Cadem: 94% rechaza pensiones de gracia para condenados del 18-O y Carabineros resiste crisis de general Yáñez (Lea aquí la encuesta)

La encuesta mostró que el 37% cree que el Presidente Boric es el principal responsable en la entrega de las pensiones de gracia otorgadas a personas que tenían condenas por delitos violentos y 51% rechaza la posibilidad un Presidente de la República tenga en cualquier contexto esa atribución. En paralelo, la evaluación positiva de Carabineros llega aun 79%, pese a que a fines de enero se dio a conocer que el director general Ricardo Yáñez será formalizado por el delito de omisión en causas vinculadas al 18-O.

Qué observar. La encuesta Cadem, correspondiente a la primera semana de febrero, realizó su estudio de campo antes de los incendios que han asolado a la Quinta Región en las últimas horas.

• Uno de los focos del estudio estuvo puesto en las controvertidas pensiones de gracia entregadas a condenados por el 18-O, un flanco abierto en la administración Boric.
• Al respecto, un 94% está en desacuerdo con que se entreguen pensiones de gracia a víctimas del estallido social que tenían condenas por delitos violentos.
• En el caso de personas que no tengan antecedentes, pero hayan sufrido daños por parte del Estado en el contexto del estallido social, 46% está de desacuerdo y 49% de acuerdo con que reciban el beneficio, especialmente los jóvenes (68%), Santiago (58%) e identificados con la izquierda (74%).
• 37% cree que el Presidente Boric es el principal responsable en la entrega de las pensiones de gracia otorgadas a personas que tenían condenas por delitos violentos y 51% rechaza la posibilidad un Presidente de la República tenga en cualquier contexto esa atribución.
• A fines de enero se conoció un informe de la Contraloría sobre las pensiones de gracia del 18-O, detectando graves fallas en el proceso de validación a cargo del Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior.
• El organismo instruyó iniciar un proceso disciplinario para perseguir eventuales faltas administrativas.
• Pero, más importante aún, indicó que “se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.
• El Presidente Boric ordenó revocar pensiones de gracia, pero su determinación, después de 4 meses de vaivenes, abrió un flanco con el PC.

Carabineros. Por su parte, en la primera semana de febrero, 33% (+1pto) aprueba y 62% (+1pto) desaprueba la gestión del Presidente Boric, sin cambios significativos.

• Donde tampoco hay variaciones importantes es en la alta valoración de Carabineros, la quinta mejor evaluada del país después de bomberos, la PDI, la FACH y la armada.
• La situación no pasó inadvertida entre algunos observadores, dado que el mes pasado el general director de Carabineros Ricardo Yáñez atravesó por una fuerte crisis, luego de conocerse que el uniformado será formalizado en mayo por el Ministerio Público por el delito de omisión o responsabilidad de mando en delitos perpetrados el 18-O.
• El general se desempeñaba en 2019 como director de Orden y Seguridad de la institución, de la cual dependen todas las decisiones operativas destinadas a garantizar el orden público. A partir de ese rol, la fiscal Ximena Chong decidió citarlo en calidad de imputado en marzo.
• Chong, que enfrenta severas dificultades para probar que hubo homicidio frustrado en el caso del cabo Sebastián Zamora, que arrojó en octubre de 2020 a un joven al lecho del río Mapocho tras impactar con él en el puente Pío Nono en medio de una protesta, está a cargo de dos querellas presentadas en 2021.
• Por su parte, el general Yáñez partió de vacaciones y ha guardado un bajo perfil.

Test de drogas para parlamentarios. En otro tema, un 95% está de acuerdo con que los parlamentarios se realicen de forma obligatoria el test de drogas en caso de ser sorteados y 91% no cree que debieran tener la posibilidad de negarse a realizar al test. 77% considera que la pena para un parlamentario que consume droga debiese ser la expulsión y el 98% opina que debiese ampliarse a otras autoridades políticas.

LEA AQUÍ LA ENCUESTA COMPLETA: