-El Índice anual 2022 de Fundación Paz Ciudadana dice que aumenta la percepción de temor, la victimización se mantiene y bajan las denuncias. ¿Cómo interpreta las cifras?
-Los delitos se cometen con más violencia, hay mayor presencia de armas y formas nuevas de cometer delitos que afectan la integridad de las personas. También porque con la inmediatez de las comunicaciones hay más información sobre los delitos que ocurren en nuestro entorno; y también porque los medios de comunicación relevan la delincuencia diariamente, influyendo fuertemente en la percepción. Incluso, hay personas que temen a delitos que en sus comunas no están presentes.
-¿Por qué cree que bajan las denuncias si en los últimos meses hay un aumento de cerca de un 70% de los delitos de mayor connotación social en comparación al año pasado, según cifras de la SPD?
-Por la falta de confianza en las instituciones. “¿Para qué voy a denunciar si no va a pasar nada?”, dicen comúnmente los vecinos, sobre todo cuando no hay claridad de quién puede haber cometido el delito o no hay imágenes. Y este es un fenómeno muy complejo y perjudicial para enfrentar el delito, pues si no hay información sobre estos, se planifica la acción policial en los barrios con datos incompletos o errados.
-¿Qué evaluación tiene del Ministerio Público y el Poder Judicial frente a la delincuencia?
-Todas las instituciones tienen una alta carga de casos, y eso hace que su respuesta no sea siempre oportuna. Pero también hay situaciones en las que no se entienden ciertas medidas cautelares o incluso fallos. Pero, este es un sistema que, para condenar, hay que tener pruebas para no cometer arbitrariedades o injusticias.
-¿Hay desconfianza en el sistema judicial?
-El sistema es una cadena, y cada eslabón debe cumplir su función propia y además ser capaz de coordinarse. Es la fuerza que deben tener las instituciones: la coherencia y simultaneidad de su acción. Y es lo que necesitamos fortalecer y actualizar, como en su momento modernizamos autopistas y redes digitales. En la cadena de persecución penal, nos quedamos atrás.
-¿Qué medidas propone?
-Hay tres acciones concretas que ayudarían mucho a que la gente vuelva a confiar en que las autoridades se toman en serio esta crisis que azota nuestros barrios: Uno, ponerle urgencia a la ley de inteligencia, para hacer más eficaz la acción policial (investigar para detener y lograr condenas reales), y al proyecto para enfrentar el crimen organizado y narcotráfico. Dos, empezar ya la reforma que fortalece a Carabineros, para que vuelva a ser la navaja suiza que sirve siempre, que de nuevo inspira respeto y admiración internacional, y que genere confianza. Tres, que el aumento de presupuesto que se anuncia para prevención llegue pronto con resultados, y con criterios de equidad, a todos los territorios.
-¿Y respecto al aumento de los portonazos?
-El portonazo es uno de los tantos delitos que están afectando a nuestras comunidades. Pero no es el único, por lo que nuestra preocupación de enfrentar el tema de la seguridad no se circunscribe a un solo delito. En los últimos 20 días he llevado la voz de los alcaldes de Chile a cuatro instancias claves para alcanzar una respuesta-país a la crisis de seguridad que viven nuestros barrios: el Consejo Nacional de Seguridad en La Moneda, con todas las instituciones que inciden en este tema; la invitación del gobernador Claudio Orrego para alcanzar un acuerdo nacional contra la delincuencia; la sesión de la Comisión Investigadora contra el Crimen Organizado; y las Comisiones de Seguridad Ciudadana de la Cámara y del senado.
-¿Cuáles han sido las propuestas que Ud. ha llevado a estas instancias?
-En todas hemos reforzado la idea de relevar la prevención como una fórmula exitosa para enfrentar esta crisis (cámaras, luminarias, recursos para patrullaje, recuperación de espacios públicos, activación comunitaria etc.). De enfrentar la inequidad territorial y fortalecer la coordinación con las diversas instituciones que inciden directamente. Y por supuesto, relevar que existan planes especiales para enfrentar el crimen organizado y que tienen que sostenerse y evaluarse mes a mes. Ahora, ¿de dónde viene todo esto, si nos dicen que hay más de 50 mil niños y adolescentes involucrados en la ola de delitos?
