Aunque los principales voceros del masivo movimiento estudiantil de 2011 fueron Giorgio Jackson, Camilo Ballesteros y Camila Vallejo, Gabriel Boric derrotó a ésta última y se convirtió ese mismo año en presidente de la FECH luego de presidir el Centro de Estudiantes de Derecho. Venció a la figura rutilante de ese momento y lo hizo desde un posicionamiento que lo situaba a la izquierda de las Juventudes Comunistas.
Entró luego a la Cámara de Diputados perforando el sistema binominal en calidad de candidato independiente en Magallanes, su región. Se identificaba políticamente en la tradición del socialismo libertario, admirador de Miguel Enríquez y su Movimiento de Izquierda Revolucionaria, crítico de las burocracias comunistas de Europa del Este pero admirador resuelto de la Revolución Cubana y sus líderes Fidel y el Che Guevara, encandilado también por las experiencias autoproclamadas como “socialismo bolivariano” en Venezuela y Bolivia.
Muy distante de la izquierda de tradición reformista socialdemócrata, tanto en Chile como en el mundo, estableció vínculos estrechos con los líderes españoles de Juntos Podemos que desbordaban por la izquierda al socialismo español y solidarizaban activamente con las experiencias bolivarianas en curso en América Latina.
Es cierto que Gabriel Boric era de lejos el diputado de mayor curiosidad intelectual, menos prejuicios y más disposición al diálogo y la interacción con las generaciones y tradiciones políticas anteriores del progresismo chileno, por lo que fuimos testigos de su proceso de maduración en el Congreso chileno.
De hecho, en sus primeros años de parlamentario, su maximalismo lo llevaba a votar en contra de todo aquello que, a pesar de representar un avance en la dirección de mayor justicia social, no significara el logro total de sus objetivos. Recuerdo particularmente su voto contrario a la nueva ley de trabajadoras de casa particular, porque implicaba contrariar a las dirigentas de su federación nacional esperanzadas en su aprobación, pues habían participado en el proyecto de ley impulsado por la presidenta Bachelet, estableciendo horarios, descansos, vacaciones y otros derechos anhelados por quienes trabajaban previamente con muy escasa regulación.
Fui testigo directo de su proceso de maduración política en los ocho años que representó a Magallanes en la Cámara, pero cuando decide aceptar la candidatura a las primarias presidenciales, Gabriel Boric seguía reconociéndose como un político revolucionario, no un reformista, continuaba creyendo, a mi juicio, que el camino es menos importante que el destino, y que la construcción de una sociedad más justa podía admitir grados de violencia revolucionaria y restricción temporal de derechos. Tal como venció a Camila Vallejo cuando ésta intentaba reelegirse en la FECH, seguía viéndose a sí mismo a la izquierda del Partido Comunista.
He desarrollado ampliamente en este mismo espacio en ocasiones anteriores la tesis de la mutación del gobierno de Gabriel Boric a partir del fracaso de la propuesta refundacional de nueva Constitución a sólo 6 meses de iniciado su mandato. El gobierno actual, aunque aún no verbaliza su cambio de identidad, es uno muy distinto del que sus adversarios temían y también del que sus partidarios originarios anhelaban.
La reacción del Presidente ante la consolidación del fraude electoral en Venezuela por el cooptado Tribunal Superior de Justicia señala un hito irreversible en su proceso de maduración política. Cuando por fin asume que el régimen de Maduro es una dictadura y se reivindica como parte (y líder, digo yo) de una izquierda continental profundamente democrática y respetuosa de los derechos humanos en todas las circunstancias y sin consideración a la adscripción ideológica de los gobiernos y de las personas cuyos derechos son violados.
Lo es porque constituye una ruptura clara, categórica y definitiva con el doble estándar de una parte significativa de la izquierda chilena y mundial, que no ve justificación alguna a las violaciones a los derechos humanos y las libertades públicas cuando se trata de regímenes de derecha, pero desarrolla una gran capacidad de comprensión y justificación cuando ocurren similares violaciones en regímenes autoproclamados de izquierda.
Primero fue la Nicaragua de Ortega, le sigue la Venezuela de Maduro, será inevitable que este juicio también llegue hasta Cuba, país al que aún la izquierda mira con indulgencia sus flagrantes violaciones a los derechos humanos y la ausencia de libertades y democracia. Basta recordar los eventos ocurridos durante la gira de la expresidenta Bachelet a ese país para entender que la mirada de muchos, a pesar de la triste realidad de hoy, sigue anclada a la esperanza que representó la Revolución Cubana en sus inicios para varias generaciones progresistas de Chile y el mundo.
Sé que la verbalización del cambio en la identidad política de los líderes tiene un decalaje, viene a veces mucho más tarde que el cambio mismo. No sé cuánto demorará en este caso, pero es evidente que Gabriel Boric se inscribe hoy en la tradición del reformismo progresista, que busca con el mismo énfasis las luchas por la igualdad y la libertad, que no está dispuesto a sacrificar libertades ni derechos en el altar de la lucha por la igualdad, ni viceversa.
Atrás quedaron las pretensiones refundacionales, el vanguardismo iluminado, el doble estándar en derechos humanos y libertades, la idea de que una minoría consciente puede imponer cambios a pesar de no tener apoyo mayoritario porque ésta sabe lo que le conviene al pueblo más que el pueblo mismo.
Está por verse, sí, si acaso logrará que todos los partidos de su gobierno lo acompañen en esta evolución política de su identidad personal y la de su gobierno. Eso es fundamental si pretende, como es posible, terminar su mandato presidencial con un nivel de aprobación no muy distante de su tasa de desaprobación y reaparecer en la escena política del período presidencial siguiente como uno de los principales líderes -quizás el principal- del progresismo para empujar el proceso de actualización que requiere la izquierda para volver a ser una fuerza política central en el desarrollo de Chile.
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