La iniciativa del Presidente Boric de comprar la casa de calle Guardia Vieja de Salvador Allende generó una fuerte ofensiva fiscalizadora de la UDI, que amenazó con ir la Contraloría para objetar la transacción, dado que la ministra Maya Fernández —nieta de Allende— tiene parte de la propiedad desde 1998. Para algunos, la operación transgrede el artículo 37 bis de la Constitución, que indica que “los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”.
Una decisión presidencial. El Gobierno se encuentra analizando la posibilidad de paralizar la compra del Estado de la casa del ex Presidente Allende en calle Guardia Vieja, en Providencia, para convertirla en un museo.
- Altas fuentes oficialistas señalan que se trata de una iniciativa de Boric -que se ha mostrado como un firme partidario de su gobierno- pero que se ha encontrado con problemas legales para llevarlos a cabo, relacionados al pago que significa esta operación para la ministra de Defensa Maya Fernández, nieta de Allende.
- Según los registros de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la senadora Isabel Allende cedió en 1998 -cuando Fernández era concejala por Ñuñoa y Hortensia Bussi aún residía en la casona- una parte de la propiedad a la ministra y a su hermano Alejandro Fernández Ambos son hijos de Beatriz Allende, conocida como la hija más política del ex Mandatario, quien se suicidó en La Habana en 1977 a los 35 años. La otra hija viva del ex Presidente es Carmen Paz Allende.
- La compra de la residencia de Allende costó 24.291 UF, vale decir, $933 millones.
- La operación la llevó a cabo el Ministerio de Bienes Nacionales y la Contraloría tomó razón, pero no se ha pronunciado respecto del fundamento jurídico de ésta, vale decir, si es legal o no que Maya Fernández forme parte de un contrato con el Estado.
- El gobierno de Boric también compró dos propiedades del ex Presidente Aylwin para transformarlas en un museo.
Problema constitucional. El problema para La Moneda es que ahora, recién después de que la UDI anunciara una dura fiscalización aduciendo un conflicto de interés de la ministra, algunas autoridades se percataron de que la transacción tendría visos de ilegalidad en el caso de Fernández.
- El artículo 37 bis de la Constitución señala: “Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”.
- De ahí que en las últimas horas se esté evaluando cómo detener el proceso. Hasta ahora no se sabe qué repartición o funcionario inadvirtió lo que dictamina la Constitución.
- La ministra Fernández se encuentra actualmente con el Presidente Boric en el Polo Sur, por lo que no ha hecho declaraciones sobre el tema.
- Sus cercanos, sin embargo, señalan que ella no está de acuerdo en pasar por encima de lo que la Constitución dictamina.
- La familia Allende no se ha referido al tema.
La versión del gobierno. En su primera crisis como vocera, Aisén Etcheverry defendió en Canal 13 la determinación, pero dejó abierto el proceso, señalando que aún no se han cumplido todas sus etapas.
- Al ser consultada si existe un conflicto de interés entre el hecho de que el Estado compre la propiedad y que la ministra Fernández sea una de las propietarias, Etcheverry respondió: “Precisamente por eso se está haciendo un análisis exhaustivo, legal, mirando todas las aristas para entender cuál es la mejor forma de hacer aquello para evitar cualquier problema posterior”.
- “Eso supone análisis legales rigurosos que están en curso, incluida la consideración de que hay herederos que podrían ser parte de la propiedad de estas casas. Lo que se hace habitualmente es que se trabaja con los representantes de las comunidades de herederos. La comunidad de herederos es una figura que nos permite llevar esa conversación adelante y, por lo tanto, avanzar resguardando, como bien decía, la transparencia y la legalidad de todos los actos”.
Ofensiva fiscalizadora. La UDI, por su parte, amenazó este viernes con ir a la Contraloría a impugnar la transacción.
- Apuestan a que el órgano que dirige Dorothy Pérez examine la legalidad de la compraventa por parte del Estado de la vivienda que pertenece en parte a la titular de Defensa.
- Un segundo paso podría ser recurrir al Tribunal Constitucional, aduciendo la inhabilidad de un ministro de contratar con el Estado.
- En tanto, la bancada de diputados de RN ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que investigue la compra y si existió sobreprecio en esa operación. Además, solicitó la evacuación de un informe en derecho sobre el incumplimiento de la prohibición de ministros de contratar con el Estado.
Residencia en Guardia Vieja. La senadora Allende vive en Guardia Vieja, una residencia que se encuentra tal cual la dejó Allende antes de morir. En el PS señalan que varias constructoras han ofrecido comprarla, dado el valor del terreno, a lo que ella se ha negado. Siempre se ha dado como un hecho que se convertirá en un museo.
- Además está la casa presidencial de Tomás Moro, donde se encontraba la ex Primera Dama, Hortensia Bussi. Hoy el recinto de 8 mil m2 y un avalúo fiscal de $ 3,4 mil millones, está en manos de una corporación privada ligada a la Fach y cercanos a Allende piden su restitución para el Estado.
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