Claves: ¿Cuánto tiempo resistirá Boric la presión por un Estado de Excepción amplio?

Alfonso Peró y Waldo Díaz

Una semana después de decretar un estado de excepción acotado en la Macrozona Sur, que solo permite el despliegue de las FFAA en las carreteras, la estrategia de Boric sufrió un fuerte traspié. La violenta jornada de este martes, marcada por el asesinato de un trabajador de 66 años, ocurrió en zonas donde no puede operar el Ejército. Chile Vamos, la DC y parte del PS y el PPD presionaron a La Moneda para ampliar las restricciones, en medio de la ola de ataques de grupos armados. En el gobierno no han dado una señal contundente al respecto. A continuación la trama de la crisis.


Los tiempos de la crisis: La muerte de un trabajador mapuche tras recibir un balazo en la cabeza cerca de Lumaco generó una crisis política en La Moneda. A las 17.09, Boric envió un mensaje vía twitter expresando su solidaridad con la familia del fallecido y enfatizando que no tolerarán la “violencia como método de resolución de conflictos”. Se trataba de la segunda vez en que se refería al tema durante la jornada. La ministra Siches lo haría otras 2 veces.

  • A esa altura, la presión de la DC y Chile Vamos por decretar un Estado de Excepción sin restricciones aumentaba. Y si bien el PS se cuadró detrás del gobierno, señalando que apoyarán la decisión que tome el gobierno, algunos de sus parlamentarios se sumaron a la arremetida.
  • Por la tarde, el ministro Giorgio Jackson dijo que “estas situaciones así de sensibles como las que han ocurrido hoy no admiten ser aprovechadas políticamente”. Se refería así a las críticas por el Estado de Excepción “descafeinado” aplicado por el Ejecutivo, como lo calificaron en parte de la DC y Chile Vamos. La Moneda se había resistido a esa iniciativa y ahora la gran pregunta es cuánto podrá sujetar políticamente un estado de excepción de acotado, en medio de una ola de violencia en la Macrozona Sur.
  • Los tiempos de la crisis no son fáciles. El estado de excepción decretado por Boric comenzó a regir el 16 de mayo, por lo que, si lo renueva, como estiman en el oficialismo, debería hacerlo el 1 de junio. Pero el día 15 de mes ya no podrá renovarlo, sino que tendrá que se aprobado por el Congreso. Y el Presidente se encuentra atrapado entre la presión de la derecha y parte de la DC y la centroizquierda, la resistencia del PC y el PC y el entregar una señal de orden público, clave para la gobernabilidad.

Presión a La Moneda: Desde la DC advierten que han transmitido al Ejecutivo “que lamentablemente la buena disposición por dialogar es interpretada como una muestra de debilidad por quienes cometen actos terroristas”. Y que ese mensaje ha llegado a oídos del Presidente, la ministra Siches, el Subsecretario Monsalve y la jefa del Segundo Piso Lucía Dammert, una experta en seguridad, según señalan en el partido.

  • A través del jefe de la bancada DC, Eric Aedo, los parlamentarios emitieron una declaración lamentando el fallecimiento de Segundo Catril: “No es posible que más personas mueran por actos terroristas y por ello demandamos que el gobierno aplique el Estado de Excepción sin complejos y que labor de las FF.AA no se limite al resguardo de carreteras y caminos”.
  • Parlamentarios del PS y el PPD también exigieron ampliar la presencia de las FF.AA en la zona.
  • El ministro Jackson salió a poner paños fríos ante las presiones por establecer medidas más duras. “El Estado de Excepción en la zona de la provincia de Arauco, de la provincia del Biobío y toda la Región de La Araucanía está vigente para lo que se mandató”, dijo. Pero, de todas formas, añadió: “Cualquier novedad que tengamos respecto al Estado de Excepción que se está viviendo, va a ser comunicado debidamente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa”.
  • Nadie en La Moneda lograba responder taxativamente si el gobierno se abrirá a una medida más o no. Por la noche, sin aceptar preguntas, Siches llamó a “recuperar la paz y el buen vivir en todo nuestro sur”. Y dijo que están “trabajando por encontrar a los responsables de este homicidio como también desarticular las bandas que operan en este territorio. Seguiremos trabajando incansablemente por recuperar la paz y el buen vivir en todo nuestro sur”.
  • En Chile Vamos no se descarta interpelar a Siches.

