En diciembre pasado, con el fallo del caso Silala, Chile y Bolivia pusieron fin a casi diez años de litigación ante la Corte Internacional de Justicia. Una década en que dos sentencias de este alto tribunal beneficiaron a Chile, donde la primera señaló de modo categórico que nuestro país no tiene obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar, y la segunda dio cuenta de una convergencia de posiciones de las partes sobre la mayoría de los puntos disputados en relación al curso de agua compartido.
Pero ¿pusieron esos fallos un verdadero fin a ambos temas? En los hechos, la respuesta a esa pregunta es negativa: la conducta de nuestro país vecino ha demostrado que participó de estos procesos a fin de utilizar el trabajo de la Corte para fines de política interna, sin intención verdadera de respetar los resultados. Por eso, la sensación es de un eterno Día de la Marmota… aquel que se repite una y otra vez sin acabar.
Además, como es sabido, Chile es un recurso discursivo usado por la administración del país altiplánico cada vez que las cosas van mal. ¿Y qué tan mal van las cosas en la actualidad? Pues bastante. El panorama económico y político es desolador.
En lo económico, Bolivia sufre un déficit fiscal severo. El país ha pasado de exportar hidrocarburos a importarlos, entre otros factores, por falta de inversión en exploración. La producción ha caído mucho y esto no sorprende, dada la posición hostil respecto de la inversión extranjera sostenida por Evo Morales desde el inicio de su primer mandato (2006), y manifestada en altos impuestos y en el rechazo a los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado contenidos en tratados.
Así, el Estado ha visto caer sus ingresos, pero no ha reducido sus gastos. Ha preferido usar sus reservas internacionales (de 15.500 millones de dólares en 2014, al actual mínimo histórico de 3.500 millones), y aumentar la deuda externa (de 2.000 millones de dólares en 2006, a 19.000 millones actuales). Hoy escasean los dólares, los ahorrantes temen la caída de los bancos, y el país ve rebajada su calificación internacional.
En lo político, el oficialismo se encuentra gravemente escindido. El ex Presidente Morales se posiciona para una nueva candidatura descalificando constantemente al actual mandatario y sus ministros. Contribuye a este esfuerzo por deslegitimar al gobierno el ex Vicepresidente Alvaro García Linera, quien asevera que en 2020 Arce fue ungido como candidato para presidir un gobierno transitorio, cuyo deber es hacer que Morales vuelva a la Presidencia lo antes posible. Los partidarios de Arce, en tanto, promueven que Morales sea desafiliado del partido.
La oposición boliviana, por otro lado, se encuentra denunciando la violación de derechos humanos en el país ante instituciones internacionales, destacando la prisión preventiva desde diciembre pasado del gobernador de Santa Cruz y principal líder del sector, Luis Fernando Camacho, al cual se acusa de terrorismo; la prisión de la ex Presidenta interina Jeanine Añez, sentenciada a diez años por incumplimiento de deberes constitucionales; y la de cientos de personas que consideran como presos políticos, privados de libertad por una justicia que caracterizan como sometida al mandato político imperante.
Esta descomposición política y el sombrío panorama económico están detrás del cambio de la retórica del gobierno boliviano respecto de Chile, explicitado en la reciente celebración del Día del Mar. La reiteración discreta de la aspiración histórica de los últimos años ha dado paso al chantaje: oferta de diálogo sobre el problema de los migrantes de cruzan desde Bolivia hacia Chile a cambio de que Chile acepte negociar acerca de un acceso soberano al mar.
Al mismo tiempo, varios personeros del gobierno de Luis Arce han dicho que el fallo de la Corte de La Haya (2018) “no ha puesto punto final” a la reivindicación boliviana; que el pueblo boliviano tiene un “derecho imprescriptible” a una salida soberana al mar (a pesar de que la Corte estableció que no hay deber alguno para Chile que sería espejo de tal derecho, si existiese); y que Chile incumple obligaciones mediante medidas unilaterales que obstaculizan el comercio exterior boliviano (cuando en realidad invierte en facilitarlo).
Arce aprovechó la efeméride para plantear a Chile una agenda de siete puntos para orientar el contacto bilateral, manifestando esperanza de una respuesta favorable. Esos puntos son: mar para Bolivia, Tratado de 1904, puertos chilenos, litio, migración, lucha contra el contrabando, y desmantelamiento de los canales del Silala (mismos que Bolivia ante La Haya planteaba que debía pagársele por no desmantelar; Chile siempre ha sostenido que Bolivia es libre de hacerlo).
Sin embargo, si la historia de las relaciones bilaterales sirve de guía, las conversaciones entre ambos países no están bien aspectadas. Con un país abrumado por una crisis financiera y un partido gobernante dividido, la tentación de recurrir a Chile como señuelo para galvanizar apoyo en torno a un Presidente debilitado es demasiado grande.
Por lo tanto, políticamente es improbable que Arce acceda a dejar fuera de la agenda lo relacionado al mar y se concentre en temas como migración o narcotráfico: no sería bien visto por su sector. Además, sin conversación sobre el mar de por medio, el interés del actual gobierno boliviano en asumir responsabilidades como país de tránsito migratorio será bajo. Un eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas formales, en este sentido, tampoco haría diferencia.
Y si ya vemos signos de desconocimiento del fallo de 2018, es posible que lo mismo suceda respecto de la sentencia sobre el Silala. Visto que la Corte se limitó a identificar posiciones de Chile y Bolivia sin explicitar los efectos concretos de su convergencia con respecto a derechos y obligaciones, “existe el riesgo de que las partes cambien de posición”, como advirtió la jueza australiana Charlesworth. Por ello, Chile no debiera descartar la posibilidad de interponer un recurso interpretativo que cierre toda posibilidad de cabos sueltos.
¿Lo positivo? La vasta experiencia del Canciller Van Klaveren sirviendo a distintos gobiernos, como garantía de un manejo muy cuidadoso de esta espinuda relación, incluyendo sus aspectos legales. Ojalá el Presidente Boric y sus asesores, además del gabinete en pleno y el Poder Legislativo, presten a su experto consejo toda la atención posible.
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