A 24 horas de la primera vuelta no tiene ningún sentido hacer predicciones, pero sí reflexionar serenamente sobre lo que nos jugamos cuando elijamos a quienes disputarán la segunda vuelta.
Estas elecciones presidenciales son totalmente distintas a todas las que se han celebrado a través de la historia de Chile. Forma parte de un proceso complejo que busca redefinir lo que entendemos por democracia, desarrollo, rol del Estado, libertad individual y sistema económico; y no se puede analizar sin tomar en cuenta que está íntima e indisolublemente vinculado con la Convención Constituyente.
Será la nueva Constitución (si es aprobada en el plebiscito de salida) y no los programas presidenciales la que definirá nuestro futuro, los márgenes de acción del gobierno y procurará zanjar muchos de los temas más duros y controvertidos.
La Convención no es neutra ideológicamente como ha quedado archi demostrado. Una mayoría de los convencionales son afines a la candidatura de Apruebo Dignidad y tienen un entendimiento estratégico con la extrema izquierda de la cual forman parte. Han adaptado el “timing” de su trabajo de modo que el texto se discuta y vote cuando se sepa quién es el nuevo presidente; y harán, en la medida de lo posible, un trabajo de “sastre” para que el articulado permita que la revolución a la que aspiran se haga realidad.
En proyecto del Apruebo Dignidad naturalmente no es mismo que el de la Unidad Popular, pero comparte su impronta revolucionaria y refundacional (hablo del proyecto del Apruebo Dignidad y no de Gabriel Boric porque él mismo ha reiterado hasta el cansancio que es vocero de un proyecto colectivo).
Sin pretender establecer paralelos hay una circunstancia que amerita traerla a colación: La Unidad Popular no funcionó porque su programa de cambios chocaba con la Constitución de 1925, que no permitía hacer muchas de las cosas que Allende quería hacer (de ahí nacieron los “resquicios legales”).
Pero Boric tendría “viento de cola” con una Constitución hecha a la medida de las ambiciones revolucionarias del Apruebo Dignidad, con sistema político nuevo y con una redistribución de las facultades de los poderes del estado, supresión de quorum mayoritarios, redefinición del derecho de propiedad, libertad de prensa, entre muchas otras cosas. Una oportunidad única e irrepetible que la izquierda dura no puede desaprovechar.
No se me escapa que lo anterior requiere que la nueva carta fundamental sea aprobada en un plebiscito. No hay duda de que el texto que cambiará drásticamente el modelo económico, social y político será muy controvertido, por lo que es altamente probable que su aprobación por la ciudadanía no será carrera corrida.
No se puede descartar que se transforme en la madre de todas las batallas, el punto cúlmine de proceso iniciado el 18 de octubre de 2019. En este contexto, el poder mediático del gobierno es poderosísimo y el púlpito del Presidente es el más grande del país y algo tendrá que decir. ¡Por eso no da lo mismo quien gobierne!
Los chilenos no deberíamos tener que elegir en la segunda vuelta entre la extrema derecha retrógrada y la extrema izquierda revolucionaria.
En esta competencia hay alternativas progresistas que están por los cambios, que apoyan la Convención Constituyente, que desean transformaciones profundas, pero en paz, con consensos y en democracia y que no comparten la arrogancia mesiánica ni el “frenesí” revolucionario, sectario y refundacional del Apruebo Dignidad, con el Partido Comunista como socio principal y cuyo compromiso con la democracia es puramente instrumental.
Una de esas alternativas es la de Nuevo Pacto Social, de la centro izquierda democrática integrada por los partidos históricos de la ex Concertación, liberales y ex frenteamplistas cuya candidata es la senadora democratacristiana Yasna Provoste.
Uno de los desafíos más importantes del próximo gobierno será dar gobernabilidad. Hablar de revolución y gobernabilidad es un oxímoron. Exigir el cumplimiento de un programa agregando que no se aceptará que solo sea “en la medida de lo posible”, como demanda el diputado Tellier, es incompatible con la gobernabilidad democrática, que por definición requiere compromisos y acuerdos.
Por el centro derecha está la candidatura de Sebastián Sichel. Según los sondeos tanto Provoste como Sichel pueden derrotar a la extrema izquierda y a la extrema derecha en segunda vuelta.
En consecuencia, recomiendo que en el secreto de la urna recordemos el aserto jurídico del derecho romano “Caveat Emptor”, que es el principio según el cual solo el comprador es responsable de chequear la calidad de los bienes y servicios antes de comprar.
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