Agenda anticorrupción en la Cuenta Pública. Por María Jaraquemada

La directora ejecutiva de Chile Transparente sostiene que “las novedades se encuentran en su anuncio de realizar reformas a la Ley del Lobby vigente desde el 2014, un convenio con el Consejo para la Transparencia para impulsar más transparencia en las fundaciones que están al alero del gabinete de la Primera Dama y un Estatuto Nacional de Integridad Pública”.

Durante toda la semana hemos leído y escuchado diversos análisis sobre la primera Cuenta Pública del Presidente Boric, de la cual había expectativa respecto al tono y los anuncios. Primero porque es la inaugural y no solo de él sino de su coalición y, segundo, porque los meses iniciales no han sido para nada fáciles. Sin duda que en cada materia tratada se puede opinar que no fue suficiente o que estuvo fantástico, como siempre ocurre. Por mi parte intentaré hacer un balance sobre las propuestas en materia de integridad y lucha contra la corrupción.

Nuestro país suele reaccionar con comisiones presidenciales y agendas de reformas cada vez que estos casos impactan de modo relevante a la opinión pública, de hecho, desde el retorno a la democracia contamos con cuatro de estas comisiones, siendo la última la presidida por el economista Eduardo Engel (año 2015).

No es casualidad que al menos desde ese año, las palabras “transparencia”, “integridad”, “probidad” y “corrupción” estén presentes en las distintas cuentas públicas y haya compromisos en estas materias a pesar de no haber casos particulares a los que hacer frente. Mal que mal a partir del año 2014 comenzamos a conocer de manera periódica escándalos que salpicaban a diversas instituciones claves en nuestra democracia: partidos políticos, Fuerzas Armadas, Carabineros, Senado, empresas privadas que prestan servicios de utilidad pública, Cortes de Apelaciones, entre varias otras. Tampoco es casualidad que a partir de ese año Chile comenzara un lento descenso en los principales indicadores de percepción de la corrupción, alejándose cada vez más del puntero, Uruguay, aunque aún muy por sobre el resto de los países de la región.

¿Qué fue lo que el Presidente anunció en esta materia? Se comprometió a continuar impulsando algunos proyectos que fueron iniciados por su predecesor, Sebastián Piñera, como una modernización de la ley de transparencia -que a esta altura requiere también su propia modernización-; la de regulación de conflictos de interés en el sistema de compras públicas; y la de protección al denunciante en el sector público. Las novedades se encuentran en su anuncio de realizar reformas a la Ley del Lobby vigente desde el 2014, un convenio con el Consejo para la Transparencia para impulsar más transparencia en las fundaciones que están al alero del gabinete de la Primera Dama y un Estatuto Nacional de Integridad Pública.

Es valorable la continuidad con los proyectos anteriores. Cada gobierno quiere tener su propio sello y proyectos con sus firmas. Hemos visto varias veces que para lograr eso se ingresa una nueva propuesta, sin importar que se pierda lo previamente avanzado ni que se trate de iniciativas muy similares. Esto no obsta a que el gobierno actual pueda proponer modificaciones o cambiar los acentos que, de hecho, en algunos como la protección de denunciantes, sería deseable por ser una propuesta muy limitada.

Lo más novedoso a mi juicio es la de un Estatuto Nacional de Integridad Pública. Por supuesto habrá que esperar más luces y detalles en los próximos días, pero, en general, nuestro país ha adolecido de planes o políticas en esta materia que sean hojas de ruta -salvo por las comisiones presidenciales-, que tengan una mirada integral del fenómeno de la corrupción e, idealmente, sean acordadas de manera amplia -incluyendo a los partidos, sociedad civil y academia-.

Si queremos de verdad afrontar este fenómeno, es clave pasar de una agenda reactiva a una que se adelante a la corrupción, ya que una vez que esta se produce el daño a la confianza pública ya está hecho y es difícil de revertir. El gobierno anterior intentó hacerlo de la mano del Ministro Blumel, quien presentó una agenda en septiembre de 2019, pero los hechos de octubre de ese año dejaron esa agenda en nada.

Diagnósticos y propuestas hay muchas, de hecho, algunas se han ido repitiendo desde el año ‘94 sin que aún hayan avances -como regular la puerta giratoria entre el sector público y privado-, es hora que seamos proactivos y no nos quedemos esperando el próximo escándalo para sorprendernos y preguntarnos por qué no lo vimos venir.