La nueva mesa directiva de la Convención Constitucional, encabezada por María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, dos personas del ámbito de la salud, independientes de izquierda, sin figuración política anterior, abiertas al diálogo y conscientes de la necesidad de alcanzar acuerdos, es una excelente noticia para un proceso constitucional que no ha estado exento de logros ni de críticas.
Las dificultades para encontrar una mayoría que reemplazara a la dupla Loncon-Bassa hace a muchos temer por la suerte que podrían correr los artículos propiamente constitucionales, que, conforme al sistema acordado, deben obtener 2/3 de apoyo o serán rechazados inapelablemente.
La mayoría que se expresó en la elección de la nueva presidenta es apenas suficiente para alcanzar el 50% de los convencionales. Una expresión mayoritaria más clara sí se evidenció en la elección del vicepresidente, donde esta vez sí concurrieron los convencionales del Frente Amplio y del colectivo socialista a brindar su apoyo.
Está claro que el eje FA-PS -que funcionó en la primera fase de la convención y que se expresó en la mesa directiva saliente-, dejó mucho que desear en las preliminares de esta segunda y decisiva etapa.
De hecho, quedó excluido de la mesa perdiendo su influencia sobre el grupo de Independientes No Neutrales, que era su aliado natural, y que esta vez corrió exitosamente con colores propios, instalando a uno de los suyos en la vicepresidencia.
El Partido Comunista, en cambio, parece ser un claro vencedor ya que finalmente se impuso su tesis de levantar una mesa “transformadora”, en oposición a una “centrista” que sería la que propiciaba el FA y el PS.
Mostraron los comunistas mucho más oficio político y capacidad de articulación, sorprendiendo a quienes hasta ahí se sentían los encargados de la gobernabilidad de la asamblea. Ahora, esta está sustentada en el acuerdo de los diferentes grupos independientes originados en torno a las protestas del 2019, a las luchas regionales, identidades de género y rechazo a los partidos políticos.
No será fácil sostener esas alianzas, como lo demostraron las ocho rondas de votaciones que precedieron a la elección de María Elisa Quinteros, en que la impericia, el sectarismo y la búsqueda de relevar la propia identidad mostró su peor faceta.
Apruebo Dignidad, la coalición que gobernará a partir de marzo, le debe una explicación al presidente Boric y al país. Mientras el presidente electo busca ampliar creativamente la base de sustentación de su gobierno para poder impulsar las reformas prometidas, sobre la base de distintas alianzas con distintos niveles de compromiso, su propia coalición no ha funcionado como tal en la Convención.
Parece un espécimen bicéfalo en que cada sector -el PC y el FA- disponen de aliados externos para un combate por la hegemonía del proceso. Estas tensiones, si no se actúa con una verdadera cultura de coalición, irán acrecentándose, convirtiéndose en una pesadilla para la gestión del gobierno y la obtención de mayorías en el Congreso Nacional.
Apruebo Dignidad tiene una responsabilidad frente al país. Nada positivo puede resultar del gallito permanente al interior de una alianza de gobierno. Chile ya conoció en tiempos de la Unidad Popular, las consecuencias de un sistema de alianzas fallido, en donde los partidos de la coalición se enfrentaron duramente con tesis irreconciliables que terminaron paralizando al gobierno y dejando en la completa soledad al presidente Salvador Allende.
Por el contrario, los años de la transición a la democracia mostraron que es posible hacer una coalición y gobiernos consistentes. Apruebo Dignidad debe saber que hay mucho que aprender de nuestra historia reciente.
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