En Estados Unidos, el poder presidencial cuenta con contrapesos institucionales fundamentales: la Reserva Federal (Fed) en materia monetaria, el Poder Judicial en la revisión de constitucionalidad, y organismos técnicos como el Bureau of Labor Statistics (BLS) que produce cifras oficiales de empleo, inflación y productividad. Bajo la administración de Donald Trump, estos contrapesos han sido objeto de conflicto o presión política directa.
Durante su primer mandato, Trump criticó duramente al presidente de la Fed, Jerome Powell, (a quien designó en 2018) por no reducir rápidamente las tasas de interés. En 2020, también enfrentó al Poder Judicial, descalificando a jueces que fallaban en su contra e, incluso, presionó al Departamento de Justicia y al FBI. Ahora, en plena presidencial de 2025, Trump ha generado polémica al desvincular al comisionado del BLS, William Beach McEntarfer, el pasado 2 de agosto.
La decisión se produjo pocos días después de que el BLS revisara a la baja en 258.000 empleos las cifras de mayo y junio de 2025, la mayor corrección negativa desde la pandemia. Estas cifras debilitan la narrativa de un mercado laboral robusto y podrían dar pie a que la Fed considere una baja de tasas de interés, algo que convendría políticamente a Trump, ya que reduciría el costo de la deuda pública y estimularía la economía en plena campaña. La Fed aún no se ha pronunciado, pero si esta tendencia se confirma, presionaría hacia un relajamiento monetario.
¿Casualidad o maniobra? La secuencia de presiones sobre Powell, el despido de McEntarfer y la publicación de cifras que favorecen una baja de tasas es, como mínimo, curiosa.
En paralelo, en el Congreso de EE.UU. se ha reactivado el debate sobre la representación desigual de los estados en la elección presidencial, donde el Colegio Electoral permite que un candidato gane la presidencia sin obtener la mayoría del voto nacional (como ocurrió en 2000 y 2016). A través del National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC), ya son 17 estados más Washington D.C. los que han acordado entregar sus votos al ganador del voto popular nacional, aunque aún no alcanzan los 270 necesarios para implementarlo. La propuesta busca corregir la concentración del poder electoral en pocos “estados péndulos”, donde se focaliza el 95% de las campañas.
En Chile, el presidente Gabriel Boric también cuenta con contrapesos institucionales claros, aunque con mecanismos distintos. El Banco Central de Chile es autónomo por mandato constitucional y su presidente actual, Rosanna Costa, ha defendido con firmeza esa independencia, incluso frente a críticas del oficialismo. El Poder Judicial mantiene independencia funcional y administrativa, mientras que el Servicio de Impuestos Internos (SII), dirigido por Carolina Saravia, ha actuado con cierta alineación técnica, aunque no exento de cuestionamientos políticos en casos tributarios sensibles.
El INE, a cargo de Ricardo Vicuña, ha trabajado en recuperar su credibilidad tras el escándalo de manipulación del IPC en 2019, mientras que el Servicio Electoral (Servel), presidido desde marzo por Pamela Figueroa Rubio, politóloga y académica, ha mantenido autonomía, fiscalizando procesos electorales con transparencia. La duración de los cargos (10 años en Servel, 4 años en el BC) y los procesos de designación con aprobación del Senado dan estabilidad institucional.
Así como en EE. UU. se observan tensiones crecientes entre el Ejecutivo y organismos técnicos clave, en Chile la fortaleza o fragilidad de estos contrapesos será decisiva en tiempos electorales y económicos inciertos. Cuando los gobiernos comienzan a presionar instituciones autónomas, ya sea para manipular cifras o favorecer agendas políticas, la democracia se debilita, no por un golpe, sino por erosión institucional silenciosa.
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La nueva brecha digital: empleados adoptan IA antes que sus empresas. Por Marcial Rapela. https://t.co/hitrnPsAcS
— Ex-Ante (@exantecl) August 8, 2025
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