Ángela Vivanco: “Los consejos de la justicia que mejor funcionan son los que no son politizados”

En el acuerdo del oficialismo sobre posibles reformas a la nueva Constitución, 3 puntos se refieren al Poder Judicial: devolverle el nombre -en la propuesta se llama Sistemas de Justicia-, precisiones sobre la justicia indígena e integración del Consejo de la Justicia con mayoría de jueces. Todos son elementos que la vocera de la Suprema y la comisión de ministros, plantearon en su momento a la Convención.

Qué observar. Tres de los cinco puntos que aborda el acuerdo al que llegó el oficialismo como posibles reformas al nuevo texto constitucional se relacionan con el Poder Judicial. Y coinciden con varios de los planteamientos que la Corte Suprema formuló en el proceso constituyente: las dudas sobre cómo operaría la justicia indígena, el cambio de nombre institucional -se le rebautizó como Sistemas de Justicia- y la integración del Consejo de la Justicia.

• “Esto refleja, evidentemente, que los temas que en su oportunidad la Corte planteó formalmente a la Convención, tanto en la reunión que hubo para efectos de las normas transitorias como con anterioridad, y que hicimos valer sobre cuáles eran nuestras aprensiones y preocupaciones, que algunos de ellos se han recogido en este documento con lo cual hay una continuidad de lo que en su oportunidad se dijo por lo menos en parte de ellos”, dice a Ex-Ante la vocera de Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien fue consultada respecto de qué grafica que estos tres puntos hayan sido puestos en la agenda.
•  “Ahora, nosotros no podemos hacer una apreciación ni de la connotación política que tiene un acuerdo como este ni tampoco cuál es su influencia electoral, porque no nos corresponde”, añade.
• Pero, en el desarrollo de la Convención, Ángela Vivanco recuerda que dejaron constancia sobre “cuáles eran nuestras preocupaciones en temas de justicia indígena y el Consejo de la Justicia. Y,  desde ese punto de vista, significa que hubo un elemento que se consideró de lo que dijo el Poder Judicial”.

Lo que aborda el acuerdo. En la propuesta de la nueva Constitución se conservó el nombre al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pero se eliminó el término Poder Judicial por el de Sistemas de Justicia.

• “Proponemos reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial'”, dice parte del acuerdo.
• Sobre la Plurinacionalidad, el documento propone respecto a los sistemas de justicia indígena que “como principio rector que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”.
• En mayo pasado, la vocera de la Corte Suprema había planeado justamente estas dudas, cuando señaló que “lo que se dice de la justicia indígena es que va a ser paralela a la justicia nacional y que solamente se va a unificar por la Corte Suprema. Pero no se dice, por ejemplo, a quiénes se aplica; qué pasa cuando hay personas de distintas etnias en un mismo caso; ¿es voluntaria o es obligatoria?; ¿toca todas las materias o solo algunas?”.
• Y agregó: “Se ha dejado entrever que podrían ser materias penales y eso es muy complejo: la creación de distintos delitos según de quién se trata. ¿Cuáles son las fuentes? Porque se habla de las costumbres y tradiciones, pero ¿dónde están para yo saber cuáles son? ¿Quiénes son las autoridades indígenas? ¿Esto va a ser comunitario o va a ser con un sistema parecido a los tribunales de justicia nacional? ¿o cada comunidad tiene una instancia pequeña para su situación? ¿Y cómo es la vía recursiva? Todas esas materias son de la mayor relevancia y nosotros consideramos que hay que ponerle mucho hincapié a la norma legal que se dicte como complemento de esto”.
• El tercer punto del documento del oficialismo se refiere al Consejo de la Justicia, encargado de los nombramientos, calificaciones y sanciones de casi 2 mil jueces, incluida la Suprema, y que resultó mucho más político de lo que pretendía la Corte: de sus 17 integrantes, 8 son jueces; 2 funcionarios judiciales; 2 representantes de los pueblos y naciones indígenas y 3 elegidos por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones.
• “Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”, dice el acuerdo.

La importancia del nombre. A comienzos de julio, fueron dos ex presidente de la República, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, quienes abrieron los flancos frente a la composición del Consejo de la Justicia. El primero dijo que “habría que devolver el nombre del Poder Judicial equivalente a los otros dos poderes(…) y cambiar la integración y las facultades del Consejo de la Justicia”. Y, el segundo, que “el texto arriesga que los jueces sean controlados políticamente a través del Consejo de la Justicia”.

Durante el desarrollo de la Convención, la Suprema creó una comisión constitucional que culminó su trabajo el  15 de junio y estuvo integrada por Ángela Vivanco y los ministros Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus, Arturo Prado, Diego Simpertigue y Manuel Valderrama. El grupo primero se encargó en enviar insumos a la Comisión de Sistemas de Justicia. Pero luego adoptó un papel más influyente y planteó, directamente, sus dudas respecto de cómo podrían implementarse varias normas, entre ellas, la justicia indígena. Pero, su mayor disputa, fue respecto a la composición del Consejo de la Justicia.

Sobre esos planteamientos, Ex-Ante consultó a Ángela Vivanco:

-La Corte Suprema, mientras se escribía el borrador, consideró que este Consejo tendría que tener una mayoría de jueces. En la experiencia internacional que estudiaron ¿cuáles consejos de la justicia han funcionado mejor en su composición?

-Lo que le puedo decir que es los consejos de la justicia que mejor funcionan son los que no son politizados y donde hay una relación fluida con el Poder Judicial porque se separan funciones. Pero eso no significa que haya una desvinculación total. Al contrario, tiene que haber una vinculación porque hay intereses legítimos, porque hay situaciones que es importante conocer y porque tiene que haber un vaso comunicante entre ambos organismos. Esas son condiciones que resultan muy positivas. Y, de ese punto de vista, el derecho comparado así lo señala: mientras más se aleja el Consejo de la justicia del Poder Judicial o más desvinculados están, evidentemente que eso genera una serie de inconvenientes.

-¿En el cambio de nombre Poder Judicial al de Sistemas de Justicia fue un punto que consideraron en sus propuestas como Corte Suprema?

-Lo manifestamos en su oportunidad. Dijimos que sabíamos que el tema tenía un interés asociado con distintos sistemas de justicia pero que no era conveniente que el Poder Judicial perdiera el nombre.

-¿Consideraron entonces que el cambio de nombre era un tema de forma o de fondo?

-Dijimos esto en el tenor de que las cosas son según se las llama. Y, en consecuencia, cuando por razones diversas se cambia el nombre de un poder y se le pone ‘sistema’, eso de alguna manera es un mensaje que, en este caso, no era positivo dar, sino al contrario: las democracia tiene que fortalecer los poderes judiciales y no tomar medidas que, aunque sean formales, de alguna manera los debilita”.

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