[Confidencial] El nuevo hombre fuerte del Ministerio de Justicia tras la polémica por los indultos

El plan de reestructuración que lleva adelante el ministro Luis Cordero consideró incorporar a Héctor Valladares, quien hasta ayer fuera el jefe de Gabinete de la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte, y un cercano de senadores PS. El abogado tendrá bajo su control todos los nombramientos judiciales, como también la relación con la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y el Poder Legislativo.

Este martes, pasado el mediodía, renunció a su cargo el jefe de Gabinete de la ministra Secretaria General de Gobierno, Ana Lya Uriarte. Héctor Valladares cruzará la calle hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asumir la División de Justicia que, hasta hoy, estaba a cargo del abogado Pablo Fuenzalida.

Según trascendió, Valladares es un hombre muy cercano a algunos senadores PS, con quienes comparte militancia y tienen una larga historia de amistad y trabajo conjunto. A partir de su designación, el control de los nombramientos judiciales quedarán bajo su tutela.

Héctor Valladares asumió en el ministerio de Uriarte en septiembre, luego del primer cambio de gabinete dispuesto por el Presidente Boric. Anteriormente, se desempeñó como asesor legislativo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y como jefe del departamento jurídico del Gobierno Regional de Santiago.

Pablo Fuenzalida, también abogado de la Escuela de Derecho de Pío Nono, según dispuso el ministro Luis Cordero en su plan de reestructuración interna, sería destinado a otras funciones en el Ministerio de Justicia, aunque no trascendió en qué cargo.

La División Judicial de la cartera tiene un importante rol articulador en las decisiones que se tomen respecto a temas relacionados con el Poder Judicial. El jefe de división es el nexo entre la cartera, la Corte Suprema y el Poder Judicial en general, como también coordina con el Legislativo todo lo relacionado a designaciones, nombramientos y proyectos de ley de rápido despacho.

La profundidad de la relación del gobierno con el Poder Judicial fue puesta en tela de juicio cuando se filtró que Boric había decidido llamar personalmente al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para explorar la posibilidad de que el máximo tribunal llamara a un nuevo concurso público para designar al Fiscal Nacional, tras la derrota de José Morales y Marta Herrera en el Senado. El Mandatario, en esa oportunidad, no logró su objetivo.