Los “lesos” tuyos y los míos. Por Maximiliano Duarte

La tentación de “hacerse el leso” no es patrimonio exclusivo de ningún sector. Muchos en la oposición lo hicieron durante el proceso constitucional, y varios hoy vuelven a hacerlo en el debate sobre esta reforma, guardando silencio ante la simplificación de que sus beneficios solo alcanzarían a los más ricos e ignorando la evidencia sobre los efectos del crecimiento económico en el empleo y los salarios.

Hay un principio que buena parte de la oposición ha vuelto a reivindicar con especial fervor: la responsabilidad fiscal. La invocan en foros, columnas y entrevistas de radio con la convicción propia de quienes custodian un bien escaso y frágil. Una defensa admirable, que contrasta, sin embargo, con la selectividad con que muchas veces se practica.

El Plan de Reconstrucción Nacional ha desatado críticas en sectores de la oposición política y económica. Algunos economistas lo han calificado de altamente riesgoso para las finanzas públicas, argumentando que el Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza su proyección de deuda fiscal chilena al 2030 —de menos de un punto del PIB a seis— por una incapacidad del país para estimar correctamente sus ingresos. Andrea Repetto, académica de la Universidad Católica, incluso sostuvo que el gobierno “se está haciendo el leso” con el FMI al apostar a que el crecimiento económico compensará parte de la menor recaudación proyectada.

El argumento suena convincente. Hasta que uno recuerda que el deterioro se produjo durante la administración anterior, la misma que fijó para 2025 una meta de déficit estructural de 1,1% del PIB para terminar con un 3,6%, incumpliendo la regla fiscal que se autoimpuso durante tres años consecutivos. Así las cosas, resulta difícil ignorar que varios de quienes hoy alertan sobre los riesgos de la irresponsabilidad fiscal guardaron entonces un silencio bastante más complaciente.

Con todo, el antecedente más elocuente es otro. En julio de 2022, un equipo transversal de economistas estimó el costo fiscal de la propuesta constitucional que se sometería a plebiscito un par de meses después. Las cifras fueron contundentes: entre 8,9 y 14,2 puntos del PIB anuales en régimen durante al menos diez años.

El estudio fue firmado por economistas de distintas sensibilidades políticas —entre ellos Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda del segundo gobierno de Bachelet, y Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central durante el primer gobierno de Piñera—, lo que le dio un carácter genuinamente transversal. Era, precisamente, el tipo de análisis técnico riguroso que uno espera para evaluar proyectos con repercusiones económicas de largo plazo.

La diferencia es que entonces esas conclusiones no provocaron la misma alarma.

Y eso, además, sin considerar que el borrador constitucional contemplaba cambios radicales en materias especialmente sensibles para la seguridad jurídica, como el sistema de justicia, las reglas de expropiación y la restitución de tierras ancestrales sin contraprestación económica para sus actuales propietarios.

Una buena parte de los detractores del proyecto actual incluso celebró aquella propuesta y la apoyó públicamente. El contraste no requiere demasiada explicación: entre 9 y 14 puntos del PIB frente a un plan que, incluso bajo sus estimaciones más críticas, ni se acerca al costo más bajo de ese borrador constitucional. Y, sin embargo, la alarma parece hoy considerablemente mayor.

Y esa selectividad tampoco aparece solo en materia económica. Carolina Tohá, exministra del Interior del gobierno de Boric y una de las voces más activas de la campaña del Apruebo, calificó recientemente el plan de Kast como “un proyecto refundacional de verdad, que saca a Chile de los equilibrios con que estuvimos desde el retorno a la democracia”, advirtiendo además que “amarraría al país por 25 años”.

La descripción puede ser discutible. Pero lo que resulta difícil de creer es que provenga de quien defendió una propuesta constitucional que era refundacional sin matices y que habría redefinido estructuralmente al país de forma permanente.

Dicho esto, el Plan de Reconstrucción Nacional puede tener fallas y el debate sobre sus efectos fiscales es legítimo y necesario. El propio Consejo Fiscal Autónomo alertó recientemente sobre diversos riesgos fiscales del proyecto y estimó un impacto deficitario permanente de 0,43% del PIB en régimen. Ese es el tipo de análisis que el debate merece, y el Congreso es justamente el espacio donde la propuesta debe ser mejorada, con honestidad intelectual y reconociendo la necesidad de romper con la trayectoria económica de la última década.

Seamos justos. La tentación de “hacerse el leso” no es patrimonio exclusivo de ningún sector. Muchos en la oposición lo hicieron durante el proceso constitucional, y varios hoy vuelven a hacerlo en el debate sobre esta reforma, guardando silencio ante la simplificación de que sus beneficios solo alcanzarían a los más ricos e ignorando la evidencia sobre los efectos del crecimiento económico en el empleo y los salarios.

Ese tipo de simplificaciones también tiene un costo para la calidad del debate público y, con el tiempo, termina erosionando la confianza en el sistema político en su conjunto. Que algunos prefieran mirar para el lado en este punto también dice bastante.

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