En Chile los candidatos independientes siempre han podido postular a elecciones de todo nivel, la distinción es que, en elecciones con sistema proporcional, las candidaturas independientes no pueden agregan votación con otros candidatos. Esto es de toda lógica, puesto que los independientes no encarnan un proyecto ideológico colectivo, de lo contrario ¿qué los distinguiría de los partidos políticos? ¿cuáles serían los incentivos para conformar partidos? Toda la evidencia politológica acumulada da cuenta de la irrefutable realidad de que la democracia sin partidos políticos no funciona.
Los partidos políticos, en nuestro país son entidades con personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten principios ideológicos, una visión del hombre y la sociedad y una mirada en torno al bien común. Éstos cumplen funciones -algunos mejor, otros peor- de agregación de preferencias, rinden cuenta ante sus electores, están sujetos a normas de transparencia y forman cuadros para la dirección de Gobierno; un estándar bastante disímil al de una candidatura y/o movimiento independiente.
En Chile, a raíz de las elecciones de convencionales constituyentes de 2021, se permitió de manera excepcional que los candidatos independientes pudieran agregar votación para así constituir listas de candidaturas. Esto se tradujo en: un aumento de la fragmentación del órgano constitucional, en el mal uso de la etiqueta “independiente” para travestir posiciones políticas o de militancia no develadas y en una notoria afectación a los patrones de gobernabilidad dentro del órgano constitucional.
Para poner la temática de los independientes en un contexto de política comparada, dentro de los países de la OCDE únicamente Chipre permite a candidatos independientes agruparse en modalidad de lista en elecciones de representación proporcional para el parlamento. Inclusive, son muchos más los casos de países que han llegado a prohibir la presencia de candidatos independientes en elecciones parlamentarias nacionales plurinominales, véase el caso de España, Suecia, Portugal y Bélgica, por citar algunos.
En nuestro país nos hemos mal acostumbrado a improvisar, a tomar decisiones sin mirar la evidencia o experiencia comparada y a satisfacer una peligrosa pulsión de “alquimia institucional” por parte de nuestros tomadores de decisiones. Sin ir más lejos, el mejor ejemplo ha sido la propuesta de régimen político presidencial con bicameralismo asimétrico que estuvo presente en la propuesta de nueva constitución, recientemente rechazada por el 62% de los chilenos. Una fórmula que no existía en ningún país del mundo.
Tras el triunfo de la opción Rechazo, ha llegado el momento de dejar atrás la experimentación y abocarnos de lleno a elaborar un buen diseño institucional que permita, dotarnos de una institucionalidad de estándar internacional, participativa, eficaz y con capacidad efectiva de procesar disensos políticos, pero también ofrecer gobernabilidad a nivel constitucional. Más que hacer las cosas pronto, conviene hacer las cosas bien.
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