“Es preferible un acuerdo imperfecto, que no tener acuerdo” dijo el presidente hace un par de semanas. Días después, se filtraban sus diálogos con el senador Macaya, que anticipaban la fórmula del acuerdo definitivo. Sus imperfecciones son evidentes, pero su amplitud las justifica. Es un encuentro de los extremos tradicionales, desde el PC a la UDI. Impensable ayer, imprescindible hoy.
Abundan las críticas fáciles, las valoraciones obsecuentes, pero en la mayoría resuena la frase del presidente: es mejor esto que nada. No se trata de resignación, si no de comprensión, de realismo. A veces se olvida que solo un consorcio -por no decir cocina- así de amplio, cuyos resultados son inevitablemente imperfectos, tiene alguna viabilidad política para alcanzar los 4/7 en un parlamento atomizado. Ni el gobierno ni nadie podría haber viabilizado el proceso por sí solo.
Es cierto, hay exceso de resguardos, indicios de tutelaje, cierta desconexión con las urgencias ciudadanas, demasiado cálculo electoral. Pero es bueno recordar que quienes hoy levantan esas banderas son los principales responsables de que estemos acá: reaccionarios de lado y lado que participaron de la Convención para ganarlo o destruirlo todo, antipolíticos que se autoasignan la representación de las mayorías y son incapaces de ver más allá de sus causas. La imperfección de este acuerdo quizás sea el justo precio que todos debemos pagar por los excesos de unos y la desidia de otros.
Pero, más allá de los errores pasados y presentes, hoy lo fundamental es que el acuerdo devenga en una Constitución que nos encause hacia una convivencia más amable, más justa, más virtuosa. Relegitimar nuestro pacto social y las instituciones que los resguardan es el desde y para ello, la tarea central, a la que todos estamos convocados a partir de ahora, es dotar de más legitimidad el proceso y su resultado. En el corto plazo, ello exige poner atención, a lo menos, en:
La centralidad de la designación de expertos/as: Este es el flanco más débil en la legitimidad del proceso. Que el parlamento designe a las y los expertos, además de generar ruido, supondrá tensas negociones y previsibles críticas de actores políticos y sociales. Este colectivo de expertos/as correrá solo entre enero y abril, sin contrapesos. Un mal comienzo puede ser fatal. Los partidos deben tomar nota: designaciones cuestionables pueden deslegitimar el proceso tempranamente y revertirlo suele ser difícil. Ya aprendimos que pocos pueden contaminar a muchos. También, que el conjunto debe reflejar suficiente diversidad de experiencias y experticias. Será fundamental que ese órgano paritario, además de expertos constitucionalistas, incluya, entre otros, a la ciencia política, la actoría social, la mirada ambiental, la perspectiva regional.
Robustecer la participación y deliberación ciudadana, así como la comunicación estratégica. Quizás uno de los pendientes más centrales del acuerdo es la necesidad de acompañar el proceso con mecanismos ciudadanos que lo permeen y legitimen. No hay que inventar la rueda, la experiencia de los Encuentro Locales Autoconvocados o lo realizado en Tenemos Que Hablar de Chile y otras iniciativas de deliberación ciudadana, muestran que es posible y efectivo. Aquí hay un rol para las universidades, la sociedad civil y los expertos en proceso de diálogo, que el gobierno debe activar lo antes posible. Lo mismo con la comunicación estratégica. Los errores del pasado obligan a invertir tiempo y recurso en instalar capacidades para que las comunicaciones del proceso sean robustas y efectivas.
Entrar en las tensiones de fondo: si hay un riesgo en este diseño es que guardemos el polvo debajo de la alfombra. Tanto resguardo suele devenir en inmovilismo. Es evidente que requerimos una relegitimación simbólica, pero también que hay tensiones en nuestra sociedad que el proceso no puede obviar. Este diseño es una oportunidad para revalorizar la convivencia de lo político y lo técnico, tan denostada en años recientes. Para que eso ocurra hay que poner las cosas en su lugar: en estos asuntos la técnica es subsidiaria de la política y no al revés. Reconocer la naturaleza política del proceso supondrá identificar y debatir las tensiones que arrastramos. Más allá de los límites impuestos por las 12 bases, el proceso deberá comenzar a desatar nudos fundamentales, entre ellos:
Abordar estos desafíos es tarea de todos, pero particularmente de las fuerzas oficialistas. Es tiempo de sacudirse las heridas, abandonar cálculos electorales mezquinos y construir las mayorías que habiliten el camino de cambios que el país demanda. Antes y durante la campaña habrá que defender las ideas con rigor, pasión y genuina disposición a escuchar. Ya sabemos que el lugar correcto está lejos de los maximalistas, los inmovilistas y los pusilánimes. Manos a la obra.
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