El Presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda Nicolás Grau, la vocera Camila Vallejo, la directora de Presupuestos Javiera Martínez y una larga lista de autoridades coronaron su paso por el sector público con suculentos bonos, reflejados en un significativo aumento de sus remuneraciones por concepto de cumplimiento de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG).
Un premio llamativo. Porque cuesta encontrar un ámbito en el que esta administración haya alcanzado resultados sobresalientes. El crecimiento económico de este período presidencial será el segundo peor desde el retorno a la democracia, sólo superado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Aumentaron las listas de espera en salud, disminuyó el empleo formal, se incrementaron los delitos de mayor connotación social, creció la inmigración irregular y también empeoró el índice de percepción de corrupción medido por Transparencia Internacional, por mencionar algunos de los ámbitos más sensibles para la ciudadanía.
Desde el Gobierno han señalado que no hay nada nuevo bajo el sol, pues estos bonos se han entregado siempre. Y es cierto. Pero la explicación, en clave de empate moral, desnuda la falta de voluntad de esta generación para hacerse cargo del problema de fondo, o bien, su talento para esquivarlo.
El primer nivel del problema es de consistencia discursiva. La generación de Boric, Jackson y Crispi entronizó la austeridad como principio rector de su acción política. Sin embargo, con su meteórico ascenso al poder, si hubo dificultades para “habitar” los cargos en el plano institucional, tales complejidades no existieron al momento de gozar de los privilegios económicos de sus nuevas investiduras.
Quizás el ejemplo más ilustrativo sea la negativa del Presidente Boric a revisar la continuidad de la dieta para los ex presidentes de la República. El mandatario culminará su período con 40 años, asegurándose además, de por vida, un sueldo que bordea los 7,5 millones de pesos mensuales, sin considerar asignaciones por oficina, traslación y otras actividades propias del cargo, lo que en total alcanza cerca de 18 millones mensuales. Ese beneficio puede resultar razonable para quienes concluyen su mandato presidencial en edad de jubilación o cercana a ella, pero es totalmente incomprensible para alguien que proyecta, al menos, 35 años más de vida laboral.
Pero las señales de este doble estándar en materia de austeridad aparecieron desde temprano. Una de las primeras mociones parlamentarias impulsadas por Boric y Jackson fue la reducción de la dieta parlamentaria. Sin embargo, al no prosperar la iniciativa, uno de los diputados presentó como “donación” la reducción voluntaria de su dieta. El problema es que esa donación iba al propio partido, el mismo que financió su campaña y la de sus correligionarios. El episodio terminó siendo conocido como el de las “autodonaciones”.
Pero hay un segundo nivel del problema, más estructural: la falta de voluntad para modificar las nocivas inercias de la administración pública.
Desde la década de los noventa, los Programas de Mejoramiento de la Gestión fueron concebidos como una herramienta para introducir incentivos de eficiencia en los servicios públicos, vinculando parte de las remuneraciones al cumplimiento de metas previamente definidas.
En la práctica, sin embargo, el sistema se ha desvirtuado. La evidencia muestra que, año tras año, la gran mayoría de los funcionarios obtiene calificaciones sobresalientes. Así, el instrumento termina vaciado de contenido y convertido en un suplemento salarial permanente.
El problema, entonces, es doble. Se diluye la función meritocrática que debería distinguir y premiar el buen desempeño, y al mismo tiempo se priva al Estado de una herramienta clave para introducir mejoras reales en la gestión. Por ende, lejos de transformarse en un mecanismo real de evaluación y de rendición de cuentas interna, los PMG han consolidado una cultura de simulación: todos cumplen, pero pocos mejoran efectivamente.
Haber avanzado durante este gobierno hacia criterios de desempeño más exigentes, realistas y diferenciados habría permitido premiar la innovación, sancionar la inercia y fortalecer el capital humano del sector público para implementar mejores políticas públicas. Pero esa oportunidad, una vez más, se dejó pasar
Así las cosas, el problema no es el bono. El problema es haber normalizado política y administrativamente que los privilegios se perpetúen y el mal desempeño se premie.
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