Convención: Por qué la izquierda y la derecha no aprobaron el cambio a las normas sobre propiedad privada

Este jueves el pleno de la Convención aprobó en general 14 artículos de los 50 propuestos en el informe de la comisión de Derechos Fundamentales. Los cuatro acápites referidos a la propiedad privada fueron rechazados, uno de ellos relativo a la expropiación y otros dos sobre propiedad indígena. Sí se aprobó por 2/3 una norma que viabilizaría el aborto libre.

Expropiación. El acápite sobre expropiación fue, de los referentes a la propiedad privada, el que causó más debate en el hemiciclo. Alcanzó 19 votos a favor, quedando con 129 en contra y 5 abstenciones. Planteaba que la ley determinaría el “justo monto del pago”, junto a la “forma y oportunidad”, en una expropiación, que la recompensa tendría que darse previo a la toma de posesión del bien expropiado, y que el propietario podría reclamar la legalidad del acto y del monto ante tribunales.

• A favor votaron Fernando Atria y Jaime Bassa del Frente Amplio -el resto del FA votó en contra-, el Colectivo del Apruebo e Independientes por una Nueva Constitución. En contra, además de la centroderecha, el Partido Comunista, el Colectivo Socialista, Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales Constituyentes.
• Desde la derecha se planteó que dejar a manos de la legislación el monto del pago, su forma y oportunidad significaba un peligro.

• Alfredo Moreno (Ind. UDI), por ejemplo, aseguró que en caso de aprobarse el acápite la expropiación no se pagaría “en valor de mercado sino en el valor que decidan los políticos de turno”, y que podría cancelarse en forma de bono y en la cantidad de cuotas que el Congreso estimara conveniente.

Las izquierdas que votaron con la derecha. Desde el FA, el PC y el Colectivo Socialista votaron en contra de esta norma, pese a estar de acuerdo con su fondo. Buscaban que se devolviera a la comisión para afinar detalles de forma. Pero hubo sectores de la centroizquierda que, al igual que la derecha, estuvieron en desacuerdo con el artículo sobre las expropiaciones. Sus motivos fueron otros.

• A diferencia de la centroderecha, que busca hacer más explícito el pago al momento de expropiar, Bastián Labbé, de Movimientos Sociales Constituyentes, aseguró que estaría por eliminar la referencia al pago previo para mantenerlo, a su juicio, de acuerdo a estándares internacionales.
•  “Creemos que se puede mejorar la redacción. Especialmente en el apartado sobre expropiación para poder eliminar, por ejemplo, la referencia al pago previo y mantenerlo en el estándar internacional como pago oportuno. Asimismo, creemos necesario contemplar la nacionalización para contemplar aquellos sectores estratégicos que han sido privatizados los últimos 50 años. Esta norma no permite los cambios en ese sentido. Debemos parar el saqueo de transnacionales disfrazado de progreso e inversión que permiten que año a año millones de dólares se vayan del país. Y debemos de la misma forma devolver a los sectores del pueblo estos sectores tan estratégicos para todos”, aseguró.
• Una posición similar tuvieron otros movimientos de izquierda, como la Coordinadora Plurinacional.

Las otras normas sobre derecho a propiedad que no pasaron los 2/3:

1. Propiedad. Fue el primer artículo acerca de propiedad privada que se rechazó con 42 votos a favor, 98 votos en contra y 11 abstenciones. Planteaba que la Constitución asegure a todas las personas naturales y jurídicas el derecho a la propiedad sobre toda clase de bienes exceptuando los que “la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y aquellos que la Constitución o la ley declare inapropiables”.

• Dejaba a manos de la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, lo que dependía de “la función social y ecológica de la propiedad comprende los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, la conservación del medio ambiente, los derechos de la naturaleza, y el mejoramiento de las condiciones de vida del común de los habitantes”.

2. Derecho de propiedad de los pueblos indígenas. Proponía que las pueblos indígenas pudieran tener derecho a la “propiedad colectiva” de los territorios, bienes comunes y espacios sagrados que han ocupado tradicionalmente. Planteaba que el Estado debía “adoptar todas las medidas administrativas y legislativas o de otra naturaleza que sean necesarias para el reconocimiento, demarcación, registro o titulación y restitución de las tierras”.

3. Despojo y restitución territorial de los pueblos indígenas. Postulaba que los pueblos originarios tienen derecho a la restitución de territorios que se encuentren “en manos de terceros, particulares, o el fisco” y que es deber del Estado generar los “mecanismos necesarios” para su restitución “incluyendo la expropiación”. Y en casos en que no fuera posible, se debería “reparar íntegramente”.

¿Por qué toda la izquierda rechazó los artículos? De acuerdo a lo explicado por los coordinadores de la comisión de Derechos Fundamentales, Janis Meneses (Movimientos Sociales Constituyentes) y César Valenzuela (Colectivo Socialista), pidieron al pleno que rechazaran aquellas normas que a su juicio necesitaban una revisión. Se trata, según Meneses, de “que pudieran rechazarse en general, y así tener un espacio y un tiempo de mejora y se puedan afinar aquellos elementos que lo necesitan”.

• “Sabemos que muchas de las normas que fueron presentadas hoy en el Pleno necesitan mejora. Aspectos gramaticales, de redacción, que la rigidez del reglamento muchas veces no permite poder efectuarlos una vez que ya se han realizado las votaciones en particular (en la comisión)”, dijo Valenzuela. “Hemos llegado a la conclusión de que el rechazo de una norma en general permite a la comisión muchísima más flexibilidad y plazo, a objeto de poder programar esas mejoras a la comisión, pero al mismo tiempo continuar con la tarea”, añadió.
• Tienen un plazo de 15 días para redactar y votar en la comisión un informe de reemplazo.

Las principales normas aprobadas:

1. Aborto libre. La norma establece que todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos y que estos comprenden el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Deja al Estado como garante de los derechos sexuales y reproductivos.
2. Educación sexual integral. Propone que todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, “que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, enfocada en el placer; la responsabilidad sexo-afectiva”, entre otras cosas. Señala al Estado como responsable de asegurar el ejercicio pleno de este derecho a través de una política única de Educación Sexual Integral, “de carácter laico, desde la primera infancia”.