Los tiempos de la crisis: La muerte de un trabajador mapuche tras recibir un balazo en la cabeza cerca de Lumaco generó una crisis política en La Moneda. A las 17.09, Boric envió un mensaje vía twitter expresando su solidaridad con la familia del fallecido y enfatizando que no tolerarán la “violencia como método de resolución de conflictos”. Se trataba de la segunda vez en que se refería al tema durante la jornada. La ministra Siches lo haría otras 2 veces.
Presión a La Moneda: Desde la DC advierten que han transmitido al Ejecutivo “que lamentablemente la buena disposición por dialogar es interpretada como una muestra de debilidad por quienes cometen actos terroristas”. Y que ese mensaje ha llegado a oídos del Presidente, la ministra Siches, el Subsecretario Monsalve y la jefa del Segundo Piso Lucía Dammert, una experta en seguridad, según señalan en el partido.
Escala la violencia. La incesante ola de atentados y los obstáculos políticos del PC y el FA para sacar adelante la creación de estado de excepción intermedio, que incluía un despliegue restringido de las FFAA en las rutas de la Macrozona Sur, dejó a Boric sin otra posibilidad que enviar un decreto a Contraloría para aplicar un Estado de Emergencia acotado. Pero los atentados de este martes en la Macrozona Sur pusieron en jaque esta estrategia. Ni el homicidio de un trabajador de 66 años ni el ataque de 40 comuneros a carabineros ocurrió en las vías principales resguardadas por las FFAA, a partir del decreto publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo: “Deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas”.
Las miradas se dirigen a la WAM. El atentado ocurrió luego de que el fundador y vocero de la CAM, Héctor Llaitul, hiciera un llamado a tomar las armas. “A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”, dijo el miércoles 11 al sitio Werkén Noticias. El gobierno no se querelló contra Llaitul. Pero este martes, tras conocerse los atentados, el grupo radical aseguró no tener relación con el atentado en La Araucanía.
Cadena de descoordinaciones. Hace 10 días, la ministra y coordinadora interministerial de la Macrozona Sur, Jeanette Vega, indicó que el gobierno iba a querellarse contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, por haber llamado a la “resistencia armada” para defender la autonomía territorial. Pero el subsecretario Manuel Monsalve dijo después que lo más eficaz incorporar estos antecedentes a denuncias que ya están hechas, no a una querella nueva. El Fiscal Nacional Jorge Abbott había dicho en los días anteriores que el Ministerio Público no podía actuar de oficio y requería de parte del Ejecutivo frente a los nuevos dichos de Llaitul. Finalmente, Boric entregó una nueva versión: “Nuestro gobierno persigue delitos, no persigue ideas ni declaraciones”.
Violencia política vs delitos. Desde el 11 de marzo, la ministra Siches ha hablado de presos políticos mapuche y del wallmapu, lo que generó un conflicto con Argentina. Y el martes pasado, al anunciar el estado de excepción acotado, aludió a la persecución de bandas criminales y algunos delitos, como el robo de madera y el narcotráfico. Siches no mencionó explícitamente a los grupos radicales mapuche ni la violencia política, tal como ocurrió este martes, donde se refirió al homicidio del trabajador mapuche.
Un mundo satisfecho de sí mismo se reencuentra en La Moneda en distintos puestos para proveer esa ilusión de continuidad a la que Boric se volcó ahora. Miguel Crispi aparece así en el centro de esa madeja de relaciones familiares y políticas que, al parecer, le simplificaban los tramites complicados y lograba, sin casi debate, […]
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