Escala la violencia. La incesante ola de atentados y los obstáculos políticos del PC y el FA para sacar adelante la creación de estado de excepción intermedio, que incluía un despliegue restringido de las FFAA en las rutas de la Macrozona Sur, dejó a Boric sin otra posibilidad que enviar un decreto a Contraloría para aplicar un Estado de Emergencia acotado. Pero los atentados de este martes en la Macrozona Sur pusieron en jaque esta estrategia. Ni el homicidio de un trabajador de 66 años ni el ataque de 40 comuneros a carabineros ocurrió en las vías principales resguardadas por las FFAA, a partir del decreto publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo: “Deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas”.

  • El problema es que en los primeros 5 meses de este año se han sucedido 9 muertes por violencia rural, mientras que en 2021 llegaron a 7.
  • Un informe de la Multigremial de La Araucanía, difundido la semana pasada, reveló que los ataques armados en la Macrozona Sur crecieron un 289% tras el fin del estado de excepción, el 26 de marzo, mientras que las usurpaciones subieron en 400%.
  • Para algunos, los grupos radicales a los que se les ofrece un diálogo generalmente no lo toman cuando están en posiciones de ventaja, como buena parte de los analistas sostiene que ocurre hoy. Y, en el mejor de los casos, antes de iniciar una negociación, redoblan los actos terroristas para sentarse a la mesa en una posición de mayor fortaleza.

Las miradas se dirigen a la WAM. El atentado ocurrió luego de que el fundador y vocero de la CAM, Héctor Llaitul, hiciera un llamado a tomar las armas. “A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”, dijo el miércoles 11 al sitio Werkén Noticias. El gobierno no se querelló contra Llaitul. Pero este martes, tras conocerse los atentados, el grupo radical aseguró no tener relación con el atentado en La Araucanía.

  • El ataque, no adjudicado, ocurrió en un terreno donde también actúa el grupo armado Weichan Auka Mapu (WAM).
  • La WAM nació en 2016 escindido de la CAM y su objetivo es “expulsar a las empresas capitalistas para lograr la autonomía del pueblo mapuche”. Las autoridades todavía no tienen identificados a los principales liderazgos de la WAM, cuyos blancos principales han sido ataques a iglesias rurales, predios agrícolas, cabañas de veraneo, maquinaria y faenas forestales. El grupo ha lanzado una serie de atentados incendiarios en contra de templos católicos y evangélicos. Su área de actuación abarca las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
  • Otro de los grupos radicales que opera en la zona es la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

Cadena de descoordinaciones. Hace 10 días, la ministra y coordinadora interministerial de la Macrozona Sur, Jeanette Vega, indicó que el gobierno iba a querellarse contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, por haber llamado a la “resistencia armada” para defender la autonomía territorial. Pero el subsecretario Manuel Monsalve dijo después que lo más eficaz incorporar estos antecedentes a denuncias que ya están hechas, no a una querella nueva. El Fiscal Nacional Jorge Abbott había dicho en los días anteriores que el Ministerio Público no podía actuar de oficio y requería de parte del Ejecutivo frente a los nuevos dichos de Llaitul. Finalmente, Boric entregó una nueva versión: “Nuestro gobierno persigue delitos, no persigue ideas ni declaraciones”.

  • En paralelo, el Ministerio de Defensa presentó el nombre del contralmirante Jorge Parga para reasumir el rol de Jefe de la Defensa en el Biobío, pero Boric terminó removiéndolo 2 días después. La cartera no previó la presión de la familia de un joven que murió atropellado por un infante de marina que reprimía un saqueo durante el estallido social. Parga había entregado su apoyo al infante Leonardo Medina, recalcando su presunción de inocencia. Pero Medina terminó siendo condenado por cuasi delito de homicidio con una pena remitida de 540 días.

Violencia política vs delitos. Desde el 11 de marzo, la ministra Siches ha hablado de presos políticos mapuche y del wallmapu, lo que generó un conflicto con Argentina. Y el martes pasado, al anunciar el estado de excepción acotado, aludió a la persecución de bandas criminales y algunos delitos, como el robo de madera y el narcotráfico. Siches no mencionó explícitamente a los grupos radicales mapuche ni la violencia política, tal como ocurrió este martes, donde se refirió al homicidio del trabajador mapuche.

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