamiento bancario.

 Modificaciones recién aprobadas: El 12 de enero el Congreso despachó el proyecto que actualiza el Código de Aguas de 1981, reforzando el carácter de bien público del agua y consagrando una nueva regulación. Las normas fueron aprobadas en forma unánime por el Senado, tras 11 años de tramitación.

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