El gobierno optó -a pesar de la solicitud de la oposición y de no pocos de los suyos- por poner todos los huevos en una sola canasta, enviando esta semana a la Cámara de Diputados una ley miscelánea bajo la denominación de Plan de Reconstrucción Nacional que, junto a medidas asociadas a la reconstrucción de las regiones devastadas por los incendios veraniegos, incluye buena parte de su programa de gobierno.
Es sin duda una apuesta riesgosa, pues de ser éste rechazado en la votación en general, no podrá reintentar la aprobación de ninguna de las decenas de medidas que contiene esta iniciativa legal sino después de transcurrido un año. La decisión de presentar un paquete de iniciativas variadas busca darle viabilidad legislativa a los cambios tributarios, que de haber sido presentados separadamente, corrían alto riesgo de ser rechazados en general, como ocurrió con la reforma tributaria presentada a inicios del gobierno del presidente Boric.
Lo que ha hecho el gobierno, en la práctica, es elevar el costo para los parlamentarios opositores de rechazar en general la iniciativa legal, pues significaría postergar la aplicación de medidas que concitan apoyo muy mayoritario y transversal en la opinión pública, como eliminar el IVA a la compra de viviendas por 12 meses, la exención de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores y el subsidio a la creación de empleo formal, entre otras.
El problema es que las condiciones del contexto cambiaron radicalmente a dos semanas de asumido el nuevo gobierno, principalmente por el alza inusitada de los combustibles, pero también por las señales de amateurismo en la comunicación gubernamental y el reclutamiento de sus autoridades regionales, perdiendo rápidamente el apoyo mayoritario con que el presidente Kast inició su mandato. Es muy distinto el comportamiento de los distintos grupos opositores cuando un gobierno tiene mayoría social que cuando la desaprobación a su gestión es mayor que el apoyo.
Aunque en principio su mayoría es más clara y consistente en el Senado, al contener cambios tributarios, la iniciativa legal está obligada constitucionalmente a iniciar su trámite en la Cámara de Diputados, donde los partidos oficialistas suman 68 votos, llegando a 76 si, como es previsible, agregan a la bancada nacional-libertaria, a sólo dos votos de la mayoría absoluta requerida.
Los ministros Alvarado y García Ruminot exploran el camino de negociación con las bancadas de la DC, el PPD y el PDG, y en paralelo la ruta del pirquineo para conseguir los dos votos que le faltan para aprobar. Candidatos para jugar ese rol no escasean, en el PDG, en las regiones que requieren recursos para la reconstrucción y en varios diputados independientes asociados a bancadas de centroizquierda.
En el debate previo a la votación en general del proyecto, el gobierno tiene a su favor el sentido común, el que expresó tan claramente Jeannette Jara señalando que “votaría a favor de la idea de legislar porque creo (…) que uno no puede negarse a debatir”. Consagrarse como una oposición ciega y cerrada al debate legislativo desde el inicio de la legislatura sería muy negativo para el futuro y, en particular para la centroizquierda, que aparecería subordinándose de nuevo al maximalismo comunista y frenteamplista, en lugar de proyectarse como alternativa de diálogo, proposición y acuerdos.
Ciertamente, el nuevo contexto generado por el alza brusca y sustantiva de los combustibles contribuyó a establecer un clima favorable al discurso de recuperación económica, pues el crecimiento de la economía y el empleo alcanzaron niveles equivalentes a la demanda de seguridad en las prioridades ciudadanas. Pero a la dificultad inicial de explicar que en un cuadro de escasez de recursos fiscales y déficit público la respuesta sea disminuir la recaudación bajando impuestos a las empresas, aumenta la receptividad del discurso opositor que imputa al gobierno hacer pagar el costo de la crisis a la clase media mientras beneficia a los empresarios.
El ministro Jackson contribuyó a que el gobierno de Boric apostara todo su futuro a la aprobación de la nueva constitución. Guardando las proporciones, porque esta ley miscelánea no tiene el carácter de refundación de la república, puede decirse que el gobierno y el presidente Kast han hecho algo semejante, por la decisión de incluir todo en un solo proyecto de ley y por la relevancia que le han asignado a su aprobación.
Es esta oportunidad de propinarle al gobierno una derrota flagrante al inicio de su mandato la que ha estimulado el apetito de las oposiciones, enardecidas por la dificultad inicial del nuevo gobierno de marcar contraste con el precedente en materia de impecabilidad en la gestión. El punto es que cuando esos objetivos espurios se imponen con demasiada evidencia al interés nacional y de las personas, los triunfos devienen pírricos al deteriorar identidad y prestigio de los vencedores.
Mi pronóstico, en todo caso, es que en el estado actual de fragmentación, el gobierno conseguirá los votos que le faltan para aprobar en general su plan de reconstrucción, y que posteriormente en su paso por ambas cámaras experimentará modificaciones relevantes, que seguramente obligarán al gobierno a moverse desde algunas de sus convicciones y objetivos.
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