El próximo presidente de la República surgirá de la competencia entre José Antonio Kast, 55 años, abogado, representante del Frente Socialcristiano, y Gabriel Boric, 35 años, egresado de Derecho, representante del Frente Amplio y el PC. De este modo, quedaron fuera de la definición las coaliciones de centroizquierda y de centroderecha que protagonizaron las 7 elecciones presidenciales efectuadas desde 1989, y cuyos acuerdos fueron determinantes para la paz y el progreso del país.
¿Quiere decir que ahora se plantea una disputa entre la izquierda dura y la derecha dura? Tal descripción no es exacta. Las mareas electorales están determinadas por muchos factores, y cada vez son menos significativos los alineamientos tradicionales. Los ciudadanos hacen opciones en función de lo que les interesa preservar o conseguir, pero también de lo que quieren evitar. Quizás, quienes dijeron que el pueblo había despertado en octubre de 2019, concluyan ahora que ese mismo pueblo volvió a dormirse. Se trata de patrañas con aires épicos. Lo que parece claro es que, en ciertos momentos, la conjunción de ciertas tendencias disociadoras produce estados de extravío colectivo que pueden causar enormes daños. Eso fue lo que ocurrió hace dos años, cuando mucha gente aceptó la violencia como método político en democracia. Fue entonces que los partidos de la antigua centroizquierda actuaron según la desquiciada premisa de que, contra Piñera, todo estaba permitido. Es impresionante cuántas deslealtades resistió nuestra democracia en este período.
La mayoría del país no se identifica con posiciones extremas. Por el contrario. Ha ido quedando atrás la sugestión de que la revuelta abría el camino hacia una sociedad más justa. Hoy es más nítido el rechazo a la violencia, y también el deseo de que terminen el desorden y la inestabilidad. El anhelo más profundo es que el Estado proteja eficazmente a la comunidad frente a la delincuencia y el extremismo.
La obligación de optar entre Kast y Boric pondrá a los ciudadanos ante la necesidad de establecer un orden de prioridades. Cada elector tendrá que sacar sus propias cuentas sobre aquellos valores a los que concede primacía, los cuales no tienen por qué coincidir con los intereses de los partidos. De este modo, es posible que muchas personas tiendan a marcar preferencia por el candidato que represente menos riesgos de descarrilamiento del país. En ello influirá, por supuesto, la percepción de las características personales de los candidatos, en particular su honestidad y sensatez.
El país necesita un mandatario que gobierne para todos, y que actúe con templanza frente a las dificultades. Si sobreviene una crisis, será vital que mantenga la cabeza fría y no pierda de vista el interés nacional. Deberá sostener la legalidad democrática contra viento y marea, sobre todo si la corriente fundamentalista que domina la Convención Constitucional trata de intimidarnos con la idea de que no pisamos terreno firme y todo está sujeto a lo que decidan los convencionales. No es así. No es el Congreso el que debe someterse a lo que disponga la Convención: es exactamente al revés. El Congreso tiene el deber de supervigilar el marco legal de funcionamiento de la Convención, y actuar en consecuencia. No está en discusión que el nuevo presidente y los nuevos parlamentarios asumirán con plenos poderes.
La definición del 19 de diciembre indicará hacia dónde irá el país en los próximos años. En un contexto de exigentes retos, serán indispensables los acuerdos de ancha base. El nuevo mandatario tendrá que dialogar con todos los sectores para reforzar la estabilidad y la gobernabilidad. La mayoría no quiere experimentos dudosos, sino mejorar lo que tenemos, lo que requiere promover cambios bien pensados y resguardar lo mucho bueno que hemos construido. Ojalá venga una etapa en la que prevalezcan el entendimiento y la colaboración para que Chile progrese.
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