Un requerimiento ante la Contraloría General de la República, que busca esclarecer el presunto uso irregular de recursos y bienes municipales como también el ejercicio de atribuciones sin base legal por parte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), presentaron los diputados RN, Andrés Longton, Sofía Cid, Miguel Becker y Bernardo Berger.
La decisión fue adoptada luego que el sábado 3 de diciembre el alcalde dispusiera del Estadio Municipal Leonel Sánchez para el proceso de regularización de pasaportes para ciudadanos venezolanos.
En el documento a la CGR, los parlamentarios afirman que la actividad fue “organizada por el gobierno de Venezuela con la evidente participación de la Ilustre Municipalidad de dicha comuna (Recoleta), cuyo alcalde es un reconocido adherente al régimen autoritario de Nicolás Maduro”.
En efecto, la convocatoria de la Embajada señala “el gobierno bolivariano y por disposición del Presidente Nicolás Maduro, en aras de seguir facilitando los trámites en Chile y desarrollar el derecho a la identificación de nuestros connacionales, informa que para facilitar la búsqueda del pasaporte, se publicarán listas MODO B”. Y añade “anote el código alfanumérico completo que deberá informar a la entrada del estadio popular Leonel Sánchez en Recoleta”.
Jadue es muy cercano al Presidente de Venezuela. De hecho, en abril pasado estuvo en Caracas participando en la “Cumbre Internacional contra el fascismo”, ocasión en que criticó duramente al Presidente Ricardo Lagos por reconocer al nuevo gobierno que se instaló brevemente en Venezuela luego del golpe de Estado contra Hugo Chávez, hace 20 años.
Los diputados de RN denuncian que Daniel Jadue facilitó “bienes municipales y presuntamente personal comunal” para la apertura, limpieza y posterior cierre del Estadio Municipal. Añaden que ante la verdadera avalancha de ciudadanos venezolanos, “la actividad derivó en la disposición de recursos policiales y en la evidente alteración del orden público en la comuna de Recoleta”.
En el escrito, señalan “no existe atribución que permita al alcalde, como administrador comunal del Estadio en el que se desarrolló la actividad -convocada por la Embajada de Venezuela por disposición del gobierno bolivariano- a facilitar el recinto municipal a una actividad internacional”.
Y añaden “conviene tener a la vista el dictamen de Contraloría General de la República N° E267186/2022 que estableció que determinados municipios excedieron sus atribuciones al suscribir convenios de cooperación internacional con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), dejando en claro el contralor que sólo tienen atribuciones para suscribir dichos acuerdos, el Presidente de la República como Jefe del Estado, con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores”
Lea la presentación ante la CGR:
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