Asesinato de cabo Palma: Las horas más difíciles de Boric en una crisis que asume carácter de Estado

El terremoto político que había sacudido al gobierno en las últimas tres semanas por la crisis de seguridad se convirtió en un cataclismo con el asesinato del cabo Daniel Palma. El gobierno convocó a los representantes de instituciones claves para darle un carácter de Estado a la crisis -un desafío mayúsculo en pleno período electoral- y anunció una serie de medidas. Un gesto potente fue la presencia de los ex presidentes Lagos, Bachelet y Piñera en el funeral. A continuación, la tensa jornada en La Moneda, las claves de la crisis y las medidas anunciadas por el gobierno.

Cataclismo político. El homicidio del cabo de carabineros Daniel Palma terminó de convertir en un cataclismo político la crisis de seguridad que ha tenido contra las cuerdas al gobierno del Presidente Boric en las últimas tres semanas, durante las cuales han sido asesinados tres miembros de la institución policial. Su impacto ha sido de tal calibre que como pocas veces se han dado señales de que en el desborde la delincuencia hay disposición a asumirlo como un problema de Estado. En todo caso, se trata de un desafío mayúsculo en medio de la campaña electoral constitucional, que se inicia formalmente este viernes.

• El miércoles el presidente y su comité político habían tenido un día repleto de tensión por la votación en el Congreso sobre la Ley Nain-Retamal, cuando el PC y el FA rechazaron sumarse a la mayoría que aprobó la legítima defensa privilegiada en los procedimientos policiales, que fue defendida por La Moneda y la ministra Tohá. El texto fue aprobado principalmente con los votos de Chile Vamos y el Socialismo Democrático.
• A ese golpe -que demostró que las dos coaliciones del gobierno no tiene una visión común sobre la grave crisis de seguridad que azota al país- se sumó a las 21:00 de esa noche el asesinato del cabo Palma y todas las alarmas se encendieron en el palacio presidencial.

Larga noche en La Moneda. A las 23:10 la ministra Tohá llegó a la Posta Central, cuando Palma agonizaba (fue declarado muerto a las 2:00) y más tarde la vocera Camila Vallejo anunció que el gobierno adoptaría una serie de medidas, sin especificarlas.

• A las 1:10 el Presidente se asomó entre las cortinas de su oficina por unos instantes, captados por las cámaras de la televisión.
• Las luces de la oficina del Presidente permanecieron prendidas hasta las 4:00 de la madrugada de este jueves, cuando el mandatario se retiró tras sostener una serie de reuniones y coordinar medidas a contrarreloj para que pudiera anunciarlas a primera hora de la mañana las ministras Tohá y Vallejo. La vocería ocurrió cerca de las 8: 00.

La crisis y su carácter de Estado. Más allá de las medidas, el anuncio político más importante de Tohá fue que habían sido citados a La Moneda los representantes de instituciones claves del país: Poder Judicial, Poder Legislativo (los presidentes de ambas cámaras), el contralor (que no pudo llegar) y Fiscalía Nacional.

• Lo que se ha visto a partir del asesinato del cabo Palma es un gobierno bajo una presión inédita, que se tradujo en la rápida promulgación de las leyes que protegen a Carabineros aprobadas por el Congreso el miércoles, además de iniciativas como intervenciones en 30 barrios más castigados por la delincuencia.
• La idea, que había sido repetida en otras ocasiones por el Presidente, era que la crisis de seguridad asuma un carácter de Estado, lo que fue acogido por todos, entre ellos los presidentes de ambas cámaras, el senador Juan Antonio Coloma, y el diputado Vlado Mirosevic.
• “Aquí hay un antes y un después”, señalaron tanto Coloma como Mirosevic, quienes acordaron con el Presidente “avanzar con gran velocidad en una agenda antidelincuencia”.
• Otra señal muy potente en esa línea fue la presencia en el funeral de Palma del Presidente Boric acompañado de sus tres antecesores: Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Las exigencias de la oposición. Para algunos, es muy difícil que el carácter de Estado se mantenga en vísperas de las elecciones constitucionales del 7 de mayo. A fin de cuentas, hay consenso de que la seguridad es por lejos la mayor prioridad de los chilenos y también la principal debilidad del gobierno, sobre todo cuando no tiene el apoyo decidido en ese de una de sus coaliciones.

• El presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que “el Presidente tiene la responsabilidad, el deber de sacudirse, de aislar de la toma de decisión en materia de seguridad al PC”.
• Otro factor que conspira contra una política de Estado es que existe una disputa por la hegemonía en la derecha, donde los republicanos apuestan por una agenda lo más dura posible, amenazando por el flanco derecho a la UDI.
• Además, el timonel de RN Francisco Chahuán solicitó que fuera alejado de su cargo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

Nuevo clima político. El asesinato -que ocurre a menos de dos meses de la elección constitucional, donde las encuestas proyectan que la oposición tendrá amplia mayoría- hizo retroceder a Apruebo Dignidad (FA-PC) en su decisión de acudir al Tribunal Constitucional para impugnar las leyes aprobadas en la víspera. De cualquier forma, la promulgación relámpago por parte del Presidente de la Ley Nain-Retamal bloqueaba esa posibilidad.

• Además, si antes esa medida anunciada por Apruebo Dignidad parecía, en palabras del analista Pepe Auth, “una disociación brutal del sentido común”, tras la muerte del cabo dejaba de tener cualquier viabilidad política.
• Otra señal fuerte del cambio de clima político fue el anuncio del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de que había instruido que a partir de ahora se pedirá la prisión preventiva de los extranjeros indocumentados que sean detenidos cometiendo un delito.
• Otro tema no menor que pone en la agenda el asesinato del cabo Palma es el hecho de que los sospechosos de haberlo cometido sean venezolanos. Todo apunta a que eso llevará a un mayor endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal.
• Las palabras de la ministra Tohá al ser consultada por la posibilidad de decretar estado de excepción reflejan al mismo tiempo la gravedad de la crisis de la delincuencia y la necesidad urgente del gobierno de dar más señales de su determinación en el combate al crimen.
• “No tenemos ningún complejo en ocupar las herramientas que nos permite el Estado de derecho. Esto no es un decir, lo hemos demostrado, ahí donde ha sido necesario hemos ocupado todas las herramientas que tenemos al alcance. Y en este caso, lo que vamos a focalizar es este tipo de intervención que la evidencia nos demuestra es más eficaz para este tipo de problemática, pero no significa descartar ningún tipo de herramienta”, dijo Tohá.

LEA AQUÍ LAS MEDIDAS ANTIDELINCUENCIA ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO TRAS EL CRIMEN DEL CABO PALMA:

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