Actas revelan que comisión presidencial omitió razones para dar pensión vitalicia a condenado del 18-O

Daniel Jana Torres —periodista, PS, ex Sence con Bachelet 2 y nombrado nuevamente en el cargo en abril de este año tras dejar su rol de jefe de Acción Social del Ministerio del Interior— presidió las 2 sesiones en que se recomendó entregar y luego aumentar la pensión de gracia a Andrés Fuica, cuando ya había sido condenado por robar un supermercado el 18-O. Además de los representantes de esa cartera, estaba la exjefa de gabinete de Irina Karamanos, una economista cercana a Mario Marcel y un asesor legislativo del Ministerio del Trabajo, entre otros.

Qué observar. A las 10:07 am del 10 de junio de 2022, los 10 integrantes de la comisión asesora presidencial para la entrega de pensiones de gracia se reunieron en el salón Matta de La Moneda para iniciar su quinta sesión.

• En una reunión presidida por Daniel Jana Torres —periodista, militante socialista y entonces jefe del departamento de Acción Social del Ministerio del Interior—, aprobaron el acta de la sesión anterior y pasaron a la etapa de “evaluación de postulaciones a pensión de gracia”.
• De acuerdo con el acta de la jornada, revisaron 291 solicitudes, de las cuales aprobaron 272 y rechazaron 19.
• El caso 133 correspondía a Andrés Enrique Fuica Fuica, 42, a quien dieron el visto bueno para que recibiera una pensión de gracia vitalicia de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales.
• Ésta sería aumentada este año a 1,7 ingresos mínimos no remuneracionales —equivalentes a $504.069, este mes—, en un decreto exento firmado por los ministros Mario Marcel de Hacienda y Carolina Tohá de Interior.
• El acta de esa jornada no consignó la justificación para entregarle el beneficio. Sí se mencionó, en el apartado sugerencias de la comisión, que “el Departamento de Acción Social verifique cuáles corresponden a personas con dependencia severa o que requieren de cuidados de terceros. Situación que se deberá acreditar a través del certificado de discapacidad de la Compin”.
• El acta de la sesión del 31 de agosto de 2022, donde se recomendó aumentar su pensión, tampoco incluyó una justificación para tomar esa medida. En los fundamentos del caso 179 sólo se nombró que el beneficio correspondía a la glosa 12 del programa Subsidios del Presupuesto Vigente del Tesoro Público.
• Lo que sí estaba acreditado judicialmente cuando se realizaron ambas sesiones, era la calidad de culpable de Andrés Fuica por robo en lugar no habitado. El 2 de febrero de 2021 había sido sentenciado a 61 días de reclusión domiciliaria nocturna por entrar a un supermercado saqueado de Viña del Mar, el 22 de octubre de 2019. La sentencia se dictó en un procedimiento simplificado en que Fuica aceptó la formulación de cargos de la fiscalía.

Víctima no acreditada. Su supuesta condición de víctima se remontaba a un parte policial que lo incluyó entre 15 personas presuntamente heridas a raíz de los perdigones disparados por funcionarios de Carabineros en los alrededores de la plaza Sucre de Viña del Mar, el mismo 22 de octubre de 2019.

• Sin embargo, tanto la acusación de la fiscalía en esa causa, como la sentencia en contra de 2 carabineros por disparos injustificados, quedó fuera de las víctimas acreditadas del caso.
• Una ampliación de una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos en otra causa, fechada el 24 de septiembre de 2021 —7 meses después de su sentencia—, insistió en su condición de víctima de esos hechos, basada en su testimonio. Fuica les dijo haber estado cuidando autos y haberse acercado a la calle del supermercado, cuando recibió tiros de perdigones y luego fue aprehendido. El texto omitió que estaba condenado.

Quiénes hicieron la recomendación. Los 10 miembros de la comisión que integraban la comisión presidencial eran todos funcionarios de gobierno: 6 del Ministerio de Interior y 4 de otras carteras. Dadas las omisiones de las actas, es incierto qué aportó cada uno al análisis de los casos. El perfil de al menos la mitad de ellos en esa época sí evidenció su distancia de materias penales que pudieran haber alertado de banderas rojas de los nombres examinados. A continuación, el detalle.

1. Daniel Jana Torres. En 2008 fue electo concejal PS por Cañete y durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se desempeñó como director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). En abril de este año fue nombrado nuevamente en ese cargo, en el Biobío. Asistió a ambas sesiones como representante del Ministerio del Interior cuando ejercía como jefe del departamento de Acción Social.
2. Javiera Pizarro Conte: cientista política con experiencia en fundaciones como Ciudadanía Inteligente y Democracia y Desarrollo. Ex jefa de gabinete de Irina Karamanos, fue registrada en la sesión en que se otorgó el beneficio a Andrés Fuica como representante de Presidencia y en la segunda, donde aumentaron el monto, como “Gabinete Primera Dama”.
3. María del Pilar Cruz Novoa: economista, ex asesora del ministro de Hacienda Mario Marcel desde sus tiempos de director del Banco Central. Actualmente es integrante del Registro de Expertos del Comité Consultivo del PIB Tendencial, consignó el sitio del Ministerio de Hacienda.
4. Marion Pacheco Salas: trabajadora social y dirigente sindical. Asistió como representante del Ministerio Secretaría General de la Presidencia a ambas sesiones.
5. Pedro Contador Abraham: Jefe de la División de Asesoría Legislativa y Seguridad Laboral de la Subsecretaría de Previsión Social a mayo de 2023, participó de las 2 reuniones como representante del Ministerio del Trabajo.
6. Catalina Jofré Reyes. Magister en Trabajo Social y coordinadora de pensiones de gracia. Estuvo en las 2 sesiones en representación de Interior.
7. Lesly Covarrubias Figueroa. Asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior, a junio de este año. Participó de la primera de las 2 sesiones en que se aprobó el beneficio como representante del Ministerio del Interior.
8. Carlos Pozo Olivares. Licenciado en ciencias políticas y asesor de gabinete de la subsecretaría del Interior. Era uno de los representantes del Ministerio del Interior.
9. Alejandro Agüin Arriagada. Ingeniero informático, jefe de Gabinete (s) del Subsecretario del Interior, a enero de este año. Representó a la cartera en la primera sesión donde se votó el beneficio.
10. Francisca Orellana Espinoza. Trabajadora social, miembro del departamento de Acción Social desde el gobierno pasado. Estuvo presente a nombre de Interior.

Panorama general. La pensión de gracia a Andrés Fuica es una de las 418 entregadas en los últimos años: 148 durante la administración del expresidente Sebastián Piñera —que incluyó a Gustavo Gatica Villarroel, quien quedó ciego por un tiro policial— y 270 en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que incorporó a Juan Francisco Villalobos Prado, quien recibió el beneficio estando prófugo por estafa.

• Según detalló en septiembre el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, del total de beneficiados, 40 tenían antecedentes penales: 23 favorecidos durante este gobierno y 17 en el pasado.
• Tras la publicación por Ex-Ante de los $5.698.168 recibidos en 2023 por el pensionado prófugo, la ministra Tohá dijo el miércoles 20 en la Comisión de Seguridad de la Cámara que “el Ejecutivo está estudiando dos tipos de medidas”.
• La primera sería incorporar la revisión de los antecedentes penales en el análisis de los postulantes. La segunda, el estudio del envío de un proyecto de ley para retrotraer la entrega de la pensión cuando los beneficiados “cometen un delito o bien rehúyen el accionar de la Justicia”. Tohá hizo este anuncio, sin comprometer fechas.

Lea el acta donde se aumentó la pensión de gracia al condenado del 18-O: