ADP: El primer paso hacia un estado eficiente y sin botín político. Por María Jaraquemada

Ex-Ante

La Directora Ejecutiva de Chile Transparente aborda la polémica por la remoción de cargos de Alta Dirección Pública: “El costo de renovar a gran cantidad de personas cada cambio de gobierno, con las complejidades y particularidades del servicio público, lo asumimos todas las personas cuando no hay continuidad o se pierde importante expertisse”, dice.


Esta semana el Presidente Boric nombró a una serie de directores de servicios como Fonasa, Dirección del Trabajo, INDAP, entre otras entidades que han definido como prioritarias y, como se ha dicho, donde se utilizaron las doce “balas de plata” que la ley le permite.

Esto obedece a cambios importantes que se hicieron el año 2016 a raíz de propuestas de la Comisión Engel para darle una mayor estabilidad al sistema de Alta Dirección Pública (ADP) creado el año 2003 como consecuencia del escándalo MOP-GATE y que tenía como objetivo avanzar en la profesionalización del sector público chileno, particularmente en los servicios más bien técnicos y que aplican las políticas públicas de acuerdo con lo definido por los gobiernos. Este fortalecimiento ha implicado que en el último gobierno hayan disminuido los despidos de directivos de ADP de un 58% del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet a un 39% en la segunda administración Piñera.

Con los años, la cantidad de servicios que se han incorporado al sistema de Alta Dirección Pública ha sido notable, de 688 a más de 5.000, donde a través de la definición de perfiles y concursos públicos se intenta atraer a personas calificadas para liderar este tipo de instituciones. Sin embargo, se mantiene un importante componente de confianza política, ya que el gobierno de turno finalmente decide entre los tres o cinco nombres que le presenta el Servicio Civil, quién se adjudica el concurso. Además, como hemos visto estos días, se le puede pedir la renuncia por motivos de desempeño o confianza, con la importante diferencia que la vacante debe ser llenada nuevamente por concurso, salvo las llamadas doce balas de plata en que directamente se puede nombrar a alguien, es decir, se reservan doce servicios públicos que son considerados estratégicos para la elección del gobierno entrante durante sus primeros seis meses.

Sin duda lo anterior es un importante avance en la modernización del Estado y en contar con personas competentes para implementar políticas de salud, protección de derechos sociales, desarrollo económico, entre otras.

A pesar de lo anterior, creo es necesario dar un paso más. No es cuestionable que cada gobierno electo requiera de personas de su confianza política para llevar adelante sus programas y propuestas por las que fue electo. Sin embargo, la gran cantidad de funcionarias y funcionarios públicos son personas que pueden y debieran cumplir sus labores con independencia del color político. El Estado no puede ser un botín político -o de otros lazos como los familiares- y el costo de renovar a gran cantidad de personas cada cambio de gobierno, con las complejidades y particularidades del servicio público, lo asumimos todas las personas cuando no hay continuidad o se pierde importante expertisse.

Además, un empleo público precario y que depende de la voluntad o discrecionalidad de la jefatura de turno es altamente susceptible a la captura de intereses corruptos.

Por eso se abre una gran oportunidad en el proceso constituyente. Varios representantes han recogido propuestas de la academia y sociedad civil en torno a establecer los principios de un empleo público profesional, imparcial y moderno, que impulse a un Estado eficiente. Así, la idea es distinguir entre el gobierno y la administración, es decir, la primera línea que constituye el núcleo de confianza y liderazgo político y la administración pública que debiera regirse por normas de acceso, permanencia y remoción objetivas, transparentes, públicas y no partidistas.

No podemos olvidar que al centro de las demandas del estallido social se encontraban los abusos del Estado y la desigualdad de acceso y oportunidades, tanto a servicios públicos como al ejercicio de ciertos derechos. La Convención Constitucional con certeza avanzará en materia de provisión y garantía de derechos sociales. Por esto, necesitamos un servicio público que esté a la altura y pueda responder adecuadamente a estas demandas y eso incluye fortalecer el sistema de empleo público que tenemos hoy.

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