“Confidencialidad”: El reciente dictamen de Contraloría que derribó tesis de Crispi en el caso Monsalve

Hace dos semanas, la Contraloría emitió un pronunciamiento por la negativa de Miguel Crispi (FA) a responder preguntas sobre el caso Monsalve ante la Cámara de Diputados. Su rol nunca estuvo del todo claro. El organismo fiscalizador sostuvo que “no resulta procedente invocar una cláusula contractual de confidencialidad”.

Contexto. En marzo de 2025, antes de su caída, el ex asesor presidencial Miguel Crispi enfrentó una tensa sesión como citado a la comisión investigadora del Caso Monsalve en la Cámara. El encuentro terminó abruptamente cuando el presidente de la instancia Miguel Mellado (RN) anunció que pediría a Contraloría abrir un procedimiento disciplinario en su contra.

• Era la segunda vez que acudía a esa comisión y se negó en reiteradas ocasiones a responder las preguntas de los diputados sobre el tema, argumentando que sus conversaciones con el Presidente son de carácter privado.
• En 2023, Crispi ya había tenido un duro enfrentamiento con el Congreso y Contraloría cuando se negó a asistir inicialmente a una comisión investigadora sobre el Caso Convenios, afirmando que en su cargo no estaba obligado a comparecer.
• Su vínculo con el Caso Monsalve -que Crispi no ha querido aclarar- se debe a que fue uno de los primeros en enterarse de la denuncia contra el exsubsecretario. Boric le contó la situación a él y al jefe de gabinete Carlos Durán el 15 de octubre de 2024.

Dictamen de contraloría. El 13 de marzo la Contraloría emitió un dictamen relativo a “personal a honorarios, convenios, cláusula de confidencialidad, excepciones, comparecencia comisión investigadora de la Cámara de Diputados”, referido precisamente al oficio que envió Mellado. En su argumentación el subcontralor Víctor Hugo Merino firma un dictamen que expresa una posición totalmente distinta a que adoptó el entonces influyente asesor del ex Presidente Boric. Aquí las principales conclusiones.

1. Cláusula de confidencialidad. “En mérito de lo expuesto, cabe concluir que no resulta procedente invocar una cláusula contractual de confidencialidad como la aludida, para sustraerse de la obligación de declarar ante las referidas instancias -la que, como se expresó, el ordenamiento jurídico impone a quienes ejercen potestades, funciones o atribuciones de naturaleza pública-, enmarcadas en la labor de fiscalización de los actos de Gobierno que compete a la Cámara de Diputados.”

2. El principio constitucional. “Los principios de probidad y de transparencia de la función pública consagrados en el artículo 8º de la Constitución Política de la República, obligan a todo servidor público, siendo plenamente aplicables a quienes son contratados a honorarios por la Administración del Estado.”

3. La obligación concreta. “Todo servidor que haya sido formalmente citado a comparecer ante una comisión especial investigadora está obligado a concurrir a la sesión que sea fijada al efecto, como asimismo a suministrar los ‘antecedentes’ y las ‘informaciones’ que les sean solicitados, lo que incluye prestar declaración sobre las situaciones por las cuales se les consulte en tal instancia y que se refieran al ejercicio de sus labores en la respectiva entidad.”

4. El límite a los contratos. “Si bien los prestadores de servicios a honorarios tienen como principal norma reguladora de sus relaciones los términos y condiciones estipulados en tales convenciones, estas necesariamente deben ajustarse al ordenamiento jurídico vigente, de lo que se sigue que el aludido deber de reserva y confidencialidad se entiende limitado por el artículo 8° de la Constitución Política de la República y la normativa vigente relativa a la materia.”

5. El contrato de Crispi. “Mediante su resolución exenta RA N° 212/159/2025, de 23 de enero de 2025, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República aprobó el contrato a honorarios a suma alzada celebrado con el señor Crispi Serrano, con vigencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año, pacto que, en su cláusula octava, letra a), le imponía el deber de velar por la reserva y confidencialidad de la información a la que tuviese acceso con ocasión o a propósito de las labores que realizara.”

Para más noticias de política en Ex-Ante, clic aquí.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Ex-Ante (@exantecl)