Noviembre 2, 2022

Cómo se enredó el anuncio del Presidente Boric de expulsar a los ciudadanos colombianos acusados de agredir a carabineros

Ex-Ante
El Presidente Gabriel Boric el 12 de octubre en Calama, donde anunció la expulsión de los imputados por agredir a Carabineros. Foto: Camilo Alfaro / Agencia Uno.

El 12 de octubre, el Presidente se refirió a un video viralizado en que se ve a un grupo de hombres y mujeres forcejeando y golpeando a carabineros que habían acudido a detener a 2 sospechosos de un robo en Puerto Montt. Anunció la expulsión de los involucrados —todos de nacionalidad colombiana—, lo que 21 días después no ha ocurrido. El motivo, la corte acogió su solicitud de dictar una orden de no innovar. A esto se suma que, de acuerdo con la ley de migración, no se pueden cursar expulsiones si hay medidas cautelares. “No tenía ningún sentido anunciar estas expulsiones si sabían que existía un proceso judicial en curso”, dice el ex director de migraciones.


Qué observar. “He visto con indignación cómo algunos se sienten con la atribución de agredir a nuestros Carabineros. Lo vimos en un video respecto de un suceso que pasó en Puerto Montt”, dijo el Presidente Gabriel Boric el 12 de octubre, durante su gira por Calama. “He instruido al subsecretario del Interior (Manuel Monsalve) que a las personas que participaron de esta agresión a Carabineros se les aplique el artículo 132 de la ley de migración y se proceda a su expulsión del país”, anunció el mandatario.

  • El video, viralizado en redes sociales, mostraba a un grupo de hombres y mujeres forcejeando con Carabineros en la calle, algunos de los cuales pegaban en la cabeza a los funcionarios.
  • La agresión —de acuerdo con la investigación de la fiscalía de Los Lagos—, ocurrió cerca de las 12:20 pm del domingo 9 de octubre, cuando funcionarios de la Segunda Comisaría de Puerto Montt llegaron una casa del barrio Mirasol, con una orden judicial de entrada y registro para detener a 2 sospechosos de haber cometido un robo con violencia en una moto.
  • En el lugar se reunió una treintena de personas, algunos de los cuales agredieron a 7 funcionarios. También habrían azuzado a un pitbull para atacar a los policías uniformados.
  • El carabinero Boris Alvear recibió un golpe en la cabeza que le generó una herida de 3 centímetros de largo, además de un esguince en la rodilla izquierda. El carabinero Jaime Subiabre recibió un corte en la mano izquierda y su compañero Marks Zamorano un golpe con un bate metálico en la espalda. Otros 4 carabineros también fueron lesionados.
  • De los 13 detenidos, 12 fueron imputados por la fiscalía por oposición violenta a la autoridad, entre otros delitos (la detención del décimo tercero fue declarada ilegal).
  • Para 6 se dictó prisión preventiva y a 6 se decretó arresto domiciliario total, informó la fiscalía. Uno de los imputados del primer grupo está siendo buscado por la policía.
  • El gobierno inició el proceso de expulsión de los 12 imputados, lo que 21 días después no ha ocurrido.

Por qué no han sido expulsados. El artículo mencionado por el Presidente establece que “en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros. El acto administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país que corresponda”.

  • La norma establece también que los imputados tendrán derecho a apelar tras su notificación, lo que ocurrió en este caso.
  • El 28 de octubre, el abogado Carlos Jiménez presentó un recurso de amparo en representación de 6 de los imputados, ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. En ésta sostiene que “la Subsecretaría del Interior, antes de aplicar la expulsión, debe en respeto a las garantías constitucionales de los amparados, someterlos a una investigación y procedimiento previo legalmente tramitado, exigido para el procesamiento de toda persona sobre la que se presume la comisión de un delito”.
  • También pidió aplicar una “orden de no innovar, con el objeto de que suspenda los efectos de las resoluciones recurridas o paralice su cumplimiento mientras no se resuelva esta acción”.
  • Ese mismo día la Corte acogió a tramitación el amparo y dictó la orden de no innovar, que implicó suspender la expulsión. “Por interpuesto el presente recurso de amparo, solicítese informe a la Subsecretaria del Interior y Seguridad Pública, dentro del término de veinticuatro horas, al tenor de la presentación que en copia auténtica se le adjuntará, debiendo acompañar todos los antecedentes que digan relación con el recurso interpuesto”, dice la resolución de los ministros Gladys Avendaño, Patricia Belmar y la fiscal judicial Mirta Zurita.
  • El 29 de octubre, el abogado Ignacio García, en representación de la subsecretaría, pidió a la Corte “la ampliación del plazo concedido, por el término de 72 horas adicionales”.
  • La solicitud no había sido respondida hasta este miércoles por la mañana, informaron desde el gobierno.

El otro factor involucrado. En su respuesta a la Corte, el abogado entregó un motivo adicional para solicitar más plazo.

  • “Para efecto de analizar el plazo de ampliación solicitado, pido a SS. Iltma. Tener presente que, con fecha 26 de octubre de 2022 (…), ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, todos los amparados quedaron sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional (…), lo cual implica que la ejecución de la medida de expulsión impugnada a través del presente recurso de amparo queda en suspenso mientras se mantenga vigente dicha medida, de conformidad a lo establecido en el artículo 135, de la Ley N° 21.325”.
  • Ese artículo plantea que “no podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren vigentes”.
  • La norma vuelve incierto cuándo podrá concretarse la expulsión, ya que pasa por la eventual decisión de la fiscalía de solicitar al tribunal retirar las medidas cautelares, lo que requeriría de conversaciones entre el gobierno y el Ministerio Público.

La crítica del ex director de migraciones. El ex director de Migraciones del gobierno de Sebastián Piñera, Álvaro Bellolio, planteó que “nuevamente vemos como el gobierno no cumple con sus promesas en materia migratoria, lo que se explica o por desconocimiento básico de la legislación de migraciones o simplemente para seguir realizando vocerías sin concretar acciones reales, generando una impunidad a extranjeros que no respetan nuestras leyes”.

  • “Al tener estos 13 extranjeros una denuncia por el maltrato a Carabineros, la fiscalía presenta el caso al Poder Judicial y se generan medidas cautelares, lo que suspende cualquier medida administrativa de expulsión. Este procedimiento estaba en la ley desde 1975 y fue ratificado en el artículo 135 de la nueva ley de migraciones. Ello busca evitar que los extranjeros evadan a la justicia, ya que cuando son expulsados llegan en libertad a su país de origen”.
  • “Al utilizar el artículo 132 que faculta al Subsecretario del Interior a expulsar administrativamente, no tenía ningún sentido anunciar estas expulsiones si sabían que existía un proceso judicial en curso, por lo que estos extranjeros no serán expulsados al menos este año, y tengo dudas si tienen la capacidad, y la voluntad, de expulsarlos a futuro”.

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