Un propósito común exige partir de un diagnóstico compartido: no se construye nada sólido sobre una lectura equivocada del país. Si uno piensa que Chile es una calamidad, que está al borde del abismo, construye sobre arena. Esa idea es prima hermana del viejo eslogan «no eran treinta pesos, eran treinta años»: una consigna tan potente como profundamente errónea. Nadie edifica una buena proyección de futuro sobre la base de un error.
De un buen diagnóstico depende todo lo demás. La economía chilena no está en un estado terminal: es una economía estancada, pero no enferma, que ha demostrado fuerza y resiliencia durante décadas y que hoy no crece a la altura de su potencial, ya modesto: el crecimiento previsto para este año está por debajo del 2%, que llevamos años sin poder superar.
Para crecer hacen falta buenas leyes, buenas políticas, buenas regulaciones. Pero sobre todo eso hace falta algo más escaso y difícil de legislar: un propósito común, un objetivo transversal compartido por quienes gobiernan y por quienes se oponen, que subsista sin perjuicio de sus diferencias naturales. Para tenerlo, se requiere reconocer que hay asuntos de interés nacional por encima de ellas.
La relación entre propósito común y negociación suele entenderse al revés. Se resuelven las diferencias para encontrar algo en común: es la existencia de un propósito compartido lo que permite negociar entre fuerzas que piensan de manera distinta, incluso opuesta. Se negocia mal cuando no hay nada superior que proteger; se negocia bien cuando ambas partes saben que hay un objetivo que ninguna está dispuesta a sacrificar por una victoria de corto plazo. Ese fue el secreto de treinta años de pactos entre administraciones y oposiciones de distinto signo: no la ausencia de conflicto, sino una visión compartida de hacia dónde íbamos. Cuando ese horizonte desaparece de la mesa, la negociación se convierte en un cálculo de fuerzas, donde quien cede queda, ante los suyos, como el que se rindió.
Tuvimos ese propósito que nos movilizó durante treinta años: convertirnos en un país desarrollado. Ese camino, esa alameda, que estuvo presente en tres administraciones consecutivas, se fue diluyendo como proyecto hasta casi desaparecer. Hace tiempo que ni la centroizquierda ni la derecha lo sostienen. Durante la segunda presidencia de Sebastián Piñera el camino al desarrollo se perdió del todo; en la centroizquierda, el último en sostenerlo con convicción fue la primera presidencia de Michelle Bachelet, con el entonces ministro Andrés Velasco. Desde entonces hemos ido perdiendo nuestro norte, hemos olvidado el desarrollo y la modernidad como nuestra meta.
Las autoridades no son predicadoras del pesimismo, su discurso debe siempre alentar la esperanza. Insistir en que el país está enfermo y en que fue el adversario quien lo enfermó puede servir a los partidarios, pero no al país: a la gente no le importa quién enfermó a quién, le importa que alguien gobierne. Basar el éxito de un gobierno en el fracaso del anterior, es uno de los peores males que pueden aquejar a un país.
La gente común mide las políticas económicas según impactan su vida diaria y pone menos atención en los dimes y diretes de políticos y economistas. La inflación y el desempleo son su termómetro y, si sienten que nada cambia entre una y otra administración, el pesimismo se instala. La última encuesta CEP lo confirma: solo un 18% cree que Chile está progresando y el pesimismo sobre las expectativas a doce meses se duplicó respecto de la medición anterior, de 15% a 31%. La actual administración fue electa con la promesa de que las cosas mejorarían con relativa rapidez. Eso no ocurrió, porque nunca ocurre así. La primera lección de esa frustración es dejar de prometer cambios en veinticuatro horas y volver a la gradualidad, el método paciente que en otro tiempo nos hizo un país distinto en la región.
Hay, además, una dimensión política de este propósito. El país necesita acuerdos, pero estos solo los construyen partidos con fuerza propia y solo se sostienen cuando ambas partes creen en algo que va más allá del entendimiento mismo. Esa fuerza se debilita con cada foco de rebeldía populista que desafía la estructura de los partidos, únicos capaces de tejer consensos legislativos duraderos. Hoy por hoy la situación de la oposición es lamentable. Hay partidos que pactan por su cuenta y otros que se fracturan, sin lograr nada a cambio y perdiendo de vista el interés superior, que es sacar al país de su estancamiento. Así solo le abrimos paso al populismo.
Chile estuvo largamente a salvo del populismo porque privilegió el poder de los partidos por sobre el de los liderazgos personales, y porque el Parlamento fue, durante décadas, el lugar donde se procesaban las diferencias antes de que estas se convirtieran en fractura. Esa disciplina no era automática: se sostenía en partidos capaces de disciplinar a sus propias bases y de responder por los acuerdos que firmaban. Cuando esa capacidad se debilita —cuando un partido ya no puede garantizar que sus parlamentarios respalden lo pactado— el acuerdo pierde valor como moneda de cambio, y el terreno queda abierto para quien promete resultados sin pasar por esa mediación. Fuimos perdiendo esa disciplina, y hoy pagamos parte del costo.
La actual administración tiene, en esto, una prueba pendiente: sumar más voluntades. Su corazón es republicano, sector que llegó a la política desconfiando de los acuerdos como fórmula -recelo que, dicho sea de paso, también tuvo el Frente Amplio al comienzo de la administración anterior, y que en ambos casos fue cediendo terreno con el ejercicio del poder-. La Moneda de hoy no se reduce al origen republicano: en su gabinete conviven dirigentes de Chile Vamos que han hecho de la negociación el oficio de toda su vida y que hoy ocupan carteras clave, junto a los republicanos que han debido aprender, en el ejercicio de gobierno, lo que el diagnóstico inicial no contemplaba.
Porque un presidente al que nunca le gustaron los pactos cuando era solo un político tiene ahora la obligación de gobernar, y hacerlo en discordia perpetua no es viable para nadie. Y a la inversa: oponerse sistemáticamente a quien gobierna, sin aportar nada al progreso del país más allá de las propias promesas, tampoco sirve.
El desarrollo como objetivo del país no es una bandera de nadie en particular. Volver a creer en ese camino no es una consigna, sino un propósito de Estado. Sigue siendo ese propósito el impulso para que Chile vuelva a crecer.
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