Después de más de 10 días de debate nacional sobre un proyecto de cable interoceánico que no fue, nuestro país sigue dando vueltas en círculos. No es poco que a raíz de esto nos mostremos profundamente divididos y desconcertados. Algo que los enemigos de Chile celebrarán.
Ver hoy a dos presidentes (uno en ejercicio, y el otro electo) peleándose frente al país, poniendo desacuerdos narrativos por encima del interés nacional (culminar el traspaso del mando) es ciertamente preocupante. Pero no debe hacernos perder de vista algo todavía más importante.
En la historia de este cable hay un acto fallido del Estado chileno. Todo indica que hubo presiónde un Estado extranjero para gestar este proyecto de forma rápida (la presión china, directa o indirecta, respecto a sus inversiones, se produce a distintos niveles y por distintas vías). Y también existió presión de otro Estado extranjero para cancelarlo rápidamente (EE.UU. y su amenaza de sanciones, en aplicación de la nueva política estadounidense de exclusión de otras potencias de la región, que Trump considera oficialmente como “su hemisferio” o patio trasero).
El Cablegate, entonces, no resulta novedoso. Las potencias compiten fuertemente; los países medianos somos el jamón del sandwich. Y aquellos que como Chile no cuentan con una estructura de pensamiento geopolítico que nutra decisiones de Estado, en base a intereses permanentes, estamos desprevenidos. Tropezaremos, una y otra vez, con las mismas piedras.
Ejemplos hay varios. Uno fue la anulación de la adjudicación de licitación (2021) para fabricación de pasaportes y cédulas chilenas a una empresa china, decidida tras presión estadounidense de quitar el beneficio de exención de visa (waiver), alegando problemas de seguridad en el manejo de datos. La similitud con el “Cablegate” es evidente, salvo que entonces EE.UU. no aplicó sanciones para funcionarios del gobierno de Piñera II y sus familias.
Otro ejemplo de presión tuvo lugar por parte de China el año pasado, cuando la empresa Tianqi intentó por todas las vías posibles bloquear el acuerdo para la explotación del litio concluido por SQM y Codelco. Desde su incorporación a SQM en 2018, Tianqi contó con el fuerte respaldo del gobierno chino: así, China advirtió a Chile que bloquear su ingreso a SQM dañaría la relación bilateral con Chile. Via Tianqi, China ha controlado hasta hoy casi la mitad de la producción mundial de litio.
También tenemos episodios en el área de la astronomía, que erróneamente los chilenos solemos equiparar a filantropía, ignorando su dimensión geopolítica. Todas las potencias se pelean por nuestros cielos oscuros, concentrando en Chile su inversión en el área, sin que Chile tenga ningún marco para lidiar con esa presión.
Un primer caso corresponde a la cancelación del proyecto TOM de la Academia China de Ciencias en conjunto con Universidad Católica del Norte, en cerro Ventarrones. Es verdad que había un problema de marco legal para el proyecto, pero el trasfondo fue político, pues la Embajadora del gobierno de Biden hizo ver que podría ser usado para espionaje satelital. China calificó la gestión como interferencia estadounidense, e intentó batallar por la sobrevivencia del proyecto.
Otro caso involucra a la organización astronómica de países europeos ESO. Como se sabe, en enero pasado un proyecto de hidrógeno verde que se proyectaba a 11 y 20 kilómetros del observatorio Paranal fue cancelado debido –entre otros factores– a la presión de ESO, que amenazó con abandonar Chile si el proyecto se concretaba.
La presión incluyó lobby parlamentario para el ingreso de un proyecto de ley ad-hoc, actualmente en primer trámite constitucional, que se propone conceder a ESO una zona de tamaño mayor al de la Región Metropolitana (75 kms. a la redonda de sus observatorios), donde se prohibiría toda actividad productiva, de cualquier tipo o envergadura. Ningún país del mundo ha concedido jamás a un observatorio extranjero un área tan enorme en su extensión geográfica y alcance económico. Si esta iniciativa sin precedente sigue su curso, seguramente gatillará el reclamo del sector privado chileno. Y los otros observatorios extranjeros que operan en Chile, con legítima expectativa de no ser discriminados, podrían esperar que Chile les conceda áreas de igual amplitud.
Volviendo a la relación con EE.UU., dos ángulos que representan formas adicionales de presión han pasado mayormente desapercibidos. Uno es la amenaza adicional de sanciones a Chile por una supuesta “consolidación china” en Atacama, la cual se contiene en un informe del Comité sobre China del Congreso estadounidense.
Ese informe fue reproducido esta semana por medios chilenos sin que nadie verificara que es infundado, pues se basa en la existencia de ya cancelado proyecto astronómico chino TOM, y de una instancia creada con la Universidad Técnica Federico Santa María para el análisis de datos del observatorio ALMA, los mismos que ésta última institución (en la que participa EE.UU.), de forma bastante poco siniestra, hace públicos para que cualquier persona del mundo los pueda interpretar.
La otra arista es la alegación de espionaje a prominentes empresas chilenas por parte de un actor “maligno” (como lo calificó el Embajador de Trump) que roba datos. Tal acusación se encuentra actualmente siendo investigada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
La pregunta de fondo es si, en medio de la competencia entre potencias, vamos a seguir siendo reactivos y vulnerables a presiones que se intensifican, en la medida que nuestros activos (litio, cobre, cielo, territorio antártico e insular, un canal interoceánico clave) son crecientemente codiciados.
Las potencias persiguen sus intereses. ¿cuáles son los nuestros? La política de Chile debe servir a los intereses permanentes de Chile: no a intereses ajenos. Si nuestras políticas de telecomunicaciones,energéticas, científica, y de relaciones exteriores chocan y ocasionalmente dan tumbos, es porque más allá de discursos patrioteros, y antes de proponer cualquier filtro a las inversiones, no contamos siquiera con una arquitectura de Estado que fije nuestros intereses permanentes y evalúe cómo velar de forma coherente por nuestra seguridad. ¿O acaso queremos aceptar que otros países nos dicten cómo cuidarnos, so pena de que esos mismos países nos “castiguen”?
Los dimes y directes entre Boric y Kast no son sólo poco edificantes sino síntomas de un déficit persistente de pensamiento geopolítico a nivel de Estado, que nos debilita en el concierto internacional. Defender la soberanía en serio implica privilegiar hechos por sobre discursos, y subsanar, de una vez por todas, esta carencia.
Porque Chile merece algo mejor que seguir siendo sólo el jamón del sándwich.
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