La prevención no es un sueño de largo plazo, son intervenciones eficaces con resultados a seis meses. Si no trabajamos en reinserción, en deserción escolar y en apoyo sicológico para las familias, nunca vamos a interrumpir las carreras delictivas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Insistir con el foco en el control y no incorporar planes de prevención, nos llevará al fracaso de las políticas de seguridad.
-A propósito de lo ocurrido con el alcalde de Puchuncaví, al rechazar lo que él hizo (bloqueos de acceso a la comuna) Ud. dijo “lo que tenemos que hacer nosotros los alcaldes es proponer medidas concretas para resolverlo, y la Asociación Chilena de Municipalidades lo está haciendo”. ¿Cuáles son esas propuestas?
-Infringir la ley para llamar la atención me parece bastante riesgoso. Ninguna autoridad debiese ir por ese camino. Los alcaldes debemos relevar el rol preventivo y que este de verdad funcione, incluso a corto plazo. Es ir mucho antes de que caigamos en la espiral del delito.
Lograr -por ejemplo- que el joven, que de otro modo saldría a asaltar, tenga un proyecto de vida (hay programas, no solo en Peñalolén, en que lo estamos haciendo en tres meses); darles apoyos a las familias en espacios de riesgo; hacerse cargo del que sale de la cárcel. Esto es lo que está funcionando en los países a los que les va bien.
Solo perseguir y reprimir, hoy es un espejismo; aquello del sheriff suena bien, pero es sólo una fábula. Es lo que lleva fracasando 20 años y cada semana.
-¿Cuál es la evaluación de la Asociación Chilena de Municipalidades de la gestión del gobierno frente a la seguridad de las personas?
-Vemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo en convocar a diversos actores, escuchar e invertir en mayor presupuesto para prevención. Y también en articular soluciones a corto plazo. Nosotros nos ponemos a disposición para ese desafío. Y como la ciudadanía nos está pidiendo resultados debemos, exigir que existan metas de corto y mediano plazo.
-¿En qué consistió el encuentro internacional de alcaldes?
-Este seminario es parte del convenio de Cooperación entre los Municipios de Nezahualcóyotl (México) y Peñalolén (Chile) para compartir “Experiencias Locales” en la Promoción de Derechos y Prevención Social. Queremos aportar a la prevención en la construcción de paz en los territorios, para que pueda ser asumida como política pública relevante. Nos juntamos con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con alcaldes de todo Chile, con Paz Ciudadana, con colegas de Argentina y México, especialistas internacionales, el representante de Unicef, y avanzamos en certezas. ¿Cuáles? La primera es que el efectismo y el populismo penal es sólo para buscar aplausos breves de la galería y no resuelve absolutamente nada. Menos efectismos y más eficacia: ese es nuestro primer acuerdo.
-¿En qué medidas se deberían aplicar los mayores recursos para prevención?
-Estamos llegando tarde a apoyar las trayectorias de vida de los jóvenes que son la carne de las bandas. Estamos llegando tarde con las oportunidades para que estos jóvenes se desarrollen fuera del mundo del narco y de la violencia. Ahí tiene que ir la plata. De 10 pesos, uno ha ido ahí en estas últimas dos décadas; y así es como nos ha ido. Hoy es evidente que tenemos que cambiar un enfoque, centrado en la persecución de delitos consumados y no en la prevención, que claramente ha fallado.
-¿Qué plazos cree que es el prudente para un plebiscito de salida de la propuesta constitucional?
-Lo dijimos y lo repetimos: el acuerdo de los parlamentarios tiene que firmarse ahora, para que el proceso electoral comience a inicios del 2023 y concluya ese año, sin mezclarse con las elecciones municipales del 2024. Eso sería muy negativo, muy distorsionante. En esto, los alcaldes y alcaldesas no tenemos dos voces.
-¿Qué participación deben tener los municipios en este proceso?
-Hemos propuesto que los municipios tengamos un rol formal, explícito en difusión y consulta; y en esto también hay acuerdo. Eso debería quedar por escrito en el acuerdo, a eso deberíamos concurrir con nuestra firma. Es garantía de cable a tierra con las comunas y barrios de Chile. Pero, el tiempo pasa y se requiere de más generosidad de las coaliciones. El país se decepciona al ver tanto tironeo, tanta política chica en este asunto, que debería ser un asunto país.